La UE sanciona a diecinueve chavistas de ‘segunda línea’
Venezuela ha acusado a España de promover esta nueva tanda de sanciones
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea decidieron ayer aprobar una lista de otros 19 altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro a los que se imponen sanciones por su papel en actos y decisiones que socavan la democracia y el estado de derecho en Venezuela, según un comunicado oficial. Con esta tanda son ya 55 el total de jerarcas de la dictadura venezolana a los que se ha impuesto la prohibición de viajar a territorio europeo y la congelación de sus activos bajo jurisdicción de la UE. Según el comunicado oficial, «estas medidas específicas están diseñadas para no tener efectos humanitarios negativos o consecuencias no deseadas en la población venezolana» que ya se encuentra en una situación extrema a causa de la mala gestión del régimen chavista.
Entre los que han sido añadidos a la lista en esta decisión figuran el almirante Remigio Ceballos Ichaso, equivalente al jefe del Estado Mayor conjunto, es decir, el principal mando operativo militar de la dictadura después del ministro de Defensa; Omar José Prieto, el gobernador del estado de Zulia que es donde se encuentra el grueso de la industria petrolera; y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonzo, que avaló las elecciones legislativas de diciembre pasado que la UE y las principales organizaciones internacionales consideraron como fraudulentas e incompatibles con los mínimos requisitos democráticos. También están en la lista Luis Fernando Damiani Bustillos, Lourdes Benicia Suárez Anderson, Calixto Antonio Ortega Rios, René Alberto Degraves Almarza, Arcadio Delgado Rosales y Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchan, todos ellos miembros de la sala Constitucional del Tribunal Supremo.
Derechos electorales
«Las personas agregadas a la lista son responsables, en particular, de vulnerar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, así como de graves violaciones de los derechos humanos y de haber promovido restricciones a las libertades fundamentales» de los ciudadanos. Después de un intento fracasado por parte del Alto Representante europeo, Josep Borrell, de negociar en secreto con la dictadura un aplazamiento de la votación, la UE tuvo que anunciar en enero que se disponía a adoptar medidas restrictivas específicas adicionales, dado el deterioro de la situación en Venezuela tras las elecciones de diciembre de 2020.
El comunicado usa la misma formulación que en anteriores ocasiones y se refiere a que La UE «seguirá colaborando y trabajando con todas las partes interesadas en Venezuela para promover el diálogo pacífico y una solución democrática y sostenible a las crisis en el país».
La UE aprobó las primeras medidas restrictivas contra Venezuela en noviembre de 2017, incluyendo un embargo de armas y equipo para la represión interna, además de la imposición de prohibiciones de viaje y congelación de activos a las personas incluidas en la lista. En cumplimiento de la nueva reglamentación europea en materia de sanciones, es necesario que se pueda demostrar una relación directa entre las personas sancionadas y los hechos que se pretende condenar, puesto que esta decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo.
La dictadura venezolana ha acusado a España de promover esta tanda de sanciones como parte de una conspiración junto a Colombia, aprovechando que esta semana está previsto que la ministra de Exteriores española Arancha González Laya visitará Bogotá. Al termino del consejo de Exteriores de ayer, la ministra explicó que el viaje que efectuará este jueves estaba previsto desde el año pasado «y tiene como objeto apoyar los esfuerzos del Gobierno colombiano por acoger a refugiados venezolanos», además de preparar la visita oficial a España del presidente colombiano Iván Duque.