El Cermi pide al Defensor del Pueblo que recurra la ley de Eutanasia ante el Constitucional
El Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) ha solicitado formalmente al Defensor del Pueblo que interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, aprobada el pasado 18 de marzo en el Congreso de los Diputados.
Según este organismo, la nueva prestación de ayuda a morir «incurre en discriminación por razón de discapacidad» al permitir la eutanasia a personas que «sufren» un «padecimiento imposibilitante». Una situación que, según critican, «hace referencia a personas afectadas por limitaciones sobre su autonomía física». Para el Cermi, «este señalamiento innecesario» hace pensar que la eutanasia es «una práctica o prestación particularmente conectada con determinadas personas con discapacidad, cuando debería ser estrictamente neutra sin consideraciones de este tipo, que suponen discriminación indirecta prohibida». Por ello, el Cermi ha presentado una solicitud oficial al Defensor del Pueblo, ya que esta institución es «una de las pocas legitimadas para interponer recurso de inconstitucionalidad contra una ley de las Cortes Generales».
Más recursos en marcha
Tanto Vox como PP están estudiando también un recurso ante el TC. En la misma línea, un grupo de médicos y especialistas en Bioética han puesto en marcha una campaña para pedir al máximo tribunal la paralización del nuevo derecho a morir. Desde el pasado 6 de abril, han conseguido casi 48.000 firmas. La misiva está firmada por Salvador González Barón, catedrático emérito de Fisiología Humana de la Universidad de Málaga; Manuel González Barón, director honorario de la cátedra de Oncología y Medicina Paliativa y jefe jubilado del servicio de Oncología Médica del Hospital La Paz; Manuel García del Río, profesor titular de Pediatría de la Universidad de Málaga; y Álvaro Gándara del Castillo, jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid.
En su escrito recuerdan que esta ley es «profundamente injusta», pues crea «una situación de inseguridad jurídica sin precedentes para las personas más frágiles» y destacan que es «incompatible» con lo que recoge la Constitución Española (artículo 15) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.