El caso del novio de Ayuso: ¿Otro choque de trenes?
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha abstenido en las consideraciones sobre la querella de Alberto González Amador contra la fiscal jefa de la Provincial de Madrid por revelación de secretos en relación al comunicado de prensa que difundió el Ministerio Público para contrarrestar informaciones sobre un pacto inexistente que habría de librar al empresario, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de un fraude a Hacienda.
En la institución explican sus razones en términos de imparcialidad y sentido común, ya que por el sistema de dación de cuentas que rige en la Fiscalía ha podido conocer el asunto y así, también el comunicado. Pero ese paso atrás no le va a librar del choque de trenes que se avecina en este caso.
La querella se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid pendiente de admisión y el primer paso es un informe de la Fiscalía Superior madrileña. La jefa que debería firmar las decisiones, Almudena Lastra, también se abstuvo porque fue su departamento el que envió aquella nota, y ella, según comentaban algunas fuentes en su día, discrepaba. Queda así al frente en esto su segundo, el teniente Fiscal de la Fiscalía Superior de Madrid, Carlos Ruíz de Alegría, quien hace no mucho protagonizó la actualidad al denunciar que la Fiscalía General del
Estado, con García Ortiz en la Secretaría Técnica, había maniobrado contra un fiscal del caso Villarejo, que perdió su plaza –el caso Stampa–.
No es él quien está trabajando en el asunto, sino una fiscal del equipo, pero será quien vise los pasos de la Fiscalía Superior de Madrid sobre la admisión de esta querella que es, dicen, «una olla a presión».
Los trabajos están avanzados y van en el sentido de instar que se realicen algunas averiguaciones previas a fijar posición. Según las fuentes consultadas, se trataría de practicar unas diligencias mínimas sobre el relato de hechos de la querella que proporcionen a los fiscales más elementos de juicio para emitir su informe sobre la admisión a trámite. No es frecuente este modo de operar, pero la alternativa es directamente informar a favor de que la querella se admita y un juez acuerde lo que considere. Lo que no se plantea de momento, de acuerdo a esas fuentes, es dar portazo a la querella sin más: le ven recorrido.
Esa decisión de la Fiscalía de Madrid está ahora sobre la mesa de la número dos de García Ortiz, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, para dación de cuentas. Es la misma fiscal que contravino el criterio mayoritario de sus compañeros, reunidos en Junta, sobre la imputación de Puigdemont por el terrorismo de Tsunami en el Supremo.
Su posición podría discrepar profundamente de la elevada por la Fiscalía de Madrid. De hecho, otro fiscal, en otro procedimiento colateral –el Colegio de la Abogacía denunció la presunta revelación de secretos– ha defendido a ultranza ya por escrito aquella nota de prensa y la ausencia absoluta de conducta delictiva alguna, como reveló El Español. En una institución en la que rige la unidad de criterio, se desconoce cuál va a ser el que se imponga. Pero sí parece claro que si la número dos de García Ortiz rechaza la posición de la Fiscalía Superior de Madrid e impone que el informe vaya en otro sentido, no será pacífico: es el choque de trenes que vaticinan los consultados.
Estas son las cartas que están sobre la mesa en el que es probablemente el peor momento de la Fiscalía española en términos de imagen y confianza. Ya no es el «te lo afina» o el «de quién depende», son también el «desvío de poder» en un nombramiento clave que puso por escrito el Supremo, los encontronazos por cuenta de la amnistía y las controversias en causas como la mencionada Tsunami o las relativas a ETA, que afectan a aliados del Gobierno.
En este ambiente, es fácil que cualquier paso que den los fiscales de Madrid sobre la querella del novio de Ayuso tenga su contralectura. Pedir un carpetazo precipitado se entendería como corporativismo –o servilismo–, igual que instar una admisión sin más se podría leer como un regalo para Ayuso. Lo que sería insostenible es que una orden contraviniera el criterio de quien lleva el asunto para inclinar la balanza en un sentido o en otro. Veremos.
La admisión está pendiente de informe de la Superior de Madrid, donde aprecian que puede tener recorrido
Con el voto de la tránsfuga del PSOE Maruja Sánchez, poco después de las elecciones, arrebata la vara del mando a los socialistas y se convierte en alcalde de la ciudad alicantina.
Su pacto con los regionalistas y la mayoría absoluta posterior lo mantuvieron durante siete años al frente de la Generalitat Valenciana en el inicio de una etapa gloriosa para el PP.
A los pocos meses de convertirse en ministro, asume la portavocía del Gobierno con la guerra de Irak o el 11M como grandes asuntos. Siguió en el Congreso hasta 2008.
Se le investiga por presuntamente tejer una red de colaboradores con la que desviar dinero procedente de comisiones ilegales al extranjero para blanquearlo y retornarlo a España.
Lo niega todo en su declaración. Comparte banquillo con otros catorce acusados de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental.