La mansión más extravagante de la Costa Azul será demolida
J
ean Paul Getty recreó el mundo clásico en la magnífica Villa Getty en Pacific Palisades (California); no lejos de allí, William Randolph Hearst erigió un fastuoso castillo para complacer a su amante, la actriz Marion Davies; a orillas del Mediterráneo, en 1902, Leopoldo II se dio un capricho acorde con su carácter excesivo: Villa Leopoldo, en Villefranche-sur-Mer (Francia).
Patrick Diter no ha sido tan rico ni tan célebre como los legendarios magnates norteamericanos o el difunto Rey de los Belgas. Pero él también tuvo sueños de grandeza que plasmó en una residencia erigida en las colinas de la Provenza de la que, tras la sentencia firme del Tribunal Supremo de Francia, no quedará piedra sobre piedra.
Su mansión de 57 millones de euros se quedará en un solar que, además, él mismo tendrá que regenerar para devolver algo de lo que fue en el pasado: bosque mediterráneo. Este promotor inmobiliario tiene 18 meses para ejecutar la sentencia y echar abajo las 18 habitaciones, dos helipuertos, piscina, campanario, columnata romana o invernadero de naranjos del Château Diter. En total, 3.000 metros cuadrados de los que el promotor y su esposa italiana sacaron buen partido alquilándolos para fiestas, bodas y rodajes (por ejemplo, la serie «Riviera»).
La historia se remonta a mediados de los años 2000, cuando los Diter compraron una vieja casa de campo en los exclusivos altos de Grasse, cerca de Mónaco. La casa original tenía poco más de 200 metros cuadrados y en vista de que no conseguía la orden de edificación, Diter tiró por la calle del medio y amplió la vivienda, no sin antes recalificar el título de la propiedad con el pomposo nombre de Chateau Diter.
A los vecinos del promotor aquello les pareció un despropósito y declararon la guerra a los Diter con un rosario de demandas.
Ahora no hay vuelta atrás: lo que el Tribunal de Apelación de Aix-enProvence calificó de «un proyecto faraónico, delirante, construido de forma ilegal, violando todas las leyes del urbanismo y la seguridad» ha sido avalado por el Supremo, que, además, le ha impuesto una penalización de medio millón de euros y le amenaza con una multa de 600 euros al día a partir de 2022 si no ejecuta la sentencia.