Por el bien de la institución los vocales prefieren que asociaciones y partidos lleven el asunto a Bruselas
El veterano exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta tomó la palabra en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial del pasado jueves. Es uno de los cinco vocales que se opusieron a que el CGPJ reiterara su advertencia al Congreso por el plan de PSOE y Unidas Podemos de cambiar las reglas del juego y asaltar el órgano de gobierno de los jueces. Son los irreductibles miembros del Poder Judicial que se alinean con el Ejecutivo y el Legislativo a pesar de que la mayoría de sus compañeros entienden que limitar la capacidad de hacer nombramientos estando en funciones es una agresión intolerable.
En la defensa de la estrategia del Gobierno –oculta tras los grupos parlamentarios que lo sostienen– hay dos argumentos principales que enlazan con el interés de La Moncloa. Cuesta verbalizó el primero de ellos, cuando justificó su oposición con el razonamiento de que el movimiento del Consejo iba a provocar una eventual intervención de Europa que acabaría perjudicando a España. Tanto como decir que la culpa no la tiene el delincuente sino quien le denuncia. En ese grupo de irreductibles alineados con el Gobierno estuvo también la vocal Clara Martínez de Careaga, mujer, por
cierto, del magistrado del Tribunal Constitucional y ex fiscal general bajo gobierno de Zapatero Cándido Conde-Pumpido. Ella esgrimió la autonomía legislativa para aludir a la separación de poderes, curiosamente, la misma que el propio acuerdo del Consejo ve peligrar más que nunca.
Llegados a este punto, todo conduce a Europa, pero la estrategia para llegar allí aún no está clara. El Consejo General del Poder Judicial pretende que sean otros los que lleven a Bruselas la reforma que afecta a los jueces. El órgano que preside Carlos Lesmes no quiere enarbolar este asunto por el bien de la institución, para que no se utilice con fines partidistas ni se exteriorice fuera de nuestras fronteras un conflicto directo con el Gobierno. Se trata de que sean asociaciones judiciales y partidos los que echen el resto en Europa y pongan de manifiesto las fisuras que están provocando en el Estado de Derecho PSOE y Unidas Podemos, con la anuencia del Gobierno al que los dos partidos sustentan.
Y aquí se enmarca el acuerdo que salió del pleno del jueves, donde se sacrificó la amenaza de una ofensiva del CGPJ ante la UE en aras de un texto que pudiera contar con el máximo consenso, como así fue: 16 votos de los 21 posibles. Se pactó de este modo dar una última oportunidad a la Mesa del Congreso para que reconsidere su decisión, ante la certeza de que esta proposición de ley que trata de impedir los nombramientos es una bomba de relojería que va a terminar estallando por uno u otro lado.
En el fondo, ninguno de los firmantes de la declaración espera que estos dos partidos rectifiquen. Sus intenciones quedaron claras con la habilitación del mes de enero para pasar el rodillo por el Poder Judicial. Y ello, pese a las inmumerables advertencias que el Consejo de Europa y la Comisión Europea vienen haciendo a España desde el mes de octubre, cuando se puso sobre la mesa la propuesta de rebaja de las mayorías parlamentarias para la elección de los doce vocales jueces. Un asalto más a la independencia judicial que ahora está hibernando y que va en dirección contraria a la necesidad de despolitización del órgano a la que de forma recurrente alude el Greco, el Grupo de Estados contra la Corrupción.
Las advertencias de Europa
Esta misma semana el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand, recordaba que la Comisión Europea sigue atenta a lo que sucede en España y que cualquier reforma que limite las funciones del gobierno del Poder Judicial debe realizarse en diálogo con la oposición y previa consulta a los implicados y a la Comisión de Venecia, órgano asesor del Consejo de Europa. En paralelo, y también esta semana, el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, en una respuesta a la europarlamentaria Maite Pagazaurtundua volvía a instar a las autoridades españolas a velar por que el CGPJ «no se perciba como vulnerable a la politización».
Esa percepción no es, en realidad, ninguna ensoñación. Sólo así puede entenderse el interés de los partidos que sustentan al Gobierno por asaltar un órgano a través de una iniciativa apresurada que ignora la opinión de los jueces, ya no solo como afectados sino como quienes pueden aportar una visión jurídicamente fundada de una reforma que afecta de lleno a la independencia judicial.
Así se explica igualmente, la negativa de esos cinco vocales a responder a esta tropelía anteponiendo el interés de los partidos que les pusieron ahí a los de la carrera a la que supuestamente sirven. Los cinco díscolos son tres juristas vinculados al PSOE e IU (Cuesta, Pilar Sepúlveda y Concha Sáez) y los magistrados de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) Martínez de Careaga y Rafael Mozo. En un ejercicio de bipolaridad, la asociación de la izquierda judicial avala, por un lado, la reforma del Gobierno, y por otro, calla cuando sus representantes en el Consejo votan los nombramientos para no quedarse fuera del reparto. Son los irreductibles de un sistema contaminado que exige una reflexión.