Los mapuches desentierran su hacha de guerra
La reclamación de tierras de los indígenas en Chile es aprovechada por grupos violentos para imponer el terror contra los ‘colonos’ apoyándose en el contrabando, el narcotráfico y conexiones con grupos como ETA o las FARC
«Cerca de la una de la madrugada me llamó mi madre sollozando. Estaban atacando la casa y mi padre estaba herido de bala. Fui directo a toda velocidad. Antes de llegar vi el humo. La vivienda estaba en llamas. Buscamos a mis padres por los alrededores. Pensamos que, como en otros asaltos, estarían retenidos o los habían secuestrado. A las cuatro de la mañana descubrieron dos cuerpos carbonizados entre los escombros. Eran los de ellos». El caso del matrimonio Werner Luchsinger y Vivian Mackay, que recuerda su hijo Jorge Andrés, está considerado el más cruel que llevaron a cabo grupos rebeldes mapuches. Aquel episodio contra la pareja de agricultores, emblemático, sucedió el
4 de enero de 2013 pero no fue ni sería el único. Prácticamente a diario, sin importar la pandemia de coronavirus, se suceden en Chile las noticias de extorsiones, corte de carreteras generales, incendios de camiones, atentados con explosivos a instalaciones eléctricas, templos religiosos y ocupación de terrenos, a manos de un reducido ejército de indígenas mapuches, con demandas que van desde la recuperación de tierras ancestrales a la autodeterminación.
Solo entre enero y marzo quemaron medio centenar de camiones y furgonetas, una veintena de casas y cabañas, tres fábricas y una parroquia. ‘Weichan Auka Mapu’, ‘Resistencia mapuche Lavkenche’, Organización de Resistencia Territorial y brazo armado de la Coordinadora Arauco-Malleco, son algunas de las organizaciones que estarían detrás de este tipo de hechos. Los objetivos, mayoritariamente, se dan en las regiones de la Araucanía y Biobio, al sur de Chile.
El ‘conflicto’ o declaración de guerra de estos grupos a los ‘colonos’ –como se refieren despectivamente a los agricultores– está atravesado por el narcotráfico y el robo de madera. En este escenario, entre las víctimas de la barbarie se cuentan también comunidades enteras de mapuches sometidos y amenazados por los violentos que operan al margen de la ley. Son los llamados ‘yanaconas’, considerados traidores a su pueblo por elegir una convivencia en paz y trabajar o colaborar con los enemigos declarados: ganaderos, agricultores, latifundistas, pequeñas, medianas y grandes empresas forestales.
A principios de la semana pasada, el lunes 5 de abril, la policía detuvo en su domicilio a un funcionario judicial de la ciudad de Traiguén (Araucanía) y se incautó de un arsenal de municiones, armas cortas y largas y explosivos. El episodio volvió a abrir la polémica sobre el papel que desempeña en la zona un poder judicial bajo sospecha para los damnificados por los ataques. «El Estado de Derecho no existe en esta zona», lamenta Andrés Montero, director de la Sociedad Nacional de Agricultura. «La permisividad de los jueces y la legislación favorecen la impunidad. Hay territorios donde ni la policía puede entrar y se asume con naturalidad», insiste. «Los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, son cómplices. Se pasan la papa caliente entre ellos mientras el 98 por ciento de los casos quedan impunes», asegura Luchsinger.
Financiación internacional
Algunos damnificados, «también mapuches –observa este ingeniero– se agrupan en la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural». Otros se suman a las filas de la Asociación para la Paz y la Reconciliación en la Araucanía, pero «a corto plazo –lamenta– no veo que esto tenga solución». El horizonte se complica desde que reciben «financiación de ONG internacionales. Cuando llegan, los dirigentes esconden sus camionetas de alta gama para simular pobreza y reciben un chorro de plata pero no llega a la comunidad». En la comuna (municipio) de Tirúa, el 27 de marzo pasado, un equipo de Televisión Nacional de Chile (TVN) fue acribillado a balazos cuando se dirigía a entrevistar al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul. El cámara, Esteban Sánchez, recibió cinco impactos y perdió la visión de un ojo. Intentar arrojar luz sobre ‘el conflicto mapuche’ es un desafío arriesgado y de difícil cumplimiento.
«Estas poblaciones no se han beneficiado del desarrollo del país. Algunos viven en zonas muy pobres, con falta de servicios públicos, escasez de agua, educación y desnutrición. Es cierto que han sufrido mucho pero la situación de violencia es insoportable», observa Jorge Andrés Luchsinger. «El problema –añade– no son ellos sino sus dirigentes, que los manipulan». El Estado «expropia esas tierras y se las entrega en usufructo pero el proceso no va acompañado de capacitación y maquinaria para que aprendan a explotarlas», reflexiona.
Violeta Parra cantaba a los ‘indios’, en ‘Arauco tienen una pena’, que «no son los españoles los que les hacen llorar, hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan…». El pueblo mapuche fue el único en Chile que se resistió a la conquista. Aquella batalla terminó con una cesión de facto del Virreinato, del sur del río Biobio. Con la independencia, esa idea de ‘plurinacionalidad’ o de estados paralelos, desapareció y Chile se convirtió en un país unitario. «Los indígenas se quejan de que les engañaron para arreba
tarles sus tierras, que las entregaron porque fueron extorsionados o se aprovecharon de ellos y se retrotraen a esa época. Es la historia de nunca acabar porque ¿dónde pones el límite?», se pregunta Andrés Montero, descendiente de Teodoro Smith, fundador de Temuco, capital de la Araucanía.
Según el último censo de 2017, el 12,7 por ciento de la población se considera indígena. Hay quechuas, atacameños, diaguitas… pero los mapuches (o mapuche en su lengua) son mayoría. «Hace unos años –recuerda Montero– sólo el 4,5 se consideraba mapuche. Hoy, basta con tener un sexto apellido o aceptar la cosmología indígena para que se les reconozca y puedan reclamar territorios que consideran propios», los denominan ‘wallmapu’, que abarcan una basta zona del sur de Chile. El primer presidente de la democracia (1990), Patricio Aylwin, impulsó la ley indígena para compensar a estos pueblos. Fue el principio del proceso de entrega de tierras a modo de reparación pero la forma en que se implementó la ley es lo que muchos consideran hoy que facilitó el ‘terrorismo rural’.
«Hay más de 380 comunidades mapuches pacíficas que viven y proclaman progreso con dignidad», defienden las empresas forestales que, en general, reconocen que han sido marginadas y existe escaso orgullo nacional sobre su cultura, idioma, historia y raíces. Los que abrazan la violencia se agrupan, en colectivos como la Organización de Recuperación Territorial. Diferentes estimaciones calculan que no son más de doscientas personas. Los consideran ‘rasca’, grupos de medio pelo, pero que están perfectamente pertrechados. Siempre lo rechazaron pero se les vinculó con ETA y las FARC, la guerrilla que supuestamente les habría facilitado adiestramiento, y algunos dirigentes afines fueron recibidos en Venezuela por Diosdado Cabello y el núcleo fuerte del Gobierno de Maduro.
Discriminación positiva
Las elecciones de convencionales constituyentes, aplazadas al 15 y 16 de mayo, reservan 15 de los 155 escaños para los pueblos indígenas. La propuesta no encuentra el consenso de todos. Luis Mayol, exministro y exintendente (delegado del Gobierno) en la Araucanía, lo defiende. «Es una discriminación positiva transitoria. Una vez que se logre el punto de equilibrio, no habrá necesidad de sostener esa excepcionalidad. El modelo a seguir es el de Nueva Zelanda con los maoríes. Finalmente, fueron ellos los que pidieron que se acabara con ese trato especial». Mayol es optimista: «Los mapuches no tienen estructura piramidal. No hay un líder que sirva como interlocutor válido. Existen 1.800 comunidades y otros tantos ‘loncos’ (dirigentes). Esta particularidad hace muy difícil llegar a acuerdos válidos pero, una vez que ocupen sus escaños y sean elegidos democráticamente por ellos mismos, el escenario de negociación estará claro y reconocido por sus pares», asegura. Dicho esto, reconoce, «siempre habrá una minoría violenta que se resistirá». «El problema es que, al amparo de la ley surgieron centenares de comunidades. Porque basta con que sean diez para que sean reconocidas», recuerda Andrés Montero.
La futura Carta Magna definirá su estatus. A ésta se llega después de las revueltas de octubre de 2019 que siguieron coleando hasta este año. Entre el vandalismo y las manifestaciones tomó protagonismo la bandera mapuche, estandarte de reciente creación. Soledad Pino, encargada de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca en Santiago de Chile, analiza, la ‘wenüfuye’ como expresión del descontento social. La consideraron un símbolo del impulso cuestio
nador que se ha visto en la causa mapuche y se identificó con la exclusión y marginación social que fueron el detonante del estallido social».
Aquella bandera pareció concentrar todas las demandas de la sociedad. Algo parecido, salvando las enormes distancias, al fenómeno original de los indignados, aunque los representantes de estos pueblos originarios se identifiquen más con partidos nacionalistas como el BNG de Galicia o Esquerra Republicana. En las demandas de ‘independencia’ es donde los gobiernos difícilmente pueden encontrar solución. «Por un lado quieren que el Estado les entregue tierras y al mismo tiempo separarse de ese Estado», observa Luchsinger. Además, «consideran que su nación alcanza la Patagonia argentina». Los vínculos entre mapuches de un lado y otro de la cordillera son conocidos, aunque en Argentina, hasta ahora, su actividad se reduce a contadas ocupaciones de tierras, incendios y altercados aislados.
Héctor Llaitul, antiguo líder de la CAM (Coordinadora Arauco Malleco) declaraba al periodista de Efe Manuel Fuentes, desde prisión: «Queremos la misma autonomía que tienen los vascos y los catalanes en España». Acusado de asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado, robo con intimidación y atentado a la autoridad, desde la cárcel de ‘El Manzano’, 520 kilómetros al sur de Santiago, aseguraba entonces que los mapuches «siguen con la bota militar en el cuello, perseguidos y castigados por las mismas leyes que en la dictadura de Pinochet».
Ironías de la historia, los Consejos Regionales Mapuches de 1989 fueron los que distinguieron al dictador, que se mantuvo 17 años en el poder, como ‘Ulmen Füta Lonko’ o ‘gran autoridad’.
Postura radical
Aucan Huilcamán Paillama, ‘werken’ (portavoz) y uno de los fundadores del Consejo de Todas las Tierras, propuso un referéndum para que en territorios mapuches se prohibiera la entrada a los que no lo sean. Su posición es una de las más radicales. Defiende también que el ‘mapudungún’, idioma mapuche, sea obligatorio.
«Complicado» y «difícil» son los términos que se repiten con mayor frecuencia cuando se pregunta cuál es la solución a un problema histórico de creciente violencia. En este laberinto de indígenas verdaderos, falsos, descendientes de colonos y chilenos sin más, las fuerzas de seguridad también han sido víctimas y victimarios. El 7 de enero, en un registro con ochocientos agentes donde se incautó una tonelada de cannabis y armamento, fue asesinado de un tiro en la nuca el inspector de la Policía de Investigaciones Luis Morales Balcázar. Heridos y bajas se suceden, pero también episodios de intervenciones ilícitas como la Operación Huracán, que provocó la dimisión de los generales Bruno Villalobos y Gonzalo Blu, al destaparse la fabricación de pruebas falsas para incriminar a ocho ‘comuneros mapuches’, tal y como se denomina a los miembros de estas comunidades.
El robo de rollizos de madera asoma como una de sus principales fuentes de financiación. Se calcula que afecta a 92.000 personas. «El pasado año se contabilizaron más de dos mil delitos con violencia en las regiones de Biobio y la Araucanía aunque ya se extiende a una tercera, la de Los Lagos». No obstante, Juan José Ugarte, presidente de Corporación de la Madera (Corma) que reúne a más de 190 pequeños, medianos y grandes productores forestales, rechaza esa premisa. «No vinculamos la delincuencia al pueblo mapuche. Compartimos territorio con ellos, trato con más de mil comunidades, mantenemos un diálogo fluido, trabajamos juntos en proyectos de turismo y desarrollo. Tenemos una agenda de convivencia a largo plazo». No obstante, reconoce que «hay grupos
Reivindicaciones «Queremos la misma autonomía que tienen los vascos y catalanes en España», exigía un exlíder
Un ejército de indígenas Las noticias de extorsiones, ataques con explosivos y cortes de carretera se suceden casi a diario
descolgados» y hace balance de las pérdidas: «60 ó 70 millones de dólares al año». «Tenemos identificados a ocho grupos organizados. Es una red equipada con transmisiones satelitales, camiones tecnológicos y guardias bien pertrechados, entrenados y armados. Es una organización criminal compleja».
Endurecer las penas
¿Cómo resolver ese problema? «Proponemos que permitan al sector privado emitir un certificado de legalidad de venta de madera. El 80 por ciento son pinos y eucaliptos que se comercian con documentos falsos y hasta se exportan sin que la inspección aprecie el fraude», explica. El jueves se abordará en la Cámara de Diputados un proyecto de ley –rechazado en otras ocasiones– para endurecer las penas y reforzar los recursos de los agentes.
Al presidente Piñera le reprochan falta de voluntad para atajar el problema con mano firme. «El Gobierno quiere terminar sin que haya un muerto y por eso prefiere estar ausente a afrontar el problema», coinciden la mayoría.
Jorge Andrés Luchsinger recuerda que sus padres nunca recibieron amenazas antes de que ese grupo de «unos once encapuchados, vestidos de negro y equipados con indumentaria de asalto, prendiera fuego a su casa con ellos dentro». Durante los juicios (hubo tres) jamás escuchó una palabra de arrepentimiento o de perdón, «tampoco proclamaron su inocencia. Eligieron no decir una palabra. El silencio».