El Gobierno empeora su previsión de déficit en 8.000 millones, al 8,4%
·Eleva la estimación de deuda al 119,5% y envía a la UE un plan sin reformas en detalle pero con subidas a pensionistas y funcionarios según el IPC
La recuperación augurada por el Gobierno este año se retrasa y ello tendrá impacto sobre las finanzas públicas, que serán considerablemente peores de lo previsto en un inicio. El Ejecutivo envió ayer el Programa de Estabilidad a Bruselas, empeorando sus previsiones de crecimiento, déficit y deuda pública para 2021, ante un año en el que se crecerá menos y se gastará más. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó ayer la actualización de la senda fiscal de 2021 a 2024 y, si antes preveía un 7,7% del PIB de déficit público, ahora este se eleva al 8,4%, esto es, unos 8.000 millones de euros más. Una cifra similar a los 7.972 millones que el Ejecutivo cree que costará la extensión de los ERTE y la prestación por cese de actividad en 2021, como recoge el Plan Nacional de Reformas.
Todo ello, en un momento en el que el Ejecutivo apuró ayer hasta el último momento para remitir a Bruselas el Plan de Recuperación y Resiliencia, a escasos días de las elecciones madrileñas, De esta forma, el Gobierno envió ayer un plan sin reformas en detalle, sin referencias a la vuelta de la ultraactividad en el marco laboral o a la limitación de los precios del alquiler comprometido con Podemos, pero con la previsión de que subirá nóminas a funcionarios y pensionistas según el IPC a partir de 2022, a escasos días del encuentro con las urnas.
España no volverá a cumplir con el límite del 3% del Pacto de Estabilidad esta legislatura, ya que Hacienda estima que el desfase será del 5% en 2022, del 4% en 2023, para bajar al 3,2% en 2024. La Comisión Europea, eso sí, ha suspendido las reglas fiscales para 2020, 2021 y ahora debate si prolongarlo a 2022 mientras que la propia Montero abrió la puerta a que Europa revise las normas previas a la pandemia.
En cuanto a la deuda pública, la también portavoz del Gobierno anunció que el Ejecutivo prevé que la deuda pública baje del 120% del PIB al 119,5% en 2021. El Ejecutivo preveía un 117,4%, pero al incluir los activos de la Sareb en 2020, los pasivos públicos saltaron del 117% al 120%, lo que desbarató sus anteriores estimaciones. Para 2022 augura un 115,1% y un 113,5% en 2023, de forma que la senda seguiría reduciéndose hasta el 112,1% en 2024.
En palabras de Montero, tras cerrar 2020 en el 10,97% del PIB, esta sería la segunda mayor caída del déficit de la serie histórica en un año, principalmente impulsada por el crecimiento de la economía. La prórroga de los ERTE y la aprobación de las ayudas directas a empresas y más medidas de apoyo, por 11.000 millones, explican este empeoramiento, junto a que la economía crecerá menos que el 9,8% previsto en octubre por el Gobierno.
Eso sí, la senda no incorpora ninguna medida, ni reforma. Por tanto, se trata de una retahíla de previsiones en un escenario inercial. La economista senior de Funcas, María Jesús Fernández, cree que la previsión de 2021 es «algo elevada». «Nuestra previsión era -8 y dudo mucho que la empeoremos. Pero ese escenario de grandes descensos yo no lo veo. El déficit no creo que baje del 4,5-5% a la larga, si no se toman medidas, ni mucho menos va a bajar al 3,2% para 2024 en un escenario inercial, teniendo un déficit estructural mayor», describe. El FMI auguraba un déficit del 9% del PIB este año, del 5,8% en 2022 de forma que en 2024 no se bajaba del 4,3%.
La ministra, además, señaló que espera que los fondos europeos empiecen a llegar a partir de julio. Se estima que entonces pueden llegar 9.000 millones,
si bien el Ejecutivo había reservado 27.000 en las cuentas para este año.
En todo caso, la Autoridad Fiscal (Airef) señaló ayer que avalaba las previsiones del Gobierno, si bien advertía de que contiene «riesgos sesgados a la baja ante una eventual prolongación de la pandemia». El organismo comandado por Cristina Herrero, además, critica la incertidumbre del plan y la falta de información, lo que hace «imposible» juzgar si el cálculo del Gobierno de que insuflará dos puntos de crecimiento al año se ajusta a la realidad. «Sin esta información es imposible juzgar los efectos multiplicadores sobre el crecimiento y el empleo, la capacidad de atracción de la inversión privada, ni sus potenciales efectos sobre el potencial de crecimiento de la economía y la productividad», concluye el organismo.
Como fuere, el boceto fiscal trazado por el Ejecutivo apunta a que el Estado será la administración que se quede con un mayor déficit en los próximos años. El Gobierno central acumulará un desvío del 6,3% del PIB este año frente al 7,5% de 2020. Ello se explica por las transferencias de la Administración Central a comunidades y Seguridad Social. La senda que dibuja el Ejecutivo prevé un 3,5% en 2022, para continuar con el 3,1% en 2023 y el 2,5% en 2024. Es decir, solo el Estado tendrá para entonces el déficit que todas las administraciones registraban antes de la pandemia en 2019.
Por su parte, las regiones elevarán su desequilibrio del 0,2% al 0,7% del PIB, inferior en todo caso al índice de referencia del 1,1%, debido a los menores recursos por el fondo Covid del Estado. Posteriormente la irán reduciendo al 0,6% en 2022, el 0,4% en 2023 y el 0,2% en 2024. En cuanto a la Seguridad Social, al transferir sus gastos no contributivos al Estado, su déficit adelgaza del 2,6% al 1,5% del PIB. Posteriormente irá menguando al 0,8% en 2022, el 0,7% en 2023 y 2024. Por su parte, las corporaciones locales cerrarán en equilibrio este y el próximo año y acumularán superávit del 0,3% del PIB en 2023 y 2024.