La Justicia valenciana arremete contra la inacción de Sánchez
El auto del TSJ, que avala el toque de queda, reprocha la ausencia de una normativa estatal
El auto de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que autoriza las restricciones que afectan a derechos fundamentales tras la finalización del estado de alarma, como el toque de queda aprobado por la Generalitat, reprocha al Gobierno la ausencia de una «producción normativa idónea» para hacer frente a la pandemia del coronavirus.
La resolución firmada por los magistrados Manuel José Baeza, Miguel Ángel Olarte, Manuel José Domingo y Antonio López supone un varapalo a la inacción legislativa en España. Una regulación que, en opinión de los jueces, «es algo que demandaba –y sigue demandando– la situación pandémica que sufrimos, máxime con la duración que ya acumula y la falta de claridad de su final».
El auto en el que el TSJ valenciano ha validado las restricciones acordadas por la Generalitat, que esgrimió la ley de Salud Pública de 1986, sostiene que la «necesaria intervención legislativa es precisamente lo que ya se produjo en los comienzos de la pandemia en varios de los países de nuestro entorno geográfico y cultural, resultando particularmente significativo como dos países (Alemania y Francia) que tienen una configuración constitucional poco coincidente dieron una solución similar de orden administrativo, especificando competencias antes previstas en disposiciones más generales y –en definitiva– confiriendo la necesaria certeza y seguridad a las autoridades sanitarias para acordar medidas limitativas de derechos fundamentales».
«Contradicción de criterios»
En España. de hecho, la ausencia de un marco regulador «ad hoc que solvente los problemas interpretativos con los que nos encontramos y evite la consecuente contradicción de criterios a la que asistimos en su día y estamos abocados a repetir en este momento de finalización del estado de alarma» ha propiciado que en Valencia o Baleares los jueces hayan avalado medidas, como la del toque de queda, y las hayan rechazado en el País Vasco, donde la incidencia acumulada del coronavirus es diez veces superior. El pasado viernes la Comunidad Valenciana registraba una tasa de contagios de 40 casos por cada cien mil habitantes, mientras que en el País Vasco era de 447. El auto de los jueces valencianos, que el pasado mes de octubre ya alertaban en otra resolución similar de la falta de un marco normativo estatal ante la pandemia, concluye que es posible que la regulación del recurso de casación ante el Tribunal Supremo aprobada in extremis por el Gobierno de Pedro Sánchez para estos supuestos «contribuya de alguna manera a paliar los efectos de la ausencia de esa necesaria regulación sustantiva específica (lo que tampoco tenemos muy claro), aunque –desde luego– parece que una mejor y más completa solución hubiera sido otra».
Al respecto, en un rapapolvo en toda regla al Ejecutivo, los magistrados insisten en que «los fenómenos nuevos suelen dar lugar a nuevas regulaciones que los enfrentan adecuadamente. El calibre de éste lo hacía y hace mayormente exigible».
El propio Tribunal Supremo a través de su gabinete técnico cuestionó la semana pasada al Gobierno por hacer «copartícipe» a las tribunales de las decisiones políticas para el control de la pandemia. Juristas consultados por ABC consideran que la disparidad de criterios entre Valencia, Baleares y el País Vasco demuestra que «no existe seguridad jurídica para el ciudadano ni para las administraciones regionales, que son las que deben tomar las decisiones».
Las imágenes de cientos de personas en varias ciudades «celebrando» el final del toque de queda sin guardar las medidas de seguridad ante el coronavirus así lo constatan.
Dura crítica «Los fenómenos nuevos suelen dar lugar a nuevas regulaciones. El calibre de éste lo hace mayormente exigible»