DOS MILLONES DE AUTÓNOMOS Y PYMES, SIN AYUDAS POR DECRETO
Calviño logra el aval del Congreso entre críticas a su restrictivo plan de 7.000 millones en subvenciones directas que solo beneficiarán a 95 de 538 sectores
►El Gobierno logra salvar el decreto en el Congreso, pero la oposición en bloque le abronca por la exclusión de empresas y su tardanza
El Gobierno se pensó durante un año si debía o no seguir el camino de nuestros socios europeos y atendía la petición de auxilio de millones de pymes y autónomos con ayudas directas. Finalmente aprobó un paquete de 7.000 millones, una partida a la que muchos negocios no podrán acceder por las férreas condiciones de acceso y los requisitos sectoriales que se aplicarán para su concesión, lo que terminará por dejar fuera a dos millones de pymes y autónomos, denuncia Cepyme. «Más del 60% de los autónomos que han sufrido restricciones del Covid no tendrán acceso a las ayudas», avisa Lorenzo Amor, presidente de ATA. Y se pregunta: «¿Qué criterios se han seguido para que una casa de apuestas pueda acceder a estas ayudas y, sin embargo, autónomos y empresas que tienen centros de estética y peluquerías se queden fuera?».
Y muchos negocios quedarán fuera por no pertenecer a una de las 95 actividades fijadas por el Gobierno para recibir la inyección económica, requisito que Economía ha elaborando tomando como referencia los sectores que están haciendo más uso de los ERTE. Pero los afectados se defienden y apuntan que hay muchos negocios de autónomos y micropymes que no tienen trabajadores a su cargo y, por tanto, tampoco figuran en los ERTE, y que llevan sin facturar o arrastran una facturación muy menguada desde hace ya un año.
La exclusión diseñada por la vicepresidenta económica dejaría sin ayudas al 59% de las empresas en Madrid y al 56% de las de Cataluña, denuncia la patronal que dirige Gerardo Cuerva.
Dañaría actividades afectadas por la falta de turismo así como por la contención del consumo. Peluquerías, centros de estética, autoescuelas, academias, formación no reglada, comercios de souvenirs, decoración, repuestos de automóvil, talleres mecánicos, alquileres de bicis, bodegas, jugueterías, floristerías, actividades artísticas y literarias, entre otros. Todos se han movilizado para que el Ejecutivo elimine el criterio de actividad y se ajuste solo a la merma sufrida en esa actividad. Ahora se van a producir situaciones como que, por ejemplo, los negocios de alquiler de coches reciban cobertura, pero no los de bicicletas. O que se proteja al turismo, pero no a las empresas de venta de souvenirs, fuertemente lastradas por la sequía de turistas.
El filtro impuesto por Economía exige haber sufrido una caída mayor al 30% en la facturación, no haber registrado pérdidas en 2019, ni haber comenzado un proceso concursal y estar al corriente de sus pagos con el Fisco y la Seguridad Social. Requisito que está provocando que pymes y autónomos que tuvieron pérdidas simbólicas el año anterior a la pandemia, pero se siguen operativas en 2020 y 2021, queden también fuera de la red de ayudas. Una situación que ayer denunciaron las agencias de viajes, también excluidas de los fondos de Sánchez.
El malestar del mundo económico se pudo escuchar también ayer en el pleno del Congreso a través de las críticas unánimes de la oposición a la vicepresidenta Calviño, encargada de defender ayer el decreto de ayudas para su convalidación. En su intervención, la ministra abrió la puerta a ampliar a más sectores el acceso a estas ayudas y explicó que el filtro se hizo con el análisis de datos al cierre de febrero, pero que «la realidad es dinámica». «Cuentan con nuestra disposición para valorar la ampliación del listado a sectores que en el futuro puedan cumplir los requisitos establecidos», dijo. Y mostró su compromiso en mantener todas las ayudas, incluidas las ya desplegadas como los ERTE, durante todo el año «y todo el tiempo que sea necesario».
No consiguió, sin embargo, evitar un fuerte rapapolvo. Y lo que teóricamente tenía que haber sido la convalidación con consenso generalizado del esperado plan de ayudas se tornó en una cascada de críticas y reproches de los grupos a unos estímulos que «no llegan tarde, sino tardísimo», «son claramente insuficientes» y «dejan fuera a miles de empresas afectadas». El Gobierno logró así una convalidación agridulce del plan con el voto favorable de PSOE, Unidas Podemos y ERC; la abstención de PNV, PP y Ciudadanos, y el ‘no’ de Vox.
Todos los grupos están de acuerdo en dar ayudas directas a las empresas para no destruir el tejido productivo, la crítica llega por la exclusión de muchas empresas, que se quedarán fuera por no pertenecer a las actividades seleccionadas en el real decreto ley.
El Gobierno era consciente estos días atrás del malestar en los grupos
Las críticas «¿Qué criterios se han seguido para que una casa de apuestas tenga ayudas y una peluquería no?», dice Lorenzo Amor
y, de hecho, Calviño optó por ponerse la venda antes de la herida. En su discurso reconoció «ser consciente» de que otros sectores aparte de los directamente beneficiados por el decreto «están pasándolo mal», pero se escudó en «criterios objetivos» del impacto de la pandemia. Entre la oposición, una de las palabras que más se escucharon en la Cámara Baja fue «responsabilidad», a la que se agarraron muchos grupos para justificar su abstención y hasta su apoyo.
Desde las filas populares, la diputada Elvira Rodríguez defendió que votaban abstención por «responsabilidad» a pesar del «retraso» del decreto, que «deja fuera a muchos sectores» y que establece un «trámite complejo» para que las comunidades canalicen las ayudas. «Únicamente 95 de las 538 ramas de actividad podrán recibir ayudas directas: 355.713 empresas de 2,2 millones y uno de cada tres autónomos», se lamentó.
Muy duro se mostró el PNV. Su diputada Idoia Sagastizábal afeó al Ejecutivo su falta de negociación y su estrategia de colocar a los grupos ante «la disyuntiva del todo o nada». Otro de los grandes apoyos parlamentarios del Gobierno, ERC, le afeó tanto los tiempos como el fondo de la norma, aunque también ha tirado de «responsabilidad» para argumentar su ‘sí’. «Llega tarde y mal», dijo el diputado Joan Capdevila, que destacó que la norma se aprueba un año después de que estallara la crisis y tras «presiones por todos los lados».