Acercan a un secuestrador de Ortega Lara y al asesino de Buesa

Interior continúa con su goteo constante de acercamiento de etarras al País Vasco. Ayer le tocó el turno a Julen Atxurra Egurrola, alias Pototo, jefe del aparato logístico de ETA y condenado a cientos de años de cárcel por el secuestro de Ortega Lara, y a Diego Ugarte López de Arkaute, que cumple condena centenaria, entre otros crímenes, por el asesinado del dirigente socialista vasco Fernando Buesa. El primero ya se benefició de un primer traslado de El Puerto a Madrid tras sufrir un ictus del que iba a ser tratado en la capital, mientras que el segundo, que pasa de Granada a León, criticó a la banda terrorista cuando hizo saltar por los aires la negociación con el gobierno de Zapatero con el atentado de la T-4 del aeropuerto de Barajas. Además, hay otros tres traslados.

Pototo, que nunca se ha arrepentido, será trasladado del Centro Penitenciario

Madrid VI-Aranjuez al de El Dueso, en Cantabria. Es la segunda vez que le trasladan, en ambas por razones médicas. Ingresó en prisión el 28 de noviembre de 2013 y cumple una pena de 30 años por asesinatos, secuestro, depósito de armas, atentado, homicidio y detención ilegal. Cumplirá las tres cuartas partes de la pena en abril de 2034. A propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión madrileña, y por razones amparadas en la Ley de Protección de Datos (enfermedad, en este caso), Prisiones ha resuelto su traslado a Cantabria y su progresión a segundo grado.

«Nunca jamás he dicho ni he pedido a nadie que falsifique absolutamente ningún documento. No sabía que existía el acta».

Javier Ramos, testigo «Recibí reiteradas llamadas del Consejero de Educación requiriendo ese acta. La pedí a Álvarez Conde y se la reenvié».

porque ella «había presentado» el TFM, el mismo que da por perdido «en mudanzas», y vio normal que un tribunal lo evaluase sin ella delante.

«Yo no defendí el TFM»

«Yo no defendí el TFM. Yo entregué el trabajo y expliqué las líneas generales. Me sorprendió porque fue un acto muy informal», declaró. Lo llevó «encuadernado» aquel 2 de julio y lo entregó en un despacho con «tres o cuatro personas», dando «por hecho» que eran profesores pero sin saber si eran un tribunal. No les conocía, pues nunca fue a clase y sólo se relacionaba con Álvarez Conde, por teléfono y enviándole los trabajos en papel.

Acusada por inducir la falsificación, Cifuentes negó haber «dicho o pedido a nadie que falsifique absolutamente ningún documento» y destacó que «no lo necesitaba» porque ya «tenía el título» del máster. Lo recogió en 2017, acompañada de la asesora Maite Feito, a quien Fiscalía sitúa como eslabón entre Cifuentes y el centro en las presiones. Las dos lo niegan, frente al testimonio de la autora del acta falsa.

Tras Cifuentes, testificaron Alicia López de los Mozos y Clara Souto, las profesoras cuyas firmas estampó Rosado en el acta falsa. Ambas dijeron que le enseñaron la grafía siguiendo indicaciones de Álvarez Conde y sin saber para qué se iban a utilizar. Souto añadió que el catedrático refirió «presiones políticas» sin concretar.

Ya por la tarde, llegó el turno del rector, Javier Ramos, quien añadió que Feito, el día del escándalo, «aportó información» y le pareció que «intentaba colaborar». Apuntó, no obstante, que recibió «retiradas llamadas» del Consejero de Educación de Madrid, Rafael Van Grieken «requiriendo ese acta» que Álvarez Conde le había dicho que existía y estaba en su poder. Se la pidió y la reenvió a la Consejería.

Sobre el máster, explicó que descubrió después que en julio de 2012 Cifuentes entregó el TFM sin haber aprobado. Sus notas se cambiaron en 2014 por una funcionaria sin competencias a instancias de un profesor. En esas fechas, la expresidenta había pedido el título porque en 2012 le dijeron que estaba todo bien.

Su situación El primero de ellos está enfermo, mientras que el segundo fue crítico con la banda terrorista

Por su parte, Diego Uralde López de Arcaute será llevado desde Granada a la prisión de Mansilla de las Mulas, en León. Ingresó en la cárcel el 6 de julio de 2005 y cumple condena de 30 años por homicidio, atentado, asociación ilícita, tenencia de explosivos, depósito de armas y municiones, y falsificación de documento público. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en diciembre de 2027. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha resuelto su progresión a segundo grado y, a propuesta de la Junta de Tratamiento granadina, su traslado a León.