La moratoria de los concursos crea una legión de
La economía vive en una suerte de «hibernación» desde hace ya casi un año que busca minimizar los estragos que dejará la pandemia. Los ERTE taponan desde marzo la sangría en el empleo, y mecanismos como la moratoria de los concursos de acreedores evitó una oleada de quiebras durante el año pasado.
Existe consenso respecto a la primera medida: la suspensión temporal de los empleos sigue siendo imprescindible y por ello los ERTE se mantendrán, al menos, hasta el próximo 31 de mayo. Así lo acordaron la semana pasada el Gobierno y los agentes sociales. Pero hay más dudas sobre la prolongación de la moratoria de los concursos de acreedores, que ha quedado en un segundo plano pese a que caducará el próximo 14 de marzo. Algunas voces ya califican de «trampa» este mecanismo, porque si bien en 2020 evitó un drama empresarial su persistencia en el tiempo estaría evitando el concurso de empresas viables que, quizás, no puedan luchar por su supervivencia en unos meses. La moratoria se articuló mediante un decreto que el Ejecutivo aprobó hace ya casi un año. Entonces, todas las previsiones apuntaban que la crisis iba a ser de corta duración, por lo que el Gobierno diseñó un mecanismo para que las empresas no estuvieran obligadas a recurrir al concurso por una «mala racha». Además, de esta forma se evitaba un colapso en los juzgados mercantiles, en un momento marcado por el exceso de trabajo.
La norma (que inicialmente llegaba hasta diciembre y se amplió posteriormente a marzo) suspende la obligación de las empresas de pedir el concurso en los dos meses posteriores al conocimiento de la insolvencia. Además, los jueces están obligados a no tramitar solicitudes que presenten los acreedores por incumplimientos de convenios o acuerdos de refinanciación por parte de los deudores.
El decreto del Gobierno sí que permite que las compañías que lo deseen puedan iniciar voluntariamente el preconcurso. Pero la mayoría de empresas insolventes han optado en los últimos meses por retrasar la decisión hasta contar con unas perspectivas más estables. Una medida que si bien ha evitado un reguero de quiebras en 2020, también ha provocado que cientos de compañías se mantengan de forma artificial. Es decir, zombis.
El presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), Diego Comendador, cree que la moratoria del Gobierno es «una patada para adelante» que no va a evitar «el tsunami de concursos». Además, considera que las compañías envueltas en una crisis financiera deben tomar «soluciones de forma inmediata». Sugiere la puesta en marcha del preconcurso. «No pueden dejarse llevar, porque la situación va a ir a peor y las posibilidades de supervivencia disminuyen con el paso del tiempo», explica el presidente de Aspac. Según sus palabras, estos retrasos ya se están produciendo y pueden provocar un notable incremento en el número de empresas zombis que no son productivas y no son capaces de cubrir los costes financieros.
A la baja
En un año tan convulso como 2020, donde el sector servicios se derrumbó y el turismo perdió 60 millones de viajeros, los concursos de acreedores cerraron a la baja. Según los datos de la consultora Informa D&B, propiedad de la agencia de crédito estatal Cesce, el año pasado se produjeron 4.376 concursos, lo que supone un 2% menos que en 2019. La propia consultora reconoce que la cifra no refleja la realidad y está motivada el aplazamiento de determina