Sánchez veta que el Senado debata una ley del PP para reducir el IVA

▶ Los populares habían propuesto rebajar al 5% el IVA de lácteos, carne, pescado y conservas

El Gobierno no quiere rebajar el precio de la carne, el pescado, las conservas o los productos lácteos fermentados. Lleva meses rechazando ese planteamiento en los distintos paquetes anticrisis que ha presentado como respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania. Y ahora ha decidido vetar esta propuesta que el PP había llevado al Senado.

El Gobierno ha enviado escrito de disconformidad a la Mesa del Senado con la proposición de ley del PP que modificaba el artículo 72 del Real Decreto−ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad. Una proposición en la que el PP se limitaba a añadir esos productos a la categoría de productos que tendrán ese tipo de IVA hasta el 31 de diciembre de 2024. Pero el veto del Gobierno da por concluida su tramitación «sin que proceda su toma en consideración, al haber manifestado motivadamente el Gobierno su disconformidad en plazo, en virtud de lo dispuesto en los artículos 134.6 de la Constitución y 151.1 del Reglamento del Senado».

El artículo 134.6 de la Constitución establece que «toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación». Y el articulo 151 del Reglamento del Senado añade que la «no conformidad deberá ser motivada». El PP entiende que la disconformidad que plantea el Gobierno «puede considerarse expresa, pero no es suficiente y entendemos que sería arbitraria», según expresa la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en el escrito dirigido a la Mesa solicitando que se reconsidere la posibilidad de debatir esta medida.

Fuentes del PP denuncian que «se trata de una decisión totalmente arbitraria e injustificada que viene a demostrar los tics autoritarios del Ejecutivo de Sánchez». El PP defiende que su proposición se puede llevar a cabo porque aunque Europa pide que el IVA superreducido se aplique de manera excepcional, «esa excepción no significa prohibición». Entienden que no se puede vetar por suponer un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios, ya que ahora «la recaudación tributaria está en récord histórico por el aumento de la inflación».

Precisamente justifica el PP en esos niveles de inflación la necesidad de adoptar una medida de estas características. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, lleva prácticamente un año insistiendo en esta propuesta. Su partido considera que la decisión del Gobierno de Sánchez

demuestra «la insensibilidad del Ejecutivo ante los problemas de los españoles, especialmente de los más vulnerables». Pide al Gobierno que «si no tiene soluciones o no puede impulsarlas porque sus socios se lo impiden, que deje legislar al Partido Popular».

«Falta de respeto»

El partido de Feijóo entiende que no se sostiene la afirmación que realiza el Gobierno de que la previsión presupuestaria de recaudación por IVA pueda sufrir algún desajuste a la baja, sino todo lo contrario, teniendo en cuenta que el ejercicio 2023 el más inflacionario, en especial en cuanto al crecimiento de los precios de los alimentos, cuya inflación media se situó en el 11,8% lo que supuso un crecimiento de dos décimas más que en el ejercicio 2022.

Pero más allá de la aprobación en sí misma, el PP considera que no permitir ni siquiera el debate de la iniciativa es reflejo de una «actitud autoritaria y poco democrática». Lo que supone una «falta de respeto» hacia el Poder Legislativo y la oposición.

El Gobierno aduce para vetar la medida que se traduciría en una menor recaudación estimada de 1.937 millones de euros. Pero el PP señala que eso se trata de un cálculo establecido para todo el año, y que de aprobarse la ley después del trámite legislativo en el Senado y el Congreso la reducción correspondería a la mitad del año.

El PP considera que no permitir el debate de la iniciativa es reflejo de una «actitud autoritaria y poco democrática»