PSOE Y PP rompen porque Podemos quiere imponer a un juez
Iglesias exige a su socio que entre en el CGPJ el magistrado De Prada, que propició la moción de censura contra Rajoy
Por ahora La negociación está interrumpida por ahora después del cruce de vetos por ambas partes
Pedro Sánchez y Pablo Casado escenificaron el bloqueo de las conversaciones entre el Gobierno y el PP para renovar los órganos institucionales pendientes y, singularmente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las negociaciones no han terminado, esencialmente porque no hay alternativa a las mismas en estos momentos.
Como consecuencia de la falta de acuerdo que ambas partes constataron en la medianoche del viernes, Gobierno y PP plantearon ayer una ruptura que, sin embargo, no es total ni definitiva. Pero que sí arroja incertidumbre sobre el futuro inmediato.
El acercamiento entre ambas partes es profundo y ambos han asumido los costes como para romper tras pactar tan solo la renovación del Consejo de Administración de RTVE. La decisión de buscar estos acuerdos y de recomponer los puentes es firme. Pero no es sencillo porque se acumulan años de desconfianza.
«Líos internos» del Gobierno
Tras fracasar el jueves por la noche el último contacto entre Félix Bolaños y Teodoro García Egea, por la mañana, desde La Moncloa ya anticipaban que a lo largo del viernes sería «imposible» que se retomasen los contactos. Ya se estaba preparando la ruptura. El Gobierno convocaba de forma excepcional a la prensa con la excusa de una comparecencia posterior al Consejo Europeo.
Estaba claro que Sánchez quería hablar y no precisamente de ese foro. Poco antes, Pablo Casado había convocado al Comité de Dirección del PP para explicar las razones del bloqueo de las negociaciones y culpar a «los líos internos» del Gobierno. Uno en La Moncloa y otro en Génova, ambos escenificaron así la ruptura de un acuerdo que al comienzo de esta semana parecía encarrilado, aunque dejaron la puerta abierta a volver a sentarse a hablar.
El presidente del Gobierno cargó desde el primer momento en el Partido Popular la responsabilidad de que no haya podido haber un acuerdo. «Pensábamos que esta lógica de enfrentamiento y bloqueo se había acabado. Desgraciadamente no ha sido así», arrancaba Sánchez. El Gobierno considera «injustificado» que no se haya podido cerrar el pacto y señaló al líder de la oposición como responsable porque «unos días dicen una cosa y otros, la contraria». Sánchez desplegó una vez más esa retórica que ha establecido y en la que ser o no moderado tiene que ver única y exclusivamente con pactar con él.
El problema de fondo radica en que no se está logrando alcanzar un acuerdo triangular en el que los socialistas puedan vender a su socio de coalición que también están representados en el acuerdo.
Desde el PP reiteraron ayer tras la reunión de su Comité de Dirección que el problema se encuentra en la insistencia del Ejecutivo para incluir en el CGPJ a Victoria Rosell y a José Ricardo de Prada, dos nombres que el PP daba por descartados con el visto bueno, según Génova, del PSOE.
Los dos representarían la cuota que Unidas Podemos quiere vender como propia en el acuerdo. En el caso de Rosell, su inclusión en el órgano estaba descartada incluso por el Gobierno hace días porque actualmente es un cargo del Ejecutivo, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y su vinculación partidista, ha sido diputada de Podemos, es muy evidente.
Fuentes de la negociación apuntan a que volver a este nombre tiene una parte importante de «posición de fuerza» para que, al renunciar a ella, puedan lograr la aceptación de De Prada. El Gobierno recuerda que el PP ya aceptó este nombre en el frustrado acuerdo de 2018. Pero otras fuentes insisten en que la apuesta por ambos va en serio y culpan al PP de estar rechazando estos nombres para sostener «un relato mediático imposible», el de la exclusión de Unidas Podemos del acuerdo. Esta era una de las condiciones que puso Casado para sentarse a negociar. Su incumplimiento, avisan en el PP, imposibilita el acuerdo.
Equilibrios en Moncloa
La respuesta del Gobierno a este rechazo del PP está siendo la de señalar como problemática la inclusión en el órgano de Alejandro Abascal, por considerarlo claramente politizado y afín a Casado. Al final el mensaje que se traslada es el de un cruce de vetos.
Sánchez, obligado a hacer equilibrios entre su socio y la oposición, ha elegido congelar el acuerdo, y no desplazar a Pablo Iglesias del futuro pacto. En Unidas Podemos aseguran que esa posibilidad no se contempla, que eso pondría en jaque la coalición, y que Sánchez se comprometió con Iglesias a tener representación con dos vocales en el Consejo.
Se entra en un escenario de incer
tidumbre, ya que el presidente se ha instalado en la idea de que tiene que ser Casado quien debe «recapacitar», y renunciar a exigir que retire esos dos nombres conflictivos: «Hablar de vetos no es la manera de negociar el CGPJ, tendrán que preguntar al PP». Pero Sánchez tampoco quiso aclarar, pese a las reiteradas preguntas al respecto, el motivo que convierte a esos dos nombres en innegociables. Ni transmitió la sensación de que pueda renunciar a ellos.
La situación vuelve ahora al escenario de bloqueo previo. Y la incertidumbre aumenta porque el presidente no ha aclarado qué quiere hacer, más allá de apelar al PP para que «rectifique». Sí seguirá adelante la reforma para limitar los poderes del CGPJ y evitar que pueda hacer nombramientos estando en funciones. Pero el presidente apuntó ayer que no se plantea revisar la decisión que tomó de guardar en un cajón el proyecto para rebajar las mayorías para poder renovar el órgano. Por lo que sin acuerdo, el CGPJ seguirá con su mandato caducado pero, cuando se apruebe la reforma, con sus funciones recortadas.
Las condiciones del PP
En Génova, desde primera hora de la mañana se subrayó que la negociación se había roto «por ahora» e insistieron en que la pelota quedaba en el tejado de Sánchez. «Si nos llaman, hablaremos, pero nuestras condiciones siguen en pie», avisaron. Una de ellas es la exclusión de Podemos, pero otra es el compromiso para despolitizar la
Justicia y reforzar la independencia judicial.
En la reunión interna de los dirigentes del PP en Génova, insistieron en el mensaje de que el acuerdo debería servir para reforzar la independencia del Poder Judicial. Los populares advirtieron de que no aceptan la propuesta del PSOE «de permitir puertas giratorias entre política y Justicia», en referencia al caso de Rosell.
La dirección nacional del PP mostró su rechazo a que el juez De Prada sea vocal del CGPJ «porque sería un fraude de ley». «Ni ha sido elegido por sus compañeros dentro del turno judicial ni ha recogido avales para ello. No puede acceder al CGPJ por la puerta de atrás por el turno de juristas», aseguran desde el PP. El mensaje de Génova fue directo a La Moncloa: «Cuando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se aclaren en sus peleas internas, que nos llamen».
El secretario de Justicia del PP, Enrique López, quien ha negociado con el ministro Campo hasta que Bolaños y García Egea tomaron los mandos de las conversaciones, cree que existen dificultades que hacen imposible alcanzar cualquier tipo de acuerdo y culpó de ello al enfrentamiento entre Sánchez e Iglesias: «Ha hecho descarrilar el acuerdo».
López insistió en que el PP no consentirá que haya ninguna persona que haya realizado actividades políticas en el Consejo General del Poder Judicial. A partir de ahí, cuando el PSOE solvente sus problemas, apuntó, «que vuelva a llamar al PP».