El alto precio que pagaron los estudiantes que plantaron cara al régimen de Ortega
Los jóvenes fueron un pilar de la insurrección cívica de 2018 en el país centroamericano, pero las duras represalias del Gobierno –la cárcel o la purga en las universidades– ensombrecieron su futuro
«Los jóvenes volverán a las calles de Nicaragua para hacer historia». Esta frase premonitoria salió de los labios de Ernesto Cardenal, en 2008, durante una entrevista realizada por Daniel Rodríguez Moya para un medio español. Para entonces, hacía ya muchos años que el sacerdote y poeta, quien ocupara el cargo de ministro de Cultura en el primer gobierno sandinista de Daniel Ortega (1985-1990), ya había caído en el desencanto de la revolución –abandonó el FSLN en 1994–. También lo hicieron poco a poco otros compañeros ideológicos, como la poeta Gioconda Belli o el escritor Sergio Ramírez, que ocupó el cargo de vicepresidente en ese primer mandato de Ortega, que perdería el poder en 1990, en las elecciones frente a Violeta Chamarro. Pero el líder sandinista lo recuperaría, tras una elecciones fraudulentas y algunos pactos contranatura, en 2006. Una década después, el presunto libertador de la dictadura de Somoza se había convertido en un nuevo caudillo para el pueblo de Nicaragua.
El vaticinio de Cardenal se cumplió el 18 de abril de 2018, cuando los jóvenes y los universitarios se echaron a la calle para proteger a sus mayores, golpeados por las fuerzas de seguridad por protestar contra la reforma de la Seguridad Social aprobada por el Gobierno, que recortaba sus pensiones. Y la maquinaria represiva apuntó entonces contra ellos: policía, francotiradores, paramilitares y armamento pesado fueron utilizados para silenciarlos. Un día después, el 19 de abril, se produjeron los primeros muertos.
Y en su memoria nacería el Movimiento Universitario 19 de abril, un grupo estudiantil opositor que, junto a otras organizaciones, articuló las protestas durante los meses siguientes.
Una tormenta perfecta
En auxilio de los jóvenes también salieron a las calles los campesinos, que llevaban años con un pleito abierto contra el Gobierno por haber expropiado sus tierras para construir un canal interoceánico, que nunca se llegó a construir. La dura represión del Gobierno hizo estallar el malestar larvado durante años. Y a la insurreción cívica y pacífica se sumaron también otros colectivos: feministas, LGTB... Y así se dio una «tormenta perfecta» en un país en el que latía de manera soterrada desde hace años el rechazo hacia las políticas de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, vicepresidenta del país. Fue ella, según explica a ABC Rodríguez Moya, autor del documental ‘Nicaragua, patria libre para vivir’, quien dio la orden de disparar con fuego real. «Murillo, que no tiene escrúpulos de ningún tipo, es la que mueve los hilos de la represión. Cuando sucede la insurrección de abril, Ortega estaba en Cuba tratándose de una enfermedad. Ella es quien da las órdenes. Quiso mandar un mensaje de dureza, y se le fue de las manos».
Las protestas se prolongaron durante cuatro meses, dejando un balance de 328 muertos y más de un centenar de presos políticos, según los datos recogidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en diciembre de 2020. Otras ONG elevaban la cifra de fallecidos a quinientos.
De esos números, los jóvenes se llevaron el mayor porcentaje. Meses después también fueron ellos los que pagaron un alto precio: muchos fueron expulsados de las universidades y sus notas fueron borradas, otros tuvieron que esconderse en casas de seguridad para evitar ser detenidos –muchos fueron encarcelados, acusados de terrorismo con cargos fabricados– y otros se vieron obligados a huir del país (el número de exiliados nicaragüense desde las protestas supera los 100.000).
A pesar de que la nueva generación de jóvenes había sido tildada de acomodaticia y poco comprometida social y políticamente, el malestar existía y se manifestaba «en voz baja» en algunos foros, reconoce Álex Hernández, uno de los estudiantes que participan en el documental de Rodríguez Moya. «Los jóvenes somos críticos, pero el mismo régimen ha querido sesgar nuestra conciencia», asevera otro líder estudiantil, Jean Carlos López. La falta de autonomía en las universidades públicas, sometidas a los dogmas del Gobierno y a las organizaciones estudiantiles afines a él, como el UNEN (el Movimiento estudiantil universitario nicaragüense), habían generado ya el enfado de los estudiantes, que explotó el 18 de abril con unas protestas que buscaban acabar «con once años de secuestro de la democracia, de la libertad y de la autonomía», señala Lesther Alemán, otro líder estudiantil.
El volcán de Nicaragua
«El malestar de los jóvenes se fue fraguando poco a poco. A mí me gusta la metáfora del volcán en Nicaragua –afirma Rodríguez Moya–, porque refleja perfectamente la sociedad nicaragüense. En él, la lava son los jóvenes. Una lava con periodos calmados, pero que en cualquier momento puede provocar una explosión. Y yo creo que esa explosión, si no salen los jóvenes en abril, no se habría producido. Los estudiantes son los que catalizan al resto de movimientos sociales. Y son a ellos a los que realmente teme el Gobierno», opina. «No nos olvidemos –continúa– de dónde viene la revolución sandinista: de los estudiantes de los 70. El frente surge en las universidades. Creo que en 2018 se dieron cuenta de que si los estudiantes se ponían al frente de la revuelta, la situación se podía desestabilizar para el régimen. Ahí les entró el miedo y decidieron ir con todo: paramilitares, armas de guerra, represión al máximo nivel... para pararlo antes de que les llevara por delante».
El documental fue grabado en agosto de 2018, «en el contexto de represión casa por casa, buscando a los principales líderes de cada sector, cuando ya ha
bían pasado los tanques y la matanza de la ‘operación limpieza’. Gran parte de los estudiantes estaban entonces escondidos en casas de seguridad. A los pocos días de grabar, algunos de ellos fueron detenidos», explica su director. El filme se completó a mediados de 2019 en Costa Rica, donde fueron entrevistados algunos jóvenes que se exiliaron allí huyendo de la represión.
El estreno del documental tuvo lugar en París en 2020, pero la llegada del Covid-19 obligó a cancelar su presentación en España, así como una gira por EE.UU. «Lo terrible –señala Rodríguez Moya– es que un año después algunos datos no han cambiado, como el de los presos políticos, que siguen siendo más de un centenar. Todo lo que se cuenta en el filme tiene la misma vigencia».
Un velo de normalidad parece haberse impuesto sobre la crisis política, social y económica que sufre Nicaragua, que ha desaparecido por completo de la agenda de los medios internacionales. Es para recordar la situación dramática que vive el país centroamericano por lo que ‘Nicaragua, patria libre para vivir’ sale ahora del cajón al que se vio confinado el año pasado.
Poeta y periodista, Daniel Rodríguez Moya (Granada, 1976) confiesa que decidió llevar adelante este proyecto por el «amor» que siente por Nicaragua, país al que le unen lazos familiares (está casado con una nicaragüense). Atraído por la patria de grandes poetas, reconoce que también se sintió seducido por lo que fue en sus orígenes la revolución sandinista. Sin embargo, hoy es otro desencantado que denuncia, a través de su filme, los abusos y la represión del régimen de Ortega. Reconoce que «uno de los hándicaps para ver realmente lo que sucede en Nicaragua –que no es más que una dictadura populista– es que hay un sector de la izquierda más reaccionaria, que se quedó antes de la caída del Muro, que ve a Nicaragua todavía como el país de la revolución, de la que ya no queda nada», subraya.
Rodríguez Moya realiza en su documental un recorrido por la revolución sandinista y la trayectoria de Ortega para explicar su declive, la perversión de sus ideales y las causas que desencadenaron las protestas de 2018, en las que los jóvenes fueron protagonistas pero también quienes han pagado un precio más alto al intentar que Ortega no continuara en el poder, exigiendo elecciones anticipadas. No lo lograron, pues se celebrarán el próximo mes de noviembre, como estaba previsto.
Expulsiones y ‘listas rojas’
En agosto de 2018, cuando se habían calmado las protestas, los estudiantes volvieron a reintegrarse a sus centros universitarios. Pero no todos pudieron hacerlo. Según el CIDH, al menos 144 estudiantes fueron expulsados de los centros, y despedidos 108 docentes y personal administrativo. Se les acusaba de una falta «muy grave», que escondía tras de sí un castigo por haber participado en las protestas. Fue una decisión ilegal que no se ajustaba a los propios protocolos de la Universidad. Muchos señalan a la UNEN, brazo político del régimen de Ortega en las universidades –y quien se ocupa de dar favores a los estudiantes afines que participan en las marchas progubernamentales–, como responsable de confeccionar unas ‘listas rojas’ con los nombres de aquellos que debían ser expulsados. Así queda recogido en un informe publicado el pasado marzo (’Libro blanco. Las evidencias de un Estado totalitario: violaciones de los derechos humanos en universidades públicas de Nicaragua’), que denuncia el mecanismo doctrinario y represivo del régimen.
Mayling Cortez, es uno de esos estudiantes expulsados. Tenía 19 años cuando estallaron las protestas. Cursaba tercer año de