Pdvsa firmó más de 1.300 millones en compras amañadas con Maduro al frente
·ABC ha tenido acceso a una batería de documentos que revelan la mecánica con la que se perpetró un saqueo de la mayor empresa pública de Venezuela
ABC ha accedido a una serie de documentos que revelan la mecánica con la que se llevó a cabo un saqueo de la petrolera venezolana, la mayor empresa pública del país, a través de contratos firmados mientras el actual líder chavista estaba en la junta directiva y, a partir de 2013, en la presidencia.
Concursos que parecen supervisados pero resueltos después de la firma del supuesto supervisor. Empresas que se repiten entre los aspirantes, que resultan ser del mismo dueño y que se van presentando o retirando a discreción. Plazos de presentación de ofertas que se alargan en el último momento sin que todos los llamados a participar sean informados. Sobres que se abren, se miran y se vuelven a cerrar y aquí no ha pasado nada. Así, hasta 2.092 millones de dólares (unos 1.720 millones de euros) en contratos públicos.
Es lo que pasó entre 2009 y 2015 en la Pdvsa que presidía Rafael Ramírez y en la que desde 2011, tuvo asiento en la junta directiva el ahora presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El mismo que a su marcha a Miraflores, en 2013, ratificó a quienes habían sido sus compañeros en la toma de las decisiones de la mayor empresa pública venezolana. En esta etapa, con él en la junta o ya en la presidencia, se firmaron más de 1.500 millones de dólares (1.300 millones de euros) en licitaciones que se dan ya por fraudulentas.
ABC ha tenido acceso a una batería de expedientes de contratación aprobados en aquella etapa. Son decenas de documentos donde los patrones se repiten, igual que determinados nombres, como los de Roberto Rincón y Abraham Shiera, condenados en Texas (EE.UU.) por conseguir adjudicaciones a golpe de sobornos. Ambos se declararon culpables, poniendo en el punto de mira a decenas de personas que de un modo u otro, se beneficiaron del sistema. Algunos de ellos están investigados en la Audiencia Nacional después de establecerse en España con los bolsillos llenos. La causa se centra en esclarecer si concurre un delito de blanqueo, es decir, si los capitales que han aflorado en vehículos de lujo, casas de escándalo y colegios caros costeados vía entramado societario tienen origen en sistemas de corrupción como el que confesaron Shiera y Rincón. El hijo de este, por cierto, está en esa lista de imputados.
En total, fueron 2.562 contratos y aun partiendo de que todas esas adjudicaciones estuviesen limpias, cosa que cuestionan la Justicia española, la estadounidense y hasta la venezolana, el sobreprecio en algunos casos llega al 270% respecto del importe previsto. Un cálculo conservador, con un promedio de sobreprecios del 20%, arroja 400 millones de euros que salieron para no volver de las arcas públicas de un país con una economía precarizada. Un cálculo realista duplica esa cuantía.
A estas alturas, ni siquiera el presidente Maduro, que parece olvidar el puesto que ocupaba en Pdvsa en aquellas fechas, niega ya que la petrolera, y así, Venezuela, fueron víctimas de un saqueo. Menos conocida es la historia de cómo lo hicieron. La clave es Bariven.
La mecánica
Bariven, aunque ya ha cambiado de nombre, era la central de compras internacional de Pdvsa. Sobre el papel, se encargaba de adquirir o contratar bienes y servicios necesarios para la logística de la producción de petróleo. Lo cierto es que no se restringía a ese ámbito, pues a disposición de Hugo Chávez, asumía compras para otras ramas del Estado, desde autocares hasta comida. Contaba con una sede en Holanda donde se gestionaban las compras a nivel internacional, paso posterior a constatar que ninguna empresa nacional concurría a la licitación. Ahí se encuentran las primeras irregularidades. En uno de los expedientes analizados se aprecia cómo se vulneran los plazos previstos para favorecer a unas empresas sobre otras.
En concreto, una de las mercantiles de Rincón, Ovar Industrial, superó cada traba burocrática en tiempo récord, un mes justo para conseguir que Pdvsa librase en su favor una orden de compra por importe de 251,9 millones de dólares, el contrato de mayor cuantía de cuantos están bajo sospecha. Se trataba de adquirir equipos turbogeneradores para aplacar en los años 2009 y 2010 lo que el Gobierno de Chávez denominó «la emergencia eléctrica» de Venezuela. La empresa de Shiera Derwik Associates también vendió un equipo por importe de 206,9 millones de dólares en esa época y de nuevo, formalizaron en menos de un mes. Siendo la misma emergencia y tratándose de un contrato de menor cuantía, 144,5 millones de dólares, a Siemens le llevó un año superar los trámites, igual que a la estadounidense Solar Turbines Inc. Ambos son mayoristas, los otros, intermediarios además, de empresas chinas.
Al bajar al detalle, se aprecia que no eran las más competitivas. Lo revela otro de los mayores contratos bajo sospecha, de noviembre del año 2011, con Maduro en la directiva, y en favor de Reliable Process & Instruments, de Rincón. Pdvsa necesitaba generadores de vapor y convocó a 20 empresas de las que sobre el papel, 16 no contestaron –las demoras en los pagos disuadían– y de las cuatro que quedaban, tres tenían el mismo dueño. En esa falsa competencia, ganó Reliable con un sobreprecio del 58% respecto de los 100 millones que había previsto gastarse Pdvsa. Al proceso, para el que se prolongó el plazo de presentación con una nota manuscrita, acudió como manufacturera, pero la producción era china.
Los sobreprecios
Las firmas La junta directiva en la que estaba Maduro autorizó más de 314 millones de dólares de esos contratos La sangría Los venezolanos llegaron a pagar hasta un 270% de sobreprecio a empresas involucradas en el fraude
Reliable es una de las empresas con los mayores sobreprecios de la documentación revisada por este diario: un 270% para otro generador que se había licitado en 2,15 millones de dólares y por
el que los venezolanos acabaron pagando 7,95 millones con dinero público en un proceso en el que de nuevo, se repitieron los patrones. Entre las aspirantes estaba, además de Siemens, una española.
La auditoría
Es difícil sostener que en la cúpula de Pdvsa nada de esto se sabía. El sistema de control interno imponía que cada cargo de Bariven tenía autorización para avalar contratos de hasta un importe determinado. A partir de ese límite, ya debía verlo un superior y así, sucesivamente, hasta la junta directiva que presidía Rafael Ramírez, donde se daba luz verde a los grandes contratos para después, elevarlos al presidente Hugo Chávez y que librase los fondos. Estando Maduro en esa junta se autorizaron adjudicaciones por importe de 314,1 millones de dólares en contratos a las empresas de Rincón y Shiera, de acuerdo a la documentación consultada por este diario. Junto a él, tenía asiento y firma Asdrúbal Chávez, actual presidente de Pdvsa. También Eulogio del Pino, que llegó a presidir la compañía. Él sí ha sido encarcelado en Venezuela por corrupción.
Pero si alguien debía estar al tanto era Rafael Ramírez, que hoy se define como exiliado en Europa. En la documentación analizada constan dos informes dirigidos a él firmados por el que fue presidente de Bariven entre 2011 y 2013, Javier Alvarado. En uno se pide una auditoría ante la «amplia evidencia de contrataciones irregulares». En el otro, se advierte de una deuda de 1.000 millones por sobrecostes sólo en media docena de contratos y se pide apostar por fabricantes en lugar de recurrir a mayoristas. Ambos requerimientos, como sus recordatorios, fueron archivados. Alvarado, por cierto, también está en la lista de emigrados a España y de imputados por blanqueo en la Audiencia Nacional.