Las empresas se resisten a dejar atrás los teléfonos de pago 902

Más de 30.000 compañías se enfrentan a multas de hasta 600.000 euros

Sánchez. «También incumplen las empresas que no son de servicios básicos de interés general y no habilitan el fijo geográfico o el móvil y al final solo publicitan el 902 o el 901».

Costes elevados

Otro de los desincentivos para las compañías consideradas de interés general tiene que ver con el coste tan elevado que supone un teléfono gratuito. Aunque la instalación de la línea no conlleva ningún recargo adicional, la cuantía final sí depende del número de llamadas entrantes, que probablemente aumentarán si tienen un precio cero para el consumidor. El coste final puede suponer unos 1.000 euros anuales para una empresa pequeña, pero ascender a más de 100.000 euros para las grandes, según datos del operador de telecomunicaciones Dialoga Group. «Es un proceso que supone un cambio en la estructura de costes y no es una medida fácil de asumir si la empresa tiene muchas llamadas, ya que los cargos se disparan», explica Pablo Collado, director comercial de Dialoga Group.

«Pasividad»

Desde Facua critican además la «pasividad» de las administraciones a la hora de controlar y multar. «No tenemos constancia de que se esté realizando un seguimiento de oficio por parte del Ministerio de Consumo, que es quien aprobó esta norma, fruto de nuestras reivindicaciones. Tampoco sabemos si las comunidades autónomas, que son las que pueden poner las multas, están haciendo controles de oficio», asegura el portavoz de la asociación de consumidores. «Nosotros sí estamos denunciando a bastantes empresas y no estamos recibiendo respuestas rápidas de casi ninguna administración. La única que hasta ahora sí nos ha contestado ha sido la Dirección General de Consumo de Baleares, que va a abrir expedientes sancionadores a compañías», argumenta Sánchez.

Sin embargo, desde el Ministerio de Consumo recuerdan que su labor es meramente legislativa y que no les corresponde multar. «La ley establece que la función sancionadora corresponde a las comunidades, que son quienes pueden responder con mayor rigor a los datos de cumplimiento puesto que son las receptoras de las reclamaciones de consumidores y usuarios», alegan fuentes del departamento dirigido por Alberto Garzón. Con todo, desde Consumo insisten en que pretenden «cooperar con las comunidades de cara a la gestión de las denuncias que puedan darse por incumplimientos».