El Supremo traslada la presión de los indultos a la Abogacía a 20 días del 14-F
Tras el dictamen de los servicios jurídicos del Estado sólo faltaría ya el del tribunal
La pelota ya está en manos de los servicios jurídicos del Estado. El Tribunal Supremo dio traslado ayer a la Abogacía de los expedientes de indulto de los doce condenados del «procés», el trámite previo al informe de los magistrados que les condenaron por sedición. El movimiento del Alto Tribunal se produce veinte días antes de las elecciones autonómicas del 14-F, por lo que los independentistas al menos ya no podrán utilizar la supuesta falta de impulso del procedimiento por parte del Supremo en su estrategia de victimismo durante la campaña electoral.
Fue la defensa de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez la que hace apenas unos días acusó al tribunal del «procés» de inacción respecto a la tramitación de los indultos, en los que el Gobierno tendrá la última palabra, pues su concesión es un acto totalmente discrecional. «La injustificada lentitud con la que se están tramitando (...) parece que pretenda esconder una voluntad de dilatar su resolución», señaló el abogado Jordi Pina en el escrito en el que pedía al TS «máxima celeridad». A la vez, la defensa intentaba marcar el ritmo de trabajo de los magistrados de la Sala Segunda sugiriéndoles que redactaran su informe en paralelo al de la Abogacía del Estado y sin esperar al dictamen de ésta.
En una providencia notificada ayer, el Supremo se limita a dar traslado de los expedientes a los servicios jurídicos del Estado y a rechazar el dictamen que fue remitido por Vox sin que el Supremo se lo reclamara. El Alto Tribunal recuerda que la ley del indulto limita la petición de informe al Ministerio Fiscal y a la parte perjudicada por el delito, en este caso la Abogacía del Estado, que fue parte en el procedimiento por el delito de malversación. Ninguno de estos dos informes, ni tampoco el del tribunal, son vinculantes para el Gobierno, aunque en caso de concederlos, tendrá difícil justificar su postura ante la opinión pública, sobre todo tras el duro informe de la Fiscalía del pasado 22 de diciembre. Tras aludir a la gravedad de los hechos cometidos, el nulo arrepentimiento de los condenados y al hecho de que no hayan cumplido ni la mitad de la pena, advertía de que los indultos no pueden utilizarse «como moneda política de cambio» para la «obtención de apoyos parlamentarios».
Sin prisa
Por lo pronto, es muy improbable que el Consejo de Ministros tome una decisión antes de los comicios autonómicos: a lo que tarde la Abogacía en hacer su informe hay que sumar el que emplee el tribunal en elaborar el suyo. Los tiempos benefician al Gobierno, porque de esta forma el PSC concurrirá a las elecciones sin haber tomado una decisión que electoralmente le compromete y, sin embargo, mantiene abiertas a la vez las expectativas de los independentistas ante la concesión de un indulto que puede llegar más adelante.