Escrivá regula a los ‘influencers’: 300.000 euros de facturación y un millón de seguidores
▶ Estarán obligados a especificar para qué edad van dirigidos los contenidos
El ministro de Transición Digital, José Luis Escrivá, ha entrado de lleno en el mundo de los ‘influencers’ con un real decreto que define las características de esta figura, atendiendo a tres criterios: ingresos, actividad en la red y seguidores. Definida la figura, también se les imponen una serie de obligaciones.
El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto en el que se fija, por primera vez, un umbral que les definirá a nivel legal: cuando facturen al menos 300.000 euros anuales por su contenido en redes y tengan un millón de seguidores en una plataforma, o más de dos millones en distintas plataformas, y que hayan publicado o compartido 24 o más vídeos al año. El ministro estrecha así el cerco al sector, al menos en lo que respecta a la publicidad encubierta y a la protección de menores.
La aprobación de la norma llega tras varias consultas públicas y después de que se haya rebajado el umbral de facturación desde los 500.000 euros planteados inicialmente por el Ejecutivo. Una vez se publique el nuevo real decreto, entrará en vigor en un plazo de dos meses para que los usuarios que cumplan con estas nuevas características se inscriban en el
Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como ‘usuarios de especial relevancia’, un organismo que estará supervisado por la CNMC.
Multas de hasta 1,5 millones
A partir de ahora, los ‘influencers’ deberán etiquetar por edades el contenido que sea para menores y usar herramientas de identificación digital de edad si esos contenidos que muestran son inapropiados. También estarán obligados, en el apartado de publicidad, a etiquetar expresamente los mensajes y tendrán prohibido hacer promoción de tabaco, medicamentos y alcohol. Los ‘influencers’ que incumplan estas normas harán frente a multas que van desde los 10.000 euros hasta los 1,5 millones, dependiendo de la gravedad de la infracción y del nivel de facturación.
«Son cada vez más importantes los creadores de contenidos audiovisuales en las redes y, por lo tanto, se hace necesario homologarles en algunos aspectos con otros actores en este ámbito audiovisual», aseguró el ministro Escrivá. Insistió en que la nueva regulación da «mayor protección a los consumidores y más seguridad jurídica» a estos usuarios, que han alcanzado un «notable volumen económico» en las plataformas de intercambio de vídeos a través de las que difunden sus contenidos.
Cree el ministro de Transición Digital que los cambios legales aprobados establecen «un terreno de juego equitativo» con otros actores que ya estaban regulados en el ámbito de los contenidos audiovisuales.
Meta está en el punto de mira de los reguladores de la UE. La Comisión Europea anunció ayer el inicio de una investigación a Facebook e Instagram, redes propiedad de la tecnológica dirigida por Mark Zuckerberg, por su gestión de contenido político engañoso y de desinformación extranjera. Bruselas, además, señala que la empresa no cuenta con una herramienta de supervisión electoral de cara a los próximos comicios europeos de junio. Algo a lo que obliga la regulación de la UE.
«Sospechamos que la moderación de Meta es insuficiente, que carece de transparencia en los anuncios y en los procedimientos de moderación de contenidos», afirmó en un comunicado la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager. «Por eso hoy hemos abierto un procedimiento contra Meta para evaluar su cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales», zanjó.
La Comisión Europea «sospecha» que Meta no cumple las obligaciones de la Ley de Servicios Digitales, a las que está obligada por su enorme base de usuarios en la UE, de 250 millones, relacionadas con la lucha contra la difusión de desinformación. Ya sea a través de publicidad o de publicaciones realizadas por actores maliciosos para polarizar a los internautas.