Persiana arriba y derechos al juzgado

Subió ayer la persiana la hostelería vasca después de que el Tribunal Superior de Justicia les diese permiso para obviar el decreto autonómico que mantenía cerrados bares y restaurantes en la ‘zona roja’ de los contagios, aquella donde la pandemia tenía niveles superiores a los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Larga ha sido su travesía del desierto durante este último año para los taberneros, pues cuando la curva se desmandaba la orden de cierre en este sector era recurrente. Aliviados por este volver a empezar, ahora comenzarán a arreciar las demandas en los juzgados reclamando quizá compensaciones por el descalabro económico de una decisión que no se ajustaba a derecho. En el fondo de este desbarajuste está el desastre legislativo organizado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que en vez de herramientas legislativas eficaces que amparasen la acción de los ejecutivos autonómicos les dejó una palabra: la cogobernanza, el neologismo preferido, junto a la resiliencia, del sanchismo. Y la lluvia de demandas tendrá un efecto dominó en todas las regiones donde el cierre de la hostelería ha sido total. En Baleares, llevan meses pidiendo la dimisión de la Francina Armengol, presidenta autonómica, por cargar sobre bares y restaurantes la mayor parte de los sacrificios para atajar los contagios. Ahora pasarán de la calle al juzgado. Todo hubo de ser más sencillo pero terminado el verano y antes de la segunda ola Sánchez se atusó el pelo frente al espejo y anunció que se quitaba de en medio dejando todo en manos de las autonomías. Pero en realidad se convirtió en el perro del hortelano pues al mismo tiempo que se lavaba las manos no creaba el marco legal preciso para que otros asumieran la responsabilidad de limitar derechos a los ciudadanos, es decir, para que quedase claro quiénes eran los malos de la película y quién el beatífico ‘Pedro el guapo’ de su libro.