EL CASO DEL GENERAL
Si el jefe militar cumplió instrucciones, ¿por qué relevarlo?
LOS políticos menores de todos los colores –PSOE, PP y separatistas– que han hecho trampas para recibir vacunas deben irse. Está claro. Pero la dimisión –forzada– del jefe de la cúpula militar, el general Miguel Ángel Villarroya, nacido hace 63 años en La Galera (Tarragona), suscita dudas. En mi falible opinión ha sido equivocada y atiende a un gesto efectista del Gobierno (que por desgracia jamás se autoaplica tales baremos ejemplares). De manera reveladora, el dimisionario Villarroya recalca en su renuncia que actuó «de acuerdo con los protocolos establecidos» y tomó «las decisiones acertadas». El general, nombrado jefe del Estado Mayor por Sánchez en enero de 2020, explica que se va solo «para no perjudicar la imagen de las Fuerzas Armadas», pero no por haber hecho algo equivocado.
Es fácil dejarse llevar por olas emotivas. Pero lo honrado y racional es estudiar los hechos. El pasado día 13, la Subsecretaría de Estado de Defensa envió al Estado Mayor una instrucción sobre la «vacunación del Covid-19 en las Fuerzas Armadas». El documento establece que es «primordial» la vacunación «del personal de las FAS que vaya a desplegarse en las diferentes zonas de operaciones», de su «personal sanitario» y también –y aquí entra Villarroya– del «personal de Unidades Operativas que tengan un mayor riesgo de contagio debido a las misiones asignadas». El Estado Mayor recibió un lote de vacunas (enviadas por el Gobierno, obviamente, pues nadie más las reparte) y actuó según la directriz. Tras pinchar a su personal en operaciones y al sanitario se vacunó a la cúpula, priorizando a los de más edad, entre los que estaba el sexagenario Villarroya. El general se limitó a hacer lo que todo militar tiene grabado a fuego: cumplir órdenes.
La ministra de Defensa asegura que se enteró «por la prensa», algo pasmoso. Pero como mandataria templada, su primer reflejo no fue cesar a Villarroya, sino recabar un informe sobre el caso, y así lo anunció. Pero se cruzó Marlaska, enemigo íntimo de Robles, fulminando por supuesta vacunación indebida a un mando de la Guardia Civil enlace con el Estado Mayor. Robles no tuvo más remedio que hacer lo mismo con Villarroya, dado el clamor azuzado desde el progresismo gubernamental. ¿Quién estableció el protocolo de vacunación militar? ¿Defensa? ¿Sanidad? ¿Ambos? Si está mal hecho, ¿no tendría que dimitir quien lo diseñó, más que los militares que se limitaron a cumplirlo? Si el Gobierno es coherente con la lógica efectista que ha aplicado con Villarroya tendría además que destituir al resto de la cúpula militar, que también se vacunó (y el PSOE echar a sus tres alcaldes pícaros de Valencia).
PD: En un país normal, el presidente, los ministros y el jefe militar están entre los primeros en vacunarse, por su importantísima función pública, crítica en una pandemia. En EE.UU., San Biden y Santa Kamala se pincharon ya antes de llegar al cargo. Por supuesto ni un solo progresista español lo vio mal.