Igualdad y la Comisión del 8-M animan a «tomar las calles» pese al coronavirus
Sanidad se inhibe y deja que las Delegaciones del Gobierno autoricen (o no) las marchas del Día de la Mujer
El Ministerio de Igualdad y la Comisión organizadora de los fastos del 8-M, o Día Internacional de la Mujer, animan a «tomar las calles» ese día y que se escuche el grito de las mujeres que sufren aún desigualdades en España, pese a la amenaza latente de una cuarta ola de la pandemia. El formato de ese altavoz aún no está del todo claro. Lo definirán en los próximos días, anuncian. Por un lado, las organizadoras de las concentraciones convencionales en Madrid no descartan marchar por el centro de la capital, «siempre respetando las normas de seguridad y de higiene» que impone el coronavirus, declaran a ABC. Pedirán permiso y serán, en Madrid o en la ciudad donde se convoquen, las Delegaciones del Gobierno las que autoricen o desautoricen esas concentraciones por el riesgo de propagación de la enfermedad, responde, a su vez, el Ministerio de Sanidad a este diario.
A esa invitación de la Comisión del 8-M, el Ministerio de Igualdad asegura que responderá a favor. «Las acompañaremos en su convocatoria siempre». Así se expresaron ayer tanto la secretaria de Estado y número dos del departamento, Noelia Vera, como la directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO), Beatriz Gimeno, en la presentación del calendario de actividades programadas para esta edición.
La peligrosa edición de 2020
Pero, tras la última y controvertida celebración del año pasado, el 8 de marzo de 2021 no puede ser un día convencional, señalan a este periódico otras de las entidades feministas que forman parte de la Comisión del 8-M, menos próximas a la órbita de Unidas Podemos (UP). Según esas fuentes consultadas, secundar una llamada a una manifestación –como «han solicitado algunas compañeras» y no descartan todavía desde la organización– sería una «locura», tras lo acontecido en marzo de 2020. De hecho, ABC publicaba esta semana el peligro que había supuesto la organización de eventos como las 76 marchas que serpentea
ron las calles de Madrid hace un año, cuando el virus ya circulaba entre nosotros. Haber confinado una semana antes del 14-M, concluyeron investigadores de la Universidad de Zaragoza y la Rovira i Virgili de Tarragona en un estudio, habría salvado 23.000 vidas en este país. «Si solicitan permiso para convocar una manifestación por el 8 de marzo, la Delegación del Gobierno va a desautorizarla. Y no vamos a ir a una marcha ilegal», dicen las representantes de varias entidades feministas.
El activismo feminista pretende, eso sí, congregarse en lugares concretos o descentralizar los grandes actos, y que sean con ventilación y distancia entre asistentes, siempre pertrechados de mascarilla. Según las mismas fuentes, se exhibiría el combate contra la discriminación de la mujer en actos similares a los organizados por el Día contra la Violencia de Género (25 de noviembre) que, en Madrid, por ejemplo, supuso la celebración de concentraciones de repulsa en la plaza de Callao.
Pero es obvio que, a estas alturas, el movimiento todavía no se ha puesto de acuerdo en el cómo, por cuanto desde la Comisión del 8-M aún se aduce a que la pandemia no es motivo suficiente para anular las convocatorias. «Si siguen abierta la hostelería y los comercios, se abre a la desescalada con la ampliación del toque de queda y se relajan las medidas, no vemos por qué no podemos organizarnos siempre de manera respetuosa con las exigencias que impone el coronavirus», esgrimen.
Darias y Montero, positivo
La desunión de la forma también se traslada al fondo. El 8-M de 2020, Irene Montero partió de una cabecera distinta a la que sujetaban los altos cargos socialistas –con guantes morados y prendas rojas– como los ministros Fernando Grande-Marlaska, Carolina Darias, Carmen Calvo e Isabel Celaá, junto a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El motivo no era otro que la escisión ya latente entre Podemos y PSOE a cuenta de las propuestas de la ministra podemita: la llamada ley del «solo sí es sí», que presentó en las vísperas del 8-M y que provocó que Juan Carlos Campo, titular de Justicia, se opusiera al más que difícil encaje jurídico que iba a tener esa norma, aún varada. El vicepresidente Pablo Iglesias tildó a Campo de «machista retrógrado». Y, pese a la efervescencia con la que Montero había aterrizado hacía pocas semanas en el departamento de Igualdad, y sus ansias por presidir el 8M, el movimiento ya marchó partido en dos. La oposición acusó al Gobierno de promover la expansión del virus con esa marcha, convertida en foco de contagio. Pocos días después de la marcha, la entonces ministra de Política Territorial, Carolina Darias, hoy titular de Sanidad, y la ministra Montero, comunicaron su positivo en la enfermedad.
Este año, la brecha que escinde a las sensibilidades (o «concepciones» distintas, describió ayer Vera) feministas del Gobierno es mayor si cabe. Ayer lo escenificó la secretaria de Estado de Igualdad, al retar al jefe del Ejecutivo a pronunciarse de una vez sobre la ‘ley Trans’, una norma que para ellas es «urgente», y que sigue «varada» en Moncloa, ya que Calvo no quiere impulsarla definitivamente porque cree que «es mejorable», consideró la dirigente de UP. Vera reclamó a Sánchez que se pronuncie, en algún sentido, porque este país necesita «que haya una posición unitaria sobre la autodeterminación de género». «No ha habido ninguna respuesta oficial ni propuesta», dijo, por parte de la Vicepresidencia primera ni de ningún Ministerio (atañe a los de Educación, Justicia y Sanidad, los tres en manos socialistas) sobre esta controvertida norma.
Órdago a Sánchez
Igualdad retó ayer a Pedro Sánchez a que se pronuncie de una vez sobre la ‘ley Trans’ de la que todavía guarda silencio