El miedo de los exsecretarios de Estado
Las investigaciones judiciales y el ridículo federativo ponen en guardia al Consejo Superior de Deporte y a algunos de sus expresidentes
Es raro últimamente que pase una semana entera sin que la primera o segunda noticia del día sea un escándalo en el fútbol español. Las investigaciones de la Justicia y de los medios van revelando detalles desconocidos del último lustro; y en esa cascada de noticias hay menciones a la inacción del Gobierno frente al rubialismo y sus consecuencias. Existe temor ante la posibilidad de que las incautaciones de material desconocido salpiquen a los antecesores del secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez-Uribes, según ha podido saber ABC.
José Manuel Franco, hoy número uno del PSOE en el Senado, presidió el CSD entre marzo de 2021 y junio de 2023. Como es sabido, apostó por sostener a Rubiales para equilibrar el poder del presidente de LaLiga, Javier Tebas. Durante su mandato, el CSD archivó varias denuncias contra Rubiales, llegadas para su estudio y posible remisión al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Dos de ellas son particularmente significativas: la primera la interpusieron en 2021 Tebas, Miguel Galán y Javier Lozano por «pertenencia a organización criminal», precisamente uno de los delitos por los que investiga la juez ahora al expresidente. Fue archivada. La segunda, por «abuso de poder», fue presentada por la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino el mismo año. En un informe interno, la subdirectora general Lucía Muñoz-Repiso concluyó que debía elevarse al TAD, pero Franco encargó un segundo informe y el primero se neutralizó, al apreciar sólo una «mera discrepancia jurídica». Rubiales quedó así exonerado de nuevo.
La llegada de su sucesor, Víctor Francos, fue amplificada a los dos meses por el terremoto de Sídney. Al poco de aterrizar, destituyó de su cargo a Muñoz-Repiso. También firmó una resolución, muy polémica, en la que multiplicaba por cinco los costes de la liga femenina y obligaba a entregar el 20% de su presupuesto a la Federación. Francos apostó desde el principio por Pedro Rocha como vía pacificadora (y manejable, dada su inexperiencia en la primera fila). Durante meses, el extremeño tomó decisiones y marcó su calendario electoral con la venia del CSD, a espaldas del reglamento. Pero esta semana el TAD, según múltiples informaciones, podría abrirle expediente por haberse extralimitado en sus funciones. En plena onda expansiva del escándalo Rubiales, Francos anunció también una Orden Ministerial electoral para ventilar el clientelismo federativo, pero finalmente las reformas fueron de escaso calado (y además se eliminaron los avales múltiples, dificultándose la presentación de candidaturas nuevas, como ha experimentado Carlos Herrera).
La Orden fue preparada por Francos, pero la firmó nada más aterrizar en el cargo Uribes, que parece haber cambiado la política del organismo: el CSD no juzga; y si las denuncias cumplen los requisitos, se elevan al TAD para que éste decida. De hecho, Uribes ya perfila cambios en la famosa Orden, e incluso una nueva Ley del Deporte. En un año de Eurocopa y Juegos Olímpicos (donde debuta el fútbol femenino español), y con el Mundial 2030 a la vista, el Gobierno ha sentido la mordedura y no quieres más errores. De ahí su búsqueda de cobijo en la FIFA: el CSD dice no tener instrumentos legales para arreglar esto. La primera respuesta de la entidad con sede en Suiza fue negativa; vinieron a decir: ‘Habéis estado malcriando al niño, ¿y ahora nos llamáis para que lo eduquemos?’ Gianni Infantino (que no conoce a Rocha) y los directivos de la FIFA consideran que un país con tanto peso en el fútbol mundial, miembro destacado de la UE, no debería buscar una intervención externa; y están sorprendidos ante la ausencia de mecanismos útiles en una potencia deportiva. Se limitan, por el momento, a ofrecer todo su apoyo para evitar que la situación se pudra en un año tan significativo.
¿Dónde estuvo el Gobierno todo este tiempo? Es la pregunta que se hacen los directivos de la FIFA y también diversos candidatos, todavía agazapados, que quieren presidir una Federación nueva. ¿Hay responsabilidad ‘in vigilando’? Si se obviaron denuncias que ahora se han demostrado ciertas, ¿cómo justificar ahora una inacción tan costosa? Todas esas decisiones van a ser ahora revisadas bajo la lupa judicial, y queda mucho material por clasificarse en las cajas fuertes de la UCO. Hay abogados con la escopeta cargada en espera de indicios prevaricadores.
JOSÉ