Así se gestó el juramento del Heredero de la Corona ante las Cortes hace 35 años
Casa del Rey, Gobierno y Congreso regularon un acto que se repetirá con la Princesa
El Rey cumple hoy 53 años, pero su cumpleaños más relevante lo vivió hace 35 años, cuando alcanzó la mayoría de edad y prestó juramento de la Constitución como Príncipe de Asturias ante las Cortes Generales. Fue una ceremonia histórica de gran valor jurídico y simbólico que servirá de precedente a la que se celebrará dentro de dos años y medio, el 31 de octubre de 2023, cuando su hija, la Princesa de Asturias, cumpla 18 años.
Treinta y cinco años después, ABC desgrana cómo se reguló aquella ceremonia que iba a estrenar el artículo 61.2 de la Constitución de 1978 y que, circunstancialmente, sirvió también para escenificar la lealtad del PSOE a la Corona, pues entonces los socialistas gobernaban por primera vez con la Monarquía.
En aquel momento se revisaron los precedentes históricos y el derecho consuetudinario, y se debatió sobre la naturaleza del acto, sobre cómo debía escenificarse, la fórmula del juramento, quién debía recibirlo, las posibles intervenciones y hasta si el Príncipe debía vestir de civil o lucir el uniforme militar, aunque al final fue de chaqué. Lo que la Casa del Rey tenía muy claro es que quería un acto sencillo y austero dentro de la solemnidad.
Hubo varios borradores y la decisión final fue fruto de numerosas reuniones y negociaciones entre las tres partes involucradas: la Casa del Rey, el Gobierno y las Cortes Generales. Vigente todavía el espíritu de la Transición, en aquel momento había un gran sentido institucional, pero aún así hubo que limar «ciertas diferencias» entre los protagonistas de estas negociaciones: Sabino Fernández Campo, secretario general de la Casa Rey; Felipe González, presidente del Gobierno; Gregorio Peces-Barba, presidente del Congreso de los Diputados; Virgilio Zapatero, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, y Luis María Cazorla, letrado mayor de las Cortes Generales.
Todo arrancó en octubre de 1985, cuando Peces-Barba encargó al letrado mayor que se pusiera a trabajar en el juramento del Príncipe para dar cumplimiento al artículo 61 de la Constitución. «Se trataba de un hecho constitucional crucial, pero estaba muy poco regulado. Lo primero que se debatió fue la naturaleza del acto», recuerda el abogado del Estado y letrado de las Cortes Luis María Cazorla. «¿Era un acto parlamentario o gubernamental? ¿Quién debía recibir el juramento: las Cortes o el ministro de Justicia como Notario Mayor del Reino?». Al principio, «el Gobierno tenía una visión gubernamental, y la de Peces-Barba era radicalmente parlamentaria».
Aunque se elaboró un borrador con los precedentes históricos, solo sirvió como orientación. «Se llegó a la conclusión de que era un acto radicalmente parlamentario y, como consecuencia, debía celebrarse en las Cortes Generales, que serían las que recibieran el juramento del Príncipe como representantes del pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado y en el que reside la soberanía nacional», añade Cazorla. Por lo tanto, ese acto no necesitaba el refrendo del Gobierno ni acta del ministro de Justicia. «El refrendo lo darían las Cortes, la propia Cámara ejercería de notario y el acta sería el Diario de Sesiones del Congreso».
También se barajaron varias versiones del juramento que debía hacer el Príncipe. Algunas incluían referencias al hecho histórico o al simbolismo de la ceremonia, pero se descartaron y se eligió la más elegante y austera: «Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas y fidelidad al Rey».
González, en el estrado
También hubo varios borradores del ceremonial porque se negoció a tres bandas, hasta que se encontró «una solución equilibrada». Al final, solo habría un discurso, el de Peces-Barba, pero el presidente del Gobierno ocuparía un lugar destacado en el estrado, a la izquierda del Príncipe.
La ceremonia apenas duró veinte minutos. En primer lugar, el letrado mayor de las Cortes leyó el acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de diciembre de 1985, en el que el Gobierno tomaba conocimiento de que el Príncipe iba a alcanzar la mayoría de edad –lo acreditó el ministro de Justicia como encargado del Registro Civil de la Familia Real– y solicitaba al Congreso y al Senado la convocatoria el 30 de enero de una sesión extraordinaria conjunta para la toma del juramento.