Caso Palau
Otro informe de la Guardia Civil entregado al juez Pablo Llarena trata de demostrar que la manifestación convocada ante las puertas de la Consejería de Economía el 20 de septiembre por un registro policial fue violenta. Es la concentración por la que, a día de hoy, Jordi Sànchez (Asamblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) permanecen en prisión provisional.
El Instituto Armado considera que el objetivo de esta y otras concentraciones era el de «impedir por la fuerza las órdenes judiciales y las actuaciones de los agentes». Las protestas se organizaron con el beneplácito del Govern y tenían como última finalidad mostrar la supuesta persecución del Estado, con tal de legitimar la celebración de un referéndum como paso previo a la declaración unilateral de independencia. La Guardia Civil cree que los encausados eran conscientes de que después de movilizar a los votantes en los centros electorales «quedaban sin ningún tipo de control». Sabían que estaban incitando a la gente para intimidar a los agentes policiales, sostiene el informe entregado al juez.
En el mismo informe, el Instituto Armado también identifica a los promotores de los Comités de Defensa de la República (CDR) y vincula su acción de resistencia «activa» y «pacífica» a las entidades soberanistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, así como a Junts per Catalunya ( JpC), ERC y CUP.
«El objetivo de movilización social para la consecución de una República Catalana es común para ANC, Òmnium Cultural y los CDR, contando estos últimos con una mayor eficacia y repercusión en términos de llamamiento a la población para movilizarse y emprender su estrategia de resistencia y desobediencia civil», resalta el informe, que también apunta que estos organismos «orientaban el voto» a partidos independentistas en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.
Los investigadores acreditan esta conexión en base a publicaciones editadas por estos organismos y sus intervenciones en medios de comunicación, y también identifica a algunos de los impulsores de los CDR. El nombre que más aparece en este sentido es el de la portavoz del CDR de Sants, Helena Vázquez. Se encargó de acompañar a imputados de CDC a los juzgados para mostrarles el apoyo del partido Dijo ser «testigo personal de su honestidad en su actuación política»; años después rectificó