La investigación a Laura Borràs se traslada del Supremo al TSJC
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) informó ayer de que la Sala Civil y Penal del tribunal autonómico ya ha recibido la investigación que afecta a Laura Borràs (Junts), presidenta del Parlamento de Cataluña, cuando esta era directora de la Institució de les Lletres Catalanes –una entidad autónoma dependiente de la Consejería de Cultura de la Generalitat para promocionar la cultura en catalán– y pudo haber cometido varios delitos.
La causa, iniciada en un juzgado de instrucción de Barcelona, se trasladó al Tribunal Supremo (en 2019) ya que Borràs, cuando se inició la investigación sobre su gestión, era diputada en el Congreso. Ahora, al pasar Borràs al Parlamento autonómico, tras las pasadas elecciones del 14-F, el Alto Tribunal se inhibe definitivamente (tras anunciarlo el 12 de abril pasado) y traslada la causa al TSJC.
Con el caso en Barcelona, será el magistrado Jordi Seguí el encargado de la instrucción, según el correspondiente reparto, tal y como informó el propio TSJC este lunes, que también señaló que se dio traslado a la Fiscalía para que informe de la competencia.
Fracción de contratos
A Borràs se la investiga por haber cometido, presuntamente, los delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración, en una causa en la que también está implicado su amigo personal Isaías Herrero.
Según la investigación inicial del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Borràs habría adjudicado 18 contratos de la Institució de les Lletres Catalanes por valor de 259.863 euros a su amigo Herrero, fraccionando los contratos –relacionados con la programación informática– para evitar su control y falsificando los presupuestos de los expedientes de la entidad cultural.
En la investigación judicial se apunta que Herrero habría fijado los importes de las facturas, a los que los presupuestos de la Institució de les Lletres Catalanes se ajustarían para que los contratos fueran considerados menores y no superaran los 18.000 euros.
Antes de enviar la causa al TSJC, el Supremo tomó declaración a varios testigos que estaban pendientes, entre estos la exresponsable de proyectos y actividades de la entidad Yolanda Pelegrí, una prueba pericial informática y el análisis de varias cuentas bancarias relacionada con la causa judicial.