Las movilizaciones de 45.000 funcionarios abocan a otra parálisis en los tribunales

▶ Exigen un incremento salarial como el de los letrados judiciales tras dos meses de huelga

Cuando los juzgados empezaban a reactivarse tras la desconvocatoria de la huelga de los letrados judiciales –que en sólo dos meses supuso la suspensión de 400.000 juicios y vistas– nuevas movilizaciones, ahora de los funcionarios de Justicia, amenazan con volver a bloquear la actividad de los tribunales de toda España.

Movidos por el incremento salarial de 450 euros que han logrado los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), los sindicatos que representan al resto de funcionarios que trabajan codo con codo con ellos en los juzgados han iniciado ya un calendario de movilizaciones que incluye paros de diez a una de la tarde todos los días desde el próximo lunes y una huelga general durante toda la jornada del miércoles.

Representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Justicia, junto a STAJ, CC.OO. y UGT, dieron ayer el pistoletazo de salida a sus reivindicaciones con una concentración ante el Ministerio de Justicia. Piden una subida salarial que ya se ha aplicado a los LAJ y la paralización de la futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa que «impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación». Reprochan al Ministerio de Justicia su «nula voluntad» para ofrecer una subida salarial a los 45.000 funcionarios de Justicia «en reconocimiento de las funciones que realizan a diario en los juzgados». Y aseguran que el departamento que dirige Pilar Llop ha reconocido que cualquier modificación al alza de las retribuciones de un cuerpo tiene repercusiones en el resto de carreras, cuerpos y categorías.

El responsable de Justicia de CSIF Javier Jordán señaló ayer a las puertas del Ministerio que los funcionarios de Justicia están «hartos de realizar funciones por encima de las establecidas legalmente» sin que el ministerio se lo reconozca. «No es cierto que haya una atribución de 600 funciones a un solo cuerpo de la Administración de Justicia (dijo, en referencia a los LAJ); esas 600 funciones se realizan por todos los cuerpos y si ha habido un reconocimiento económico para uno de ellos, lo tiene que haber para el resto».

Jordán instó a la ministra a que convoque la mesa de negociación y a que presente una oferta «concreta y razonable» para que puedan «negociarla y llegar a una solución pacífica».

El representante sindical no ocultó el malestar que ha causado en los funcionarios la subida salarial a sus colegas sin tenerlos en cuenta a ellos. « Hay un sentimiento de ofensa por parte de los 45.000 funcionarios de Justicia que sabemos el trabajo que desarrollamos en los órganos judiciales», señaló Jordán, que denunció además «presiones» durante la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia «para que no trabajáramos cosas que ordinariamente se estaban sacando adelante sin la presencia» de los LAJ. El caso más significativo, el de los juicios, pero hay otros muchos, dijo.

En su opinión, la reforma que necesitan los juzgados es precisamente de «redefinición y clarificación de esas funciones» y de reconocimiento retributivo a cada cuerpo por el trabajo que realiza. «Queremos dar un paso adelante y decirle a la ciudadanía que en la Administración de Justicia hay profesionales de todo tipo suficientemente capaces para mejorar el servicio público y agilizar la Justicia, pero eso pasa por un reconocimiento retributivo del trabajo que hacemos».

Presencia necesaria

Además, recordó que en los juzgados son los funcionarios de Justicia los que llevan todas las actuaciones judiciales: «En cualquier resolución, en cualquier trámite hay un funcionario de un cuerpo general de la Administración de Justicia que lo está realizando». Y así como en la celebración de juicios puede haber «problemas de interpretación» en torno a la presencia o no del letrado de la Administración de Justicia (LAJ), dijo, de lo que no hay duda es de que la presencia del auxiliar judicial es obligatoria en sala. «Si no está el auxilio judicial no se van a poder celebrar los juicios», advirtió. Pero también están en peligro otros trámites, como las conciliaciones o el otorgamiento de poderes ‘apud acta’ que se están desarrollando actualmente sin la presencia del juez y del letrado «por razones de eficiencia».

Jordán rechazó que la reforma de la Justicia consista en gastarse «unos cuantos millones de euros en unos programas informáticos que siguen sin funcionar y en cambiar de nombre a los juzgados». «La solución de la Justicia pasa por sus profesionales».