Garantía de democracia
N Oes en absoluto exagerado decir que, para España, las próximas elecciones europeas del 9 de junio son las más importantes de todas las que se han celebrado hasta ahora. Por razones nacionales, primero: vivimos una grave crisis política e institucional, y escuchar la voz de la ciudadanía es esencial. Y por razones europeas, después: la batalla por el Estado de derecho en la Unión, que ha estado en primera línea en la legislatura que acaba, va a seguir siendo vital, y España es uno de los países en los que se libra esa batalla.
Saber estar en el Parlamento y utilizar bien las herramientas que tenemos los eurodiputados es garantía de que nuestras democracias van a ser defendidas.
Vamos al grano: en el Comité de Asuntos Jurídicos se ha logrado el levantamiento de la inmunidad de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí para poder ser juzgados en España por sedición y malversación. Y no se pueden imaginar las presiones del entorno independentista y, lo que es peor, la connivencia del Gobierno de Sánchez con los exdirigentes fugados, eliminando, por ejemplo, el delito de sedición y abaratando la malversación. El trabajo del Comité ha sido respaldado por la inmensa mayoría del Parlamento y, finalmente, por el Tribunal General de la UE, que ratificó en sentencia la corrección del procedimiento y la actuación de la presidencia, cuestionada por la defensa de Puigdemont.
El Comité ha rechazado la adquisición fraudulenta del acta de diputado por parte de Puigdemont, Comín y Ponsatí, concedida en diciembre de 2019 a pesar de no haber cumplido con los requisitos que la ley española fija a tal efecto (acatamiento de la Constitución). La concesión de la plena condición de diputados podría haber sido revocada por la Justicia europea si el Gobierno de España hubiese recurrido la decisión. La decisión final está pendiente de sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), pues la sentencia del Tribunal General (TGUE) fue recurrida en apelación y no es firme.
En su calidad de responsable para las relaciones con la Justicia europea, el Comité ha mantenido sesiones de trabajo con el TJUE y el TGUE, en particular a través de las visitas de la presidencia del Comité a Luxemburgo. Ambas instituciones reforzaron su compromiso con este valor