Anticorrupción pide 9 años de cárcel para Pujol por su lucrativa «red de clientelismo»

Solicita penas de 8 a 29 años de prisión para el clan familiar, excepto para Marta Ferrusola, eximida por salud Una familia entera camino del banquillo

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol Soley, aprovechándose de esa condición, «tejió una red de clientelismo hasta el punto de constituir un entramado que implicaba» que él mismo y determinados empresarios afines a Convergència Democrática de Catalunya, partido que presidió, «se repartían los sobresalientes beneficios de concursos públicos» en administraciones catalanas donde tenían el poder. Es así como empezó todo, según la Fiscalía Anticorrupción, que solicita nueve años de cárcel para Jordi Pujol por delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales; hasta 29 para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, por además, delitos contra la hacienda pública, de falsedad y hasta de frustración de la ejecución; otros 14 para el siguiente, Josep; y hasta ocho para el resto de los cinco hermanos –Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer– que el ‘molt honorable’ president tuvo con su mujer Marta Ferrusola.

Ella también estaba procesada en esta causa e, igualmente, iba camino del banquillo junto al resto de la familia, pero el juez instructor Santiago Pedraz la sacó ayer de la ecuación tras comprobar que tiene una degeneración neurológica incompatible con la

Jordi Pujol Soley

Anticorrupción pide 4 años de prisión por asociación ilícita y otros cinco por blanqueo de capitales. Su mujer, Marta Ferrusola, queda exenta. responsabilidad penal. Ha archivado la causa para ella.

En el escrito de acusación, adelantado ayer por ABC, la Fiscalía condensa a lo largo de un centenar de páginas los ochos años de investigación que ha llevado el descubrimiento, bloqueo y análisis de la procedencia del ingente patrimonio que amasaron el político y sus hijos. Parte de la premisa de que había ya fondos ocultos en Andorra en los 90 y que el matrimonio pactó repartirlo entre cuentas bancarias de los vástagos para dificultar su rastreo y hacer posible su disfrute. Al frente de esta gestión, aunque luego él haría sus propios negocios, pusieron al primogénito, que centra el grueso de los delitos y la mayor petición de condena junto a la que era su esposa, Mercè Gironés. Anticorrupción pide para ella 17 años en prisión. Se sentará en el banquillo además, con una decena de empresarios, cooperadores necesarios.

En concreto, la Fiscalía relata que las cuentas de los hermanos se nutrían con ingresos en efectivo que gestionaban Pujol Ferrusola y Gironés, ya fuesen titulares o meros autorizados, pero también mediante transferencias de ordenantes que, en algunos casos, son desconocidos. Lo que subyacía era un mecanismo de «compensación» por el que todos disponían de dinero en España mediante cargos en sus cuentas de Andorra e ingresaban allí lo que en territorio nacional no podían justificar. Se hacían llamar entre sus gestores financieros ‘la Sagrada Familia’.

Eran cantidades millonarias –la Fiscalía reclama más de 39 millones de euros– que se movieron del Andbank a la Banca Privada de Andorra. En 2014, cuando se inició la causa, parte de ellos se regularizaron ante la Hacienda Pública y otros «desaparecieron mediante transferencias a México», dice la Fiscalía, que estima en cuatro millones de euros el dinero que Jordi Pujol Ferrusola pudo desviar allí estando ya sus bienes bajo embargo de la Audiencia Nacional. Fue después de dos años de escándalo en prensa sobre la familia Pujol y de un comunicado del expresidente de la Generalitat en el que pedía «perdón» por no haber gestionado con transparencia la herencia de su padre, Florenci Pujol. Se acogía a la llamada amnistía fiscal y justificaba, así, el origen del ingente patrimonio del clan.

Pero las comisiones rogatorias a Andorra apuntaron a que no solo había una herencia, pues figuran «numerosos abonos millonarios» tanto por movimientos en Andorra como llegados de Suiza, comisiones incluidas. Con su parte, Pujol Ferrusola y Gironés levantaron un entramado de empresas que sin actividad ni empleados facturaban grandes cantidades por ‘consultoría’. Solo él afronta más de 6,5 millones en multas por el fraude a Hacienda.