Los fiscales llevan la «arbitrariedad» de Delgado ante el juez

La asociación mayoritaria denuncia que la fiscal general del Estado se salta los procedimientos

MADRID

La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, presentará en los próximos días un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa para denunciar la «arbitrariedad» de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en su decisión de nombrar al fiscal del Supremo Javier Zaragoza delegado en el Campo de Gibraltar. Los fiscales sostienen que este puesto, que Delgado adjudicó por decreto de 15 de marzo al que antaño fuera su jefe en la Audiencia Nacional, se solapa con funciones de la Fiscalía especializada de Antidroga, tal y como denunció el propio fiscal jefe de esta unidad. José Manuel Noreña recurrió esta decisión al considerarla «ilegal, improcedente y nula de pleno derecho», pues se llevó a cabo «sin concurso interno, evaluación ni justificación alguna».

Fuentes de la AF señalaron a ABC que se trata de que la justicia determine si ese nombramiento se ha efectuado sin respetar las funciones que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal reserva a la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional. Y es que como ponía de manifiesto el propio Noreña en su denuncia ante la fiscal general, esa designación no tiene amparo en el estatuto de la carrera, que aunque establece que el fiscal general del Estado podrá delegar a los fiscales de sala funciones relacionadas con la materia propia de su competencia, «en ningún caso prevé la posibilidad de nombrar un delegado cuyas funciones coincidan plenamente con las de una sola Fiscalía».

Noreña apuntaba, además, que las «órdenes imprecisas» que recoge el decreto sobre Javier Zaragoza, hablando de coordinación sin precisar en qué modo se integrará en Antidroga o qué posición jerárquica ostentará, coinciden «plenamente con las competencias de coordinación» que le corresponden a él por disposición legal. «Se produce un auténtico solapamiento o práctica identidad de competencias del firmante», añadía aquel escrito.

A juicio del fiscal jefe, «desde una perspectiva formal», el decreto «se considera ilegal porque se ha dictado prescindiendo total y absolutamente de cualquier procedimiento», a diferencia de lo que ha hecho Antidroga cuando ha debido reforzar la lucha contra el narcotráfico en la Bahía de Algeciras en línea con el Plan Especial del Gobierno para esta zona, convocando concursos internos y siguiendo el procedimiento.

Esta decisión es solo una de las muchas que han causado malestar en la Fiscalía en los últimos meses y la primera que la Asociación de Fiscales lleva a los tribunales. Los nombramientos sistemáticos en los últimos consejos fiscales de personas del entorno de la asociación minoritaria a la que la propia Delgado pertenece –la Unión Progresista de Fiscales (UPF)– ha puesto en pie de guerra a la carrera que, según ha podido saber ABC de fuentes fiscales, ya no está dispuesta a denunciar este atropello a través de notas y comunicados, sino que piensa llevar cada decisión que considere arbitraria a los tribunales, como va a hacer en esta ocasión con el citado nombramiento en Antidroga.

Esa indignación con la fiscal general ha crecido sobre todo en los últimos meses, cuando, una vez pasado el confinamiento y después del verano, los vocales de la UPF en el Consejo Fiscal han votado sistemáticamente al candidato que quería Delgado en las distintas jefaturas de fiscalías especializadas. El objetivo, denuncian, es tomar la Junta de Fiscales, que componen una treintena de fiscales de sala que asesoran a la fiscal general en materia doctrinal y técnica. Ahora está integrada por 14 representantes de la UPF, 7 de la AF y 9 independientes. La proporción es llamativa si se tiene en cuenta que de los 2.553, unos 250 son de la UPF (un 9,7 por ciento) y unos 550 (un 22 por ciento) de la AF. Dos tercios de la carrera no están afiliados.

Fuentes del Ministerio Público se muestran molestas con el movimiento de piezas que está llevando a cabo Delgado en determinadas jefaturas para que sean ocupadas ‘ad hoc’ por cargos de la UPF, que de otra forma no podrían acceder a la categoría de fiscal de sala. La AF critica que Delgado no reasigne las nuevas plazas a fiscales de sala que ya existen y que haya decidido proponer para esos puestos a fiscales de segunda categoría. Hace unos días sacó a concurso otras veinte plazas discrecionales.