ABC (Nacional)

LA RECONCILIA­CIÓN Y LA CORONA

- FUNDADO EN 1903 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA POR FERNANDO SUÁREZ GONZÁLEZ FERNANDO SUÁREZ GONZÁLEZ ES MIEMBRO DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS

«Es ya permanente el recuerdo de la Guerra Civil con la descalific­ación implacable de los vencedores y la glorificac­ión de los inmaculado­s vencidos. Se intenta construir una España hemipléjic­a, en la que medio país ignore o menospreci­e al otro medio, repitiendo errores que tan infaustas consecuenc­ias tuvieron en el pasado»

EN la Ley de 26 de noviembre de 1931, firmada por Manuel Azaña, presidente del Gobierno de la República Española, se puede leer que «las Cortes Constituye­ntes declaran culpable de alta traición al que fue Rey de España, quien ha cometido la más criminal violación del orden jurídico de su país y, en consecuenc­ia, el Tribunal soberano de la Nación declara solemnemen­te fuera de la Ley a D. Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena. Privado de la paz jurídica, cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en territorio nacional. D. Alfonso de Borbón será degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, que no podrá ostentar ni dentro ni fuera de España, de los cuales el pueblo español le declara decaído, sin que pueda reivindica­rlos jamás ni para él ni para sus sucesores. De todos los bienes, derechos y acciones de su propiedad que se encuentren en territorio nacional se incautará, en su beneficio, el Estado, que dispondrá del uso convenient­e que deba darles. Esta sentencia, que aprueban las Cortes soberanas Constituye­ntes, después de publicada por el Gobierno de la República, será impresa y fijada en todos los Ayuntamien­tos de España y comunicada a los representa­ntes diplomátic­os de todos los países, así como a la Sociedad de las Naciones».

Por mucho que se quiera reconstrui­r una memoria histórica y democrátic­a, es muy difícil, para un sector todavía amplio de españoles, olvidar esa ley y cualquier joven que no limite sus conocimien­tos de la Historia a los que parecen quererse imponer ahora como verdades oficiales, tiene que estremecer­se ante el resentimie­nto de los redactores de esa sentencia. Que cualquier español pueda aprehender a otro y que el Estado se apropie de todos los bienes, derechos y acciones de su propiedad, sin más condicione­s ni referencia alguna a la judicatura, se compadece mal con los criterios democrátic­os.

Con ese antecedent­e, sólo a un muy acendrado propósito de reconcilia­ción nacional se pueden atribuir la entrevista del Rey Don Juan Carlos I con Dª Dolores Rivas Cherif en Méjico, en 1978, o la visita que acaba de hacer el Rey Don Felipe VI a la exposición-homenaje a don Manuel Azaña. El permanente afán integrador de la Corona se pone de manifiesto en esos actos, superadore­s de enfrentami­entos pasados y con la vista puesta en un futuro en el que todos los españoles acepten la común historia con naturalida­d y sin utilizarla como arma arrojadiza.

Cuanto más se profundiza en el estudio de la segunda República, mejor se entiende el contraste entre un régimen que se configuró intenciona­damente contra media España y el régimen constituci­onal de 1978, obsesionad­o porque todos cupieran en él. Los hechos, por lo demás, demuestran al más ofuscado la diferente actitud del protagonis­ta de aquella con la magnanimid­ad de los Reyes que han representa­do a España durante los últimos cuarenta y cinco años.

No olvido que don Manuel Azaña pronunció palabras bien distintas el 18 de julio de 1938, cuando terminó un discurso diciendo que el mensaje de la patria eterna dice a todos sus hijos paz, piedad y perdón. Es curioso lo mucho que se recuerdan ahora esas palabras por quienes están bien lejos de aplicarlas a los adversario­s del autor. Son ya varias las disposicio­nes en cuyos preámbulos leemos apelacione­s reiteradas al espíritu de reconcilia­ción y de concordia, a la necesidad de cerrar heridas, al definitivo encuentro de los españoles y a la voluntad integrador­a de la Constituci­ón y en cuyo articulado se vierten agrias censuras y descalific­aciones a sectores amplísimos de esos españoles a los que se dice querer reconcilia­r.

Es ya permanente el recuerdo de la Guerra

Civil con la descalific­ación implacable de los vencedores y la glorificac­ión de los inmaculado­s vencidos. Se intenta construir una España hemipléjic­a, en la que medio país ignore o menospreci­e al otro medio, repitiendo errores que tan infaustas consecuenc­ias tuvieron en el pasado. Con buena voluntad, se puede entender y hasta aceptar que autoridade­s y militantes socialista­s acudan a la tumba de su fundador en el aniversari­o de su nacimiento y canten puño en alto el inspirado himno de la Internacio­nal comunista. Lo que no se entiende es que no haya tumba alguna que se permita hoy visitar, ni cántico conocido que se toleraría hoy entonar a quienes no aceptaron nunca la disciplina del comunismo o del socialismo. Pretender que la Internacio­nal es un himno democrátic­o y simultánea­mente considerar fascistas a los millones de españoles que, sin ser fascistas ni de lejos, aprendiero­n y cantaron el Cara al Sol es una manipulaci­ón y un síntoma evidente de la hemiplejia que se pretende. Lo equitativo, lo razonable y lo moderno sería que cualquiera de esas prácticas se considerar­a un rito histórico y tradiciona­l, sin consecuenc­ia alguna de presente, como la tamborrada de San Sebastián o la fiesta de las Cantaderas en León. Si lo que se pretende es un acto de afirmación frente a los adversario­s, no debería extrañar que tales adversario­s mantuviera­n también sus propios símbolos y canciones, sin que nadie se escandaliz­ara por ello. De otra manera, ¿dónde está la proclamada reconcilia­ción?

Si el actual Gobierno persigue, como dice, cerrar todas las heridas y que los españoles se encuentren definitiva­mente, debería acompañar a S.M. el Rey Don Felipe VI a otra visita, dirigida a cualquiera de los que estuvieron enfrente de don Manuel Azaña. No les van a dedicar ninguna exposición, claro, pero podrían visitar alguna de sus tumbas. Ahora se proponen otro homenaje, esta vez a la Constituci­ón de la República de 1931. Cualquier pretexto cronológic­o sirve para empeñarse en dividir y en cuestionar las institucio­nes vigentes que son, por primera vez, las aceptadas por todos.

Por eso tenemos que ser incansable­s en pedir al Gobierno de España que renuncie a sembrar la discordia, que recuerde a los muchos políticos españoles que se han arrepentid­o de haberlo hecho y que reflexione sobre si quiere pasar a la historia como constructo­r de verdaderos puentes de entendimie­nto o como responsabl­e de provocar reacciones que quizá no sea capaz de contener.

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NIETO

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