Convergència y el PDECat, a juicio por las mordidas del 3%

La Audiencia Nacional ha echado por tierra las pretensiones de los partidos Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y de su refundación, el PDECat, de driblar el banquillo de los acusados por el caso de corrupción del 3%. Tampoco podrá evitar el juicio el exconsejero de Justicia de la Generalitat Germà Gordó, supuesto líder de esta trama para nutrir las arcas convergentes ilegalmente a base de mordidas cobradas a empresarios a cambio de adjudicaciones de obras.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hizo ayer públicas tres resoluciones que rechazan los recursos presentados por los dos partidos y el exconsejero convergente contra el auto del juez José de la Mata que proponía juzgar a un total de 31 personas y 16 entidades jurídicas por esta trama. La sala tiene aún otros siete recursos por resolver de varios de los investigados.

Lo que investiga la Audiencia Nacional es, concretamente, una supuesta red de altos cargos conver

gentes que, entre 2008 y 2015, cuando el partido lo presidía Artur Mas, llevaba un control exhaustivo de las licitaciones de obras públicas que manejaban las instituciones que controlaba el partido. Estos dirigentes, presuntamente encabezados por Gordó, se concertaron, por una parte, con funcionarios de dichas instituciones, y, por otro, con algunos empresarios –especialmente constructores– para alterar los concursos públicos a cambio de regalos y comisiones irregulares. Estos pagos se camuflaban como supuestas donaciones a fundaciones afines a Convergència –Catdem y Fórum Barcelona–, y finalmente el dinero se desviaban a las arcas del partido de Mas.

Esta práctica corrupta quedó probada en el conocido caso del Palau de la Música. La sentencia, ya firme, dejó negro sobre blanco que Convergència había recibido de Ferrovial –usando esa institución como «cañería», tal y como lo definió el fiscal– al menos 6, 6 millones de euros en mordidas. Ahora, en el caso 3 % –bautizado así por el porcentaje de comisiones en algunas operaciones– deberá dilucidarse si el ‘modus operandi’ del Palau se replicó con otros constructores y actores. Además de Gordó, están imputados en la causa el extesorero el partido Andreu Viloca y su antecesor, Daniel Osàcar, ya condenado por el caso Palau.

El partido de Artur Mas

Fue a partir de aquella causa del Palau que el partido que dirigía Mas trató de lavar su imagen y sacudirse el peso de la corrupción refundándose en una nueva formación política, que bautizaron como PDECat. Pese a que sus dirigentes eran los mismos, estos se desentendieron de las siglas convergentes, no solo políticamente, sino que lo intentaron también jurídicamente. En este último terreno parece que no lo han conseguido, pues la Sala, en la resolución conocida ayer, deja claro que existen sólidos indicios de que el PDCat se creó en julio de 2016 para, precisamente, desvincularse de responsabilidades criminales. Ambas formaciones, según el juez instructor, guardan una «identidad sustancial» en su «estructura, funcionamiento, recursos humanos y materiales».

El tribunal también desestima el recurso de Convergència –que reducía la causa a unas contadas reuniones y donaciones–, y confirma que esas operaciones supuestamente ilegales se pusieron en práctica «en numerosas ocasiones» y «con el mismo patrón de comportamiento». Su presunto ideólogo fue Gordó, señalado además en una declaración judicial por el octogenario Osàcar, único cargo convergente que había sufrido las consecuencias penales del caso Palau. Osàcar también sugirió que Mas, si despachaba habitualmente con Gordó, debía estar enterado de los tejemanejes del exconsejero. La Justicia, sin embargo, todavía no ha podido demostrarlo.

El mismo partido

El juez ve claro que Convergència se refundó en el PDECat para intentar sortear responsabilidades