PSOE y Podemos abandonan un embalse en el que se han invertido 140 millones

Una sentencia tumba las obras cuando están casi acabadas, y el Gobierno, que las paga, no quiere recurrir Impacto económico

El Gobierno central sigue sin recurrir una sentencia de la Audiencia Nacional que tumba un pantano en la provincia de Zaragoza que está prácticamente acabado y en el que se han gastado 140 de los 188 millones que cuesta. La presa de Mularroya lleva 12 años en obras.

Cerca de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), al lado de la autovía A-2 que conecta Aragón con Madrid, se levanta el pantano de Mularroya. Está prácticamente acabado. El muro del embalse lleva más de dos años hecho. A sus pies ya se remansa el agua –escasa– que le llega del modesto río Grío, mientras las tuneladoras se abren paso en las entrañas del monte que media entre este pantano y el río Jalón. Ese túnel de 13 kilómetros es necesario para llenar el embalse con aguas tomadas del Jalón.

Tras más de 12 años de obras, se llevan invertidos 140 de los 188 millones de euros que cuesta el proyecto. Pero, ahora que está a punto de terminarse, el pantano se la juega en los tribunales mientras el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Podemos) mira para otro lado e incluso aplaude que el embalse pueda acabar arruinado antes de entrar en servicio.

Podemos se ha puesto del lado de los grupos ecologistas y celebra la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que tumba el proyecto cuando ya está prácticamente hecho. El fallo ha dado la razón a grupos ecologistas antiembalses. La sentencia considera que la resolución dictada en agosto de 2015 para impulsar las obras no justificó adecuadamente el «interés público superior» que se exige para infraestructuras hídricas de esta envergadura. Los que defienden la obra dicen que estaríamos ante un mero defecto de forma, subsanable con una nueva redacción que explique detalladamente el valor social y económico de esta presa. Los que van contra ella sostienen que es un defecto de fondo, que atenta contra la Directiva Marco del Agua de la UE.

No es el primer revés judicial al que se ha enfrentado este embalse desde que echó a andar, tras ser incluido en el Pacto del Agua de 1992. Antes encajó otros tres reveses, pero todos ellos fueron recurridos con éxito por el Estado, mientras que ahora el ministerio prefiere mirar para otro lado.

Sánchez y Lambán

Los regantes del Jalón van a recurrir esa sentencia. También las constructoras que hacen las obras, Sacyr y Acciona. Pero en el Gobierno de Sánchez la mitad (PSOE) se inhibe, mientras la otra mitad (Podemos) se felicita por la sentencia de la Audiencia Nacional. El Ministerio de Transición Ecológica que dirige la socialista Teresa Ribera, titular de la obra, ha dicho que no recurrirá. Se inhibe y abandona a su suerte este embalse. A mediados de mayo concluye el plazo para recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.

Del embalse de Mularroya depende la creación de 5.000 hectáreas de regadío y la consolidación de 21.000 hectáreas ya existentes.

El presidente aragonés, el socialista Javier Lambán, insiste en pedir al ministerio que reconsidere su decisión y que recurra, pero el líder del PSOE aragonés ni siquiera es capaz de plantearlo como una exigencia del Gobierno regional, porque la mitad de su Ejecutivo (Podemos y los soberanistas de Chunta) está contra Mularroya.

Este enrevesado episodio ha evidenciado una doble debilidad política en Lambán: la doméstica, con un cuatripartito dividido, en el que solo cuenta con el respaldo del PAR en este asunto; y la de partido, ante Pedro Sánchez.

Hace dos años, en la precampaña de las autonómicas y municipales de 2019,

Lambán se fotografió en esta presa para presumir de una obra que calificaba de esencial y estratégica para la agricultura aragonesa y contra la despoblación. Ahora ni siquiera es capaz de que su Gobierno regional se declare oficialmente a favor de este embalse, porque la mitad política de su gabinete (Podemos y Chunta) está en contra.

Incierto futuro

Desde la oposición, el PP critica el despropósito y advierte del disparate que supondría que un embalse a punto de terminar –estaba previsto que estuviera listo en noviembre de 2022– sea abandonado tras haberse invertido 140 millones de euros. Una factura, por cierto, que va a más cada día que pasa, porque las obras no se han paralizado, de momento.

El abogado de los regantes del Jalón, Ángel Goni, calcula que pasarán entre dos y tres años hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos. ¿Y si confirma la sentencia la Audiencia Nacional y tumba la obra una vez terminada? «No sé qué ocurriría en tal caso», afirma a ABC este letrado, ante lo insólito de un panorama sin precedentes equiparables.

Los ecologistas que luchan contra este pantano, secundados políticamente por Podemos y la Chunta, dicen que si el Tribunal Supremo también les da la razón habría que dejar el paraje de Mularroya como estaba antes de las obras. Por ejemplo, eliminar por completo el enorme muro de la presa, de 86 metros de altura y en cuya construcción se emplearon cinco millones de metros cúbicos de rocas, tierras y hormigón. Borrar los 140 millones invertidos en las obras ya hechas en Mularroya tendría un coste añadido multimillonario.