La maquinaria represiva del régimen cubano para inocular el odio
La dictadura utiliza los medios oficialistas y las redes sociales para acabar civilmente con los disidentes, que relatan a ABC cómo es el calvario que sufren cada día en la isla
En los últimos meses se vive una agitación especial en Cuba. En noviembre un grupo de artistas salió a la calle para denunciar el allanamiento de la sede del Movimiento San Isidro (MSI), algunos de cuyos miembros sostenían una huelga de hambre en protesta por la detención del rapero Denis Solís, condenado a ocho meses de prisión por un falso delito de desacato. Fue la espita de una movilización histórica. Aquel día nació el grupo 27-N, cuyas demandas tuvieron una repercusión internacional. La respuesta por parte del Gobierno cubano, sorprendido por este acto masivo, espontáneo y pacífico, fue la misma de siempre: poner en marcha la maquinaria para criminali
zar a sus miembros y provocar el linchamiento social contra este colectivo.
«El Noticiero Nacional de Televisión (NTV) puso mi número de teléfono personal con mi nombre junto a él en prime time. Desde entonces he estado abrumada con solicitudes y acoso de personas que no conozco. El Gobierno cubano es responsable de cualquier cosa que me pase, accidentalmente o no, porque no solo están promoviendo un discurso de odio contra los activistas del 27-N, sino que piden sangre», denunciaba recientemente la artista plástica Tania Bruguera, una de las voces más relevantes del grupo. Dicha plataforma surgió como un movimiento de protesta cuando cientos de artistas, periodistas e intelectuales se concentraron ante el Ministerio de Cultura cubano para pedir libertad de expresión, de creación y de pensamiento.
Los miembros del 27-N, que representaban los intereses de todos los sectores de artistas, lograron arrancar –pacíficamente– al viceministro de Cultura cubano, Fernando Rojas, la promesa de escuchar y negociar sus reivindicaciones. Promesas rotas pocas horas después, como la de que los agentes de la Seguridad del Estado no reprimirían a los que estuvieron aquella noche dentro y fuera del ministerio. De hecho, ese mismo 27 de noviembre comenzaron las detenciones, y a continuación los arrestos domiciliarios, la criminalización en los medios oficialistas, los señalamientos públicos... Una maquinaria para sembrar el rechazo y el odio que es apoyada y jaleada desde las redes sociales.
Apretar el gatillo
Días antes de que un medio oficialista mostrara el número particular de Bruguera, en Twitter alguien disparó otra bala contra la artista plástica utilizando las palabras. «#PorAmorTe apretamos el gatillo ahora mismo. Y haremos justicia». Esta amenazadora frase se podía leer en un tuit que iba acompañado por una foto de una performance titulada ‘Autosabotaje’ que la propia Tania Bruguera realizó en la Bienal deVenecia de 2009, donde la artista se apuntaba en la sien con una pistola. Aplaudido por algunos, otros denunciaron dicho mensaje, como la escritora Wendy Guerra, quien alertó de las posibles consecuencias: «Si le pasa algo a Tania Bruguera no será una sorpresa, todos estábamos avisados. Amenazar la vida de una mujer, alentar a una mujer que aluda directamente la posibilidad de la muerte de otra es una falta terrible, algo que en cualquier parte del mundo puede juzgarse y castigarse», señaló la escritora en su cuenta de Facebook. El tuit fue borrado posteriormente.
Para Bruguera, este tuit era el resultado «de la campaña de odio» llevada a cabo por el NTV cada noche «contra artistas independientes en Cuba». Una institución estatal que «recibe instrucciones directamente del Gobierno». El mensaje era una vuelta de tuerca más a la situación represiva que sufre la artista desde que decidió dar otro paso adelante para cuestionar al régimen cubano. Por su trayectoria internacional, su voz tiene más eco que la de otros. Y para el Gobierno cubano era preciso ahogarla y criminalizarla, acusándola de estar pagada por Estados Unidos, donde Bruguera completó su formación artística y en el que le fue concedida, entre otras, la beca Guggenheim. La dictadura también intentó denigrar su incuestionable trayectoria artística (ha participado en las bienales de Venecia y de Sao Paulo, y en la Documenta de Kassel), levantada en torno al arte político, cuestionando el poder y el control, a través de performances que ha presentado incluso en La Habana.
Mientras era vapuleada en los medios oficialistas y en las redes sociales, Bruguera veía cada día desde su ventana cómo se apostaban en la puerta de su domicilio los coches de la policía, convirtiendo su casa en una especie de prisión (otros miembros del MSI o el 27-N han vivido la misma situación). Un sistema de vigilancia que Amnistía Internacional ha calificado de ‘orwelliano’. La artista lo ha denunciado con humor, colgando en su página de Facebook la «suerte» (número de patrulla) que le había tocado ese día.
Desalojo forzado
El caso de Tania Bruguera ha sido el más sonado en las últimas semanas, pero otros antes que ella han sido víctimas de campañas feroces por el simple hecho de criticar al Gobierno, entre ellos muchos periodistas independientes. Es el caso de Camila Acosta.
Tiene 27 años y ejerce oficialmente labores informativas desde agosto de 2019, cuando comenzó su colaboración con Cubanet. En octubre de ese año emprendió un viaje a Estados Unidos, donde realizó unas declaraciones criticando al Gobierno cubano. A su regreso a la isla, le estaba esperando la Seguridad del Estado en el aeropuerto de La Habana. «Fue mi primer interrogatorio y comenzaron las amenazas. Me dijeron que iba a empezar a padecer las consecuencias de ser disidente», relata Acosta a ABC.
La primera de esas consecuencias fue la denominada ‘regulación’, que supone la prohibición de salir de Cuba (en la actualidad hay alrededor de doscientas personas ‘reguladas’ en la isla). «A los pocos días tenía previsto viajar a Argentina y a Uruguay, y me impidieron salir», señala la periodista, que también fue sometida a vigilancia en el exterior de su domicilio y a citaciones de la policía para amenazarla. La peor experiencia llegó con los desalojos de la casa donde vivía de alquiler. «El primero fue en febrero de 2020, y hubo cinco o seis más. A los que se sumaron las mudanzas para huir de la Seguridad del Estado». La casera de la última vivienda justificaba su desalojo por el miedo a que el
El noticiero oficial publicó el número de la artista Tania Bruguera, que recibe desde entonces al acoso de simpatizantes del régimen El Gobierno sigue usando medios como ‘Granma’ para criminalizar a los disidentes acusándolos de ser mercenarios de EE.UU.
Camila Acosta ha sido desalojada varias veces por caseros amenazados por el régimen con perder el piso si le mantienen el alquiler
Gobierno le requisara la propiedad si no obedecía. Todo esto coincidió, recuerda Acosta, con la implantación del decreto-ley 370, una norma que censura la libertad de expresión penalizando la publicación de fotos, vídeos o información en las redes sociales. El castigo es una multa, que muchos no pueden pagar, por lo que se arriesgan a una pena de prisión. «Me multaron el 27 de marzo por tres cosas: colgar en mi perfil de Facebook una fotografía de una citación judicial; por haber compartido un vídeo sobre una cola en La Habana vieja para adquirir alimentos, mientras el Gobierno estaba llamando al aislamiento por el Covid-19; y también, por colgar un meme sobre Fidel Castro», recuerda.
Expediente criminal
Otra forma de reprimir es atentar contra la reputación de la persona a través de la fabricación de delitos falsos. Acosta ha sido acusada de «violación de domicilio», sin que hubiera ni denuncias ni testigos; también de «evasión de presos», por supuestamente haberse escapado de una estación de policía. «Todo esto formaba parte de lo que ya me habían avisado: que me iban a armar un expediente criminal para llevarme a prisión. Que o bien abandonaba el país, o dejaba el periodismo independiente o ellos me iban a llevar a prisión».
Algo habitual en Cuba son también las detenciones arbitrarias durante varias ahoras. La periodista recuerda una en la que la desnudaron y le requisaron una docena de mascarillas con el eslogan pintado de ‘No 370’, que llevaba para distribuir gratuitamente. La acusaron, sin embargo, de querer revenderlas en el mercado negro, y le impusieron una multa. «Era una forma de aumentar mi expediente criminal».
El más doloroso quizá de todos los ataques que ha sufrido ha sido la utilización de imágenes familiares que fueron publicadas en blogs de las redes de la Seguridad del Estado para difamarla. «Intentan desacreditarte –lamenta– pero también sembrar la duda de si eres realmente disidente, para aislarte. En mi caso utilizaron un vídeo de mis abuelos. Mi abuelo, y eso nunca lo he ocultado, es militante del Partido Comunista y luchó contra Batista. Él está a favor del régimen, y esto lo utilizaron para atacarme». También usan fotografías o vídeos de contenido íntimo sustraídos de teléfonos decomisados. «A mí me sacaron en una foto sentada con mi pareja, que es mayor que yo, y dijeron que estaba prostituyéndome en La Habana. Ese es el machismo que sigue existiendo aquí en Cuba. A todas las mujeres disidentes y a periodistas independientes que critican el régimen las acusan de ser prostitutas, jineteras...».
Campañas permanentes
El caso de Camila Acosta no es aislado. Ayer mismo la ONG Human Rights Watch (HRW) denunció la campaña de acoso y odio contra la periodista Yoani Sánchez, directora del medio independiente ‘14ymedio’. «Mi solidaridad y apoyo a Yoani Sánchez ante esta nueva campaña de odio y desprestigio del régimen cubano. ¡Cuánto miedo le tiene la dictadura cubana al periodismo independiente!», escribió en su cuenta de Twitter José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
A estos casos se suma otro, el de Berta Soler, que ha sufrido durante décadas estos ataques de odio. «En estos 20 años que llevan funcionando las Damas de Blanco hemos sentido en nuestra propia carne un continuo acoso, hostigamiento y odio por parte de personas instigadas, alentadas, preparadas y organizadas por el régimen cubano, por las fuerzas represivas del Departamento de Seguridad del Estado», señala a ABC la líder de las Damas de Blanco, premio Sájarov a la libertad de conciencia de la Unión Europea en 2005.
Soler recuerda cómo al principio el régimen las presentaba en la televisión cubana y en las redes sociales como «unas mercenarias, unas rebeldes... y empezaron a desacreditarnos y destruirnos». En 2004 comenzarían los denominados ‘actos de repudio’, organizados por la Seguridad del Estado y la Policía Nacional, movilizando a civiles –estudiantes, trabajadores, niños, ancianos, mujeres– «para que nos agredieran física y verbalmente y para que nos tiraran huevos, piedras, nos dieran con palos... Les incitaban al odio».
Detenciones arbitrarias
Era la respuesta del régimen a un grupo de mujeres, esposas de presos políticos, que reclamaban su libertad domingo tras domingo cuando iban a misa. A los ‘actos de repudio’ se sumaban por supuesto las detenciones arbitrarias, por unas horas o varios días. Soler subraya el hecho de que estos ‘actos de repudio’ eran colectivos y en ningún caso el rechazo era individual. Muchas personas, al cuestionarlas cara a cara, reconocen no tener razones para enfrentarse a ella. «Te dicen que las movilizaron, que las obligaron, pero que en realidad no tienen nada contra ti». El poder de movilización del régimen para este tipo de ‘actos de repudido’ reside en que el Estado «es el único empleador. La gente tiene miedo de que le boten de un trabajo, aunque tenga un contrato, porque lo imponga el régimen. La gente hace lo que sea por conservar un empleo y lo que tiene». Aunque afirma que a ella ya no la maltrata la gente, «porque saben quién soy después de tantos años», Soler no puede olvidar la ocasión en la que le golpearon con una barra de hierro en la cabeza. Y está segura de que si estos colectivos civiles reciben del régimen la «orden de matar, te matan».
La semana pasada el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció al Estado cubano ante la ONU «por generar un cuadro persistente de violaciones de derechos humanos mediante el empleo de ‘actos de repudio’, constitutivos de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra miembros de la sociedad civil cubana». La ONG, con sede en Madrid, registró en 2020 un total de 41 ‘actos de repudio’ en la isla, de la que fueron víctima principalmente defensores de derechos humanos, periodistas independientes, activistas políticos «o simplemente individuos que disienten de las políticas estatales».