Los presos suben la presión a los 30 minutos del cambio electoral
Un recurso de la Fiscalía paralizaría la semilibertad de los condenados
MADRID
Apenas veinte minutos después de que trascendiera el aplazamiento de las elecciones en Cataluña –del 14 de febrero al 30 de mayo–, la defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull presentó ayer en el Tribunal Supremo un escrito en el que le insta a que tramite los indultos de los presos del «procés» con la «máxima celeridad» y a que redacte su informe sin esperar a que la Abogacía del Estado termine el suyo.
Como informó ABC, el aplazamiento de los comicios va a redoblar la presión del independentismo para que el Gobierno resuelva sobre las medidas de gracia antes de la cita electoral. Y este escrito da buena muestra de ello. En él, el abogado Jordi Pina señala que ve «con cierta desazón» cómo el Tribunal «no está tramitando los expedientes de indulto con la celeridad habitual con la que ha solido resolver las peticiones o recursos que se han interpuesto por algunas de las partes», y reprocha a la Sala que la propia defensa tenga que asumir el «impulso» del procedimiento.
«Tres meses después de la formación de dichos expedientes –dice– todavía no se ha evacuado el trámite previsto en los artículos 24 y 25 de la ley reguladora del indulto». «Es más, y dicho sea con los debidos respetos, lo cierto es que la injustificada lentitud con la que se están tramitando (los indultos) parece que pretenda esconder una voluntad de dilatar la resolución de los mismos». En estos momentos, con los informes de Prisiones, de Vox y de la Fiscalía ya en manos del Supremo, sólo quedan el de la Abogacía del Estado (personada como perjudicada por la malversación) y el del propio tribunal del «procés».
No son presos preventivos
Tras aludir a la «injusta y desproporcionada pena» de sus clientes, condenados los tres por sedición y uno de ellos –Turull– también por malversación, la defensa apunta a que la tramitación del indulto debería operar «bajo las máximas de celeridad», especialmente «teniendo en cuenta que nuestros representados se encuentran privados de libertad».
Como informó ayer ABC, si bien la tramitación preferente opera en causas con preso preventivo, no lo es en procedimientos en el que, como el presente, los condenados lo son por sentencia firme (y unánime). A ello se suma que el Supremo tiene más indultos sobre la mesa y no hay razón jurídica alguna que obligue a anteponer este caso a otros.
En su afán por que los presos puedan hacer campaña y forzar al Ejecutivo a un pronunciamiento rápido una vez cumplidos los trámites formales del indulto, Pina insta al Tribunal a que emita su informe en paralelo al de la Abogacía del Estado y sin esperar a que esta lo cumplimente primero. De igual forma, le pide que los escritos de Vox, desfavorables al indulto, «se tengan por no presentados», pues, según dice, en la ley que regula esta medida de gracia no se contempla que la acusación popular participe en este trámite.
Al margen del indulto, los presos del «procés» prevén otra posibilidad que les permitiría estar provisionalmente en la calle, y es la de que la Generalitat avale el tercer grado que las juntas de tratamiento propusieron el jueves. La decisión no estará exenta de polémica, pues el Tribunal Supremo ya puso a la administración penitenciaria catalana bajo sospecha en el auto en el que el pasado diciembre revocó este tercer grado. Fuentes jurídicas hablan incluso de una posible prevaricación. En ese supuesto solo la actuación de la Fiscalía, vía recurso, podría devolver a los presos a la cárcel, aunque no de forma inminente; de hecho, podrían llegar a disfrutar en libertad de un momento político crucial: la antesala de esas elecciones autonómicas.
Si la Generalitat ratifica el tercer grado, es previsible que, en consonancia con la postura que mantiene respecto a los presos del «procés», el Ministerio Público recurra, primero ante el juez de Vigilancia Penitenciaria, y si éste no la revoca, ante el Tribunal Supremo. Así como no está claro que la interposición del primer recurso dé lugar a la suspensión de ese tercer grado hasta que se resuelva el fondo del asunto, no hay duda de que el segundo (apelación) sí genera ese efecto.