Un pirómano en la Fiscalía General
▶El mandato de quien fue delegado de Medio Ambiente e Incendios Forestales en Galicia, mano derecha de Delgado, está marcado por la polémica
a segunda negativa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a aportar al Senado un informe del Consejo Fiscal sobre la ley de amnistía supone sólo una afrenta más a la credibilidad de la institución, vapuleada ya desde hace tiempo por la gestión de quien, hasta su aterrizaje en Madrid, era delegado de Medioambiente, Urbanismo e Incendios Forestales en la Fiscalía de área de Santiago de Compostela. El próximo 30 de abril, el sustituto de Dolores Delgado, en su día fiscal del Prestige, podría recibir la estocada a su polémico mandato. Tras haber tumbado el Supremo el ascenso de su exjefa –a quien puso al frente de la Fiscalía Militar– por «desviación de poder»–, la Sala Tercera de este Tribunal debate ese día los recursos contra su segundo nombramiento, esta vez al frente de Memoria Democrática. En paralelo, su propia designación como fiscal general está también en la cuerda floja.
Las críticas a García Ortiz, premiado previamente por Delgado con un ascenso a primera categoría (la de jefe de la Secretaría Técnica), no sólo tienen que ver con los escándalos que han trascendido a los medios, que especialmente en los últimos meses son muchos. Incluyen también el desprecio a la carrera que le imputan seis de los nueve vocales electivos del Consejo Fiscal, los mismos que la semana pasada le reprochaban que hiciera caso omiso a sus peticiones sobre la necesidad de tramitar el informe de la amnistía solicitado por la Cámara Alta.
En la carrera resaltan el perfil «sectario» de García Ortiz, nada nuevo respecto a Delgado, pero con una diferencia: «Por lo menos a Lola se la veía venir. Álvaro, sin embargo, puede engañar a quien no le conoce y, por tanto, no sabe que bajo esa apariencia de simpatía, afabilidad y mano tendida, se esconde una persona ambiciosa, leal sólo con los suyos y sobre todo sumisa». Es a este lobo con piel de cordero, de quien se resalta, eso sí, su capacidad de trabajo, a quien el Gobierno de Sánchez confió en noviembre un segundo mandato.
No en vano su gestión es decisiva: este Ministerio Público tendrá que aplicar
Lla ley de amnistía en cuanto sea aprobada e informar de todos los procedimientos, tanto sobre los que están abiertos como sobre los que pesa condena firme. Ya lo hizo con diligencia extrema en la ley del ‘sólo sí es sí’, obligando a los fiscales a interpretar la norma con un criterio que no coincidía precisamente con el de los tribunales que revisaron las condenas.
Sólo el papel clave que jugará en los próximos meses este salmantino de 56 años, gallego de adopción –fue fiscal durante casi cuatro lustros en la comunidad de Núñez Feijóo–, permite entender que, pese a esa «desviación de poder» que le achacó el Supremo, Pedro Sánchez le haya vuelto a confiar la dirección de la Fiscalía.
Señales, desde luego, lanzó, cuando estando en funciones, en plena campaña de acusaciones de ‘lawfare’ tardó meses en apoyar a los fiscales del ‘procés’ mientras diligentemente, y con la ley aún en tramitación, reclamaba a la Fiscalía de Cataluña las causas susceptibles de beneficiarse de esta norma.
Apagado ese fuego enseguida se prendió la mecha del siguiente con la polémica del caso Tsunami, cuando, tras el repentino cambio de opinión del fiscal del caso –que pasó de ver terrorismo e indicios contra Puigdemont a no verlos en un fin de semana– y el aval prácticamente unánime de la junta de fiscales a la investigación por terrorismo, el asuntó acabó en manos de la número dos de García Ortiz. «Nos han hecho un 155», diría en una entrevista a ABC el fiscal Salvador Viada, quien vaticinó que la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, se opondría al criterio de los primeros espadas del Ministerio Público, como así sucedió. A pesar de la desautorización y rapapolvo del Supremo a Sánchez Conde, la dos de García Ortiz sigue con el caso «sin cumplir las garantías estatutarias», según se denuncia desde la mayoritaria APM.
Semanas después de este episodio, el incendio se propagaba a la Fiscalía de Madrid tras la difusión de una serie de correos electrónicos que comprometían el derecho de defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta
MUY PERSONAL de la Comunidad de Madrid. El asunto traducía en una denuncia del Colegio de la Abogacía y una querella del afectado contra el fiscal del caso y la responsable de la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez, una de las beneficiadas, por cierto, por la política de nombramientos de Delgado que ha continuado el fiscal general y que ha consistido en premiar con jefaturas a asociados de la UPF. Especialmente agraciados han sido los portavoces de esta asociación, que apenas representa a 200 de los más de 2.500 miembros con los que cuenta la carrera. Fue el caso del propio García Ortiz, al que hay que sumar a Eduardo Esteban, cuyo nombramiento como responsable de Menores fue anulado hasta en dos ocasiones por el Supremo, o a Teresa Peramato, actual fiscal de sala contra la
Violencia sobre la Mujer. A ella Delgado adscribió a la pareja de García Ortiz, Pilar Fernández, posibilitando con ello el reencuentro del matrimonio en Madrid y ahorrando a su entonces mano derecha unos cuantos viajes a Galicia, donde acudía puntualmente todos los fines de semana.
«Álvaro le debe todo a Lola», comentan en Fiscalía. Por eso se entiende la vehemencia con la que defendió el ascenso a primera categoría de Delgado apenas unos meses después de que ella dejara el cargo por motivos de salud, una vehemencia sólo equiparable a la que pone en desmontar las críticas a su persona o actuaciones.
En aquel Consejo Fiscal en el que promovió a Delgado, reconoció ante los vocales que él iba a «remediar» la injusta situación que suponía volver a ser una fiscal rasa tras haber dirigido durante un tiempo el Ministerio Público. Lo hizo con estas palabras: «En el momento de la toma de posesión, alguien me preguntó: ¿Cuándo vas a hacer fiscal...? En la primera oportunidad que tenga, sin ningún tipo de dudas. Y no me mueve, desde luego, el afecto ni la pasión ni las deudas que tengo, y muchas, con la anterior general del Estado, sino que me mueve un deber institucional (...)». Toda una declaración de intenciones de la arbitrariedad que le achacó el Supremo.