El juez procesará hoy por delito de rebelión a los líderes del «procés»
La Fiscalía se plantea pedir prisión para Turull y los cinco investigados citados
El juez Pablo Llarena escribirá hoy el relato que condense el camino delictivo que los líderes independentistas recorrieron para empujar hacia la secesión de Cataluña. En el auto de procesamiento que se conocerá hoy, el magistrado expondrá los indicios acumulados contra los responsables del proceso independentista ilegal y procesará por el delito de rebelión, uno de los más graves del Código Penal español, a los directores del plan ilegal.
Rebelión –un crimen castigado con hasta veinticinco años si se comete sin armas– será el delito por el que serán enviados a juicio hoy el expresidente catalán Carles Puigdemont y los rostros más visibles del «procés», entre ellos algunos de sus antiguos consejeros, según han informado a ABC fuentes conocedoras de la investigación. Esto afectaría al último candidato fallido a «president» de los independentistas, Jordi Turull, a una primera espada de ERC como Marta Rovira, y a los encarcelados Oriol Junqueras o Jordi Sànchez. Otros de los antiguos gobernantes catalanes, como Carles Mundó o Meritxell Borràs, podrían quedar fuera del procesamiento por este delito, y podrían ser enviados a juicio por crímenes menos graves.
Además, hoy se resolverá el futuro inmediato de seis investigados que esta mañana acudirán libres al Supremo. Llarena ha convocado para una vista de medidas cautelares a Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Marta Rovira y Carme Forcadell (las tres últimas renunciaron ayer a su acta de diputadas). En esa comparecencia, la Fiscalía del Supremo se plantea solicitar el ingreso en prisión condicional de todos ellos, sobre todo si son procesados por el delito más grave. El avance de la investigación –con el peso de los indicios más sólidos que nunca– y los planes recientes del independentismo, con un pacto entre Junts per Catalunya, ERC y la CUP para avanzar hacia la secesión de forma clara, sugiere que existe riesgo de reiteración, según informan a ABC fuentes fiscales. La acusación pública destaca ese acuerdo político como evidencia del riesgo de reiteración, entre otras cosas, porque apuesta por mantener las supuestas «instituciones en el exilio».
Esta petición –que podría variar hasta el mismo momento de la vista–, según los acontecimientos, vendrá acompañada por la solicitud de Vox, la acusación popular del caso. Vox ya ha anunciado que estudia pedir el ingreso en prisión sin condiciones de los seis. En cualquier caso, el juez, quien ha convocado la vistilla por su propia iniciativa, tendrá la palabra final.
La Sala de Apelación –los tres magistrados de la Sala Penal del Supremo que han revisado las decisiones de Llarena– ha marcado el rumbo para apreciar el delito de rebelión en sus resoluciones. Ayer mismo, al mantener en la cárcel a Jordi Sànchez y Joaquim Forn, los magistrados señalaron el carácter violento de la vía unilate- ral. «Pretendían, con violencia, absolutamente imprescindible para consumar sus propósitos de sustitución de la legalidad constitucional por otra distinta y espuria, segregar de España una parte de su territorio. Y ese es un gravísimo delito contra la CE», expresaron los jueces de la Sala Penal sobre los promotores del «procés».
El delito de rebelión, regulado en el artículo 472 del Código Penal, castiga a aquellos que se alzaren violenta y públicamente para declarar la independencia de una parte del territorio nacional. La pena de la conspiración es de 8 años. Según el Supremo, los líderes secesionistas asumieron la violencia –como una opción no deseada pero aceptada como inevitable– para alcanzar su fin ilícito: la secesión. La Sala
Riesgo de reiteración La investigación y los planes recientes del secesionismo sugieren que existe riesgo de reiteración Carácter violento Los magistrados de la Sala de Apelación señalaron el carácter violento de la vía unilateral
Penal alude en concreto al acoso a la Guardia Civil del 20 de septiembre y a los enfrentamientos que tuvieron lugar el 1 de octubre, cuando se celebró el referéndum secesionista ilegal.
Una insurrección
Todas las partes de la causa –los abogados de los 28 investigados– están citados hoy a las 10. 30 horas en el Supremo, para recibir la notificación del auto, una cita que ha generado nervios y expectación en los afectados.
El auto de Llarena despejará el camino de la investigación y acotará la gravedad de las acusaciones que pesen contra los imputados en la causa; a pesar de que la Fiscalía y la acusación popular de Vox calificarán en el futuro los hechos y acusarán por los delitos que ellos mismos aprecien, sin estar vinculados por las tesis que dará a conocer hoy el juez investigador. Lo previsible es que el magistrado atribuya delitos menos graves a otros imputados, como los miembros de la Mesa del Parlament más allá de la antigua presidenta Carme Forcadell, o los líderes independentistas que ejercieron un papel menos destacado. Algunos de estos antiguos dirigentes secesionistas han renunciado a sus cargos como un gesto para tratar de convencer al juez de que renuncian a insistir en el proceso ilegal. Ejemplos de este paso atrás son Neus Lloveras, que dejó la presidencia de la Asociación de Municipios por la Indpendencia (AMI), o Carles Mundó, que abandonó la política al renunciar a su acta de diputado, a pesar de haberse postulado incluso como posible candidado de ERC a presidente en el pasado.
El procesamiento de los fugados –Puigdemont, cuatro exconsejeros de su antiguo gobierno y la líder de la CUP Anna Gabriel– será en rebeldía, al encontrarse fugados de la Justicia, un estado que no frena el avance del caso.
Aunque el juez continuará investigando el empleo de fondos públicos para el «procés», y podría modificar en el futuro su auto de procesamiento, en este escrito Llarena expondrá sus conclusiones sobre la causa y apuntalará la investigación. El humo de la sospecha contra los dirigentes independentistas se hará más denso y les acercará al futuro juicio, el primero en democracia contra gobernantes catalanes por declarar la independencia de Cataluña por el camino unilateral.
Llarena les acusa de alentar una insurrección, enfrentando a la sociedad catalana contra el Estado, para proclamar la República catalana por la fuerza de los hechos, burlando la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las resoluciones del Tribunal Constitucional. El tribunal garante de la Constitución anuló las leyes de la ruptura, el barniz del secesionismo para fingir una apariencia de legalidad, y prohibió la convocatoria del referéndum.
El futuro inmediato de Turull y los otros cinco imputados convocados también tiene efectos a medio plazo. Cuando el procesamiento por rebelión sea firme, los que se encuentren en prisión o fugados, quedarán automáticamente suspendidos para el ejercicio de cargo público. Esto les impediría ejercer como gobernantes durante el tiempo que se encuentren encarcelados.
Al fondo, a finales de año, se espera el juicio oral, la hora de la verdad, en la que los líderes secesionistas responderán ante un tribunal.