«La confidencialidad no puede ser una trampa mortal»

Los eurodiputados exigen a la Comisión conocer los contratos con las farmacéuticas

MADRID

Si en algo coinciden los principales partidos políticos españoles en el Parlamento Europeo es en la necesidad de hacer públicos cuanto antes los contratos firmados con las farmacéuticas para la adquisición de sus vacunas contra el coronavirus. De los seis acuerdos oficiales, solo uno está accesible, aunque con los datos más relevantes tapados (los relativos al precio, dosis, plazos…) por las cláusulas de confidencialidad. La Comisión y los 27 estados miembro son los guardianes de unos de los mayores secretos de la pandemia, a pesar de que hasta 2.700 millones de euros públicos fueron invertidos en el desarrollo y la producción de muchas de esas vacunas.

La alarma saltó cuando AstraZeneca informó de que su planta de producción europea no entregará las dosis acordadas con Bruselas una vez la apruebe la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Países como Italia, además de la Comisión Europea, anunciaron medidas contra la farmacéutica anglosueca. Esa misma semana, CureVac accedió a enseñar el contrato a los europarlamentarios que lo solicitaran, en una sala incomunicada, durante 55 minutos y a la que solo podían acceder desprovistos de cualquier dispositivo móvil o que pudiera reproducir la información. Al día siguiente, ante el revuelo generado y las peticiones en el seno del Parlamento, la Comisión accedió a publicar en internet el contrato tapado, en las mismas condiciones en las que pudieron verlo los que habían tenido acceso al mismo.

La sala de lectura

Nicolás González Casares, eurodiputado por el PSOE, fue uno de los primeros que acudió a la «sala de lectura» antes de publicarse el contrato con CureVac abiertamente. «Este revuelo con la confidencialidad no hubiera surgido si no estuviera habiendo problemas con la distribución de las dosis», reconoce a ABC. En su opinión, es aceptable que en la etapa de negociación la confidencialidad sea máxima, «pero dentro de la ejecución del contrato, que es en lo que estamos, hay cuestiones que importan a la ciudadanía. No podemos saber si van a llegar las dosis porque no tenemos las condiciones del contrato disponibles». Respecto a la polémica con AstraZeneca, opina que en el momento en que una empresa incumple con su deber, «tampoco habría que guardarle confidencialidad eterna». «Cuánto más se tarde en abrir los contratos, más suspicacias va a haber», sostiene.

En esa misma línea se pronuncia Soraya Rodríguez, eurodiputada por Ciudadanos. «Ante la incomprensible actitud de AstraZeneca, la respuesta inmediata debería ser la publicación del contrato, para que todos pudiéramos conocer su dimensión», cuenta. Para la parlamentaria, es inadmisible que los europeos no conozcan, aunque sea a grandes rasgos, los contratos: «Con cada precontrato hemos invertido dinero en investigaciones. No es tolerable que ahora nos encontremos con imposiciones contractuales de las farmacéuticas que no van a cumplir lo prometido. La cláusula de confidencialidad no puede convertirse en una trampa mortal».

En este sentido, «no es comprensible que el precio unitario, las dosis o los plazos de entrega sean confidenciales. Es nuestro derecho, nuestra salud y nuestro dinero», opina. El Parlamento no puede «defender a ciegas» a los ciudadanos, dice Rodríguez: «Ahora está atado de pies y manos porque no conocemos lo que se ha firmado». Ante el oscurantismo, deberían ser los países, que conocen el acuerdo, los que «den un paso adelante y los hagan públicos», señala.

Dolors Montserrat, eurodiputada por el Partido Popular y exministra de Sanidad, manda un mensaje esperanzador a la vez que exige también transparencia a todas las partes implicadas. «Europa es una historia de éxito, y ha hecho sus deberes desde que comenzó la pandemia, invirtiendo en vacunas y luchando contra sus consecuencias económicas y sociales. Para llegar al objetivo de la vacunación masiva en verano, ahora hay que exigir el cumplimiento de los contratos, de la Comisión y de los gobiernos para conocer sus planes de vacunación», cuenta a ABC. Esa transparencia se refiere también a un plan que permita «conocer la trazabilidad de lo que se produce en Europa y qué ocurre con esas dosis», añade.

Precontratos La Unión Europea invirtió 2.700 millones de euros para que las farmacéuticas investigaran