VACÍO LEGAL EN EL FIN DE LA ALARMA

Con la decisión de Sánchez de judicializar ahora el control de la pandemia, no solo elude su responsabilidad, sino que empuja a la confusión, a la desigualdad territorial y a la incertidumbre

EL Gobierno está condenando al país a vivir la pandemia en situaciones legales extremas. Desde el 14 de marzo de 2020, España ha estado más tiempo en estado de alarma que en situación de normalidad. Al estado extraordinario se han añadido además restricciones de más que dudosa constitucionalidad al ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas. De hecho, la gran mayoría de las multas impuestas por infracción de los confinamientos de horario o territorio está siendo anulada por los juzgados de lo contencioso-administrativo. Solo falta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de los estados de alarma decretados por el Gobierno, aunque lo hará cuando el vigente deje de estarlo a partir del próximo día 9. Llegar tarde, como hace el TC, es como no llegar.

De este extremo se va a pasar a un vacío legal que es impropio de un país tan golpeado por la pandemia como España. El Gobierno se retrata entre la indolencia y la incompetencia al endosar otra vez a las comunidades autónomas una responsabilidad que no les corresponde en su integridad, ni constitucional ni políticamente. Pedro Sánchez ha banalizado las limitaciones a los derechos de los ciudadanos, ha degradado el respeto a la jerarquía de la Constitución, está alterando la funcionalidad del Ejecutivo central y de las autonomías en la gestión del interés nacional, y ya ha obligado a los tribunales a asumir una ‘cogobernanza judicial’ que tampoco les corresponde. El caos se hizo patente ayer cuando el tribunal superior vasco anuló unos toques de queda que sí permiten los jueces en la Comunidad Valenciana o en Baleares. El Tribunal Supremo ya dispone de un documento de su gabinete técnico que cuestiona la legalidad y la eficacia del nuevo recurso de casación contra las decisiones de los tribunales superiores autonómicos en materia sanitaria. Incluso la Fiscalía General duda de que los gobiernos regionales puedan establecer toques de queda sin estado de alarma. Y ayer mismo, el Colegio de Abogados de Madrid predijo que el fin de la alarma abre un nuevo periodo de inseguridad jurídica. La confusión está garantizada.

Es evidente que el estado de alarma estaba agotado después de haber sido aplicado hasta la saturación. Pero la falta de un plan alternativo tras su derogación demuestra que Sánchez mantenía la excepción por inercia o para cubrir el expediente y poder decir que estaba tomando decisiones. Si tan necesario es agotar el plazo máximo del estado de alarma, lo coherente sería una transición ordenada y homogénea de la ‘desescalada’. Lo que va a suceder es que tras la alarma va a saltar por los aires la ‘cogobernanza’, pues el Consejo Interterritorial de Salud perderá todo sentido y cada gobierno regional se dedicará a cuidar de su población. No es coherente.

Sánchez se da a la fuga con la gestión de la pandemia, confiado en soltar de vez en cuando un mitin sobre lo bien que va la vacunación. Esta es la agenda de un Gobierno que se ha creado dos blindajes: el de los gobiernos autonómicos y el de los jueces. El coste es la distorsión de los papeles constitucionales que cada poder tiene asignado para el ejercicio de sus funciones. Se nos empuja así a la incertidumbre, la desigualdad territorial y los agravios entre ciudadanos por no querer dar a las autonomías un marco normativo común en lo esencial y flexible en lo peculiar. Y esto sucede cuando está en marcha, en su proceso crítico, un plan de vacunación que tiene que ir más rápido.