El Gobierno amenaza a la Junta con un recurso ante el Constitucional que paralice la ley
▶ Pedro Sánchez dejó ayer clara su intención: «Doñana no se toca»
El Parlamento andaluz solo ha dado el primer paso para legalizar los regadíos ilegales del entorne del Parque Nacional de Doñana, pero el Gobierno ya ha advertido que «hará todo lo que tenga que hacer para salvar el humedal más emblemático de Europa». Entre otras medidas, ha amenazado con presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional si la ley sale finalmente adelante. Este recurso implicará la suspensión de la norma, se advierte en un comunicado. «Se estudiarán todas las vías para frenar esta norma», se asegura.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejó claro ayer su mensaje en un acto de partido en Burgos: «Doñana no se toca», tras acusar al PP y a Vox de negar la evidencia científica y la emergencia climática.
El Gobierno cree que la propuesta andaluza, que cuenta con el apoyo de PP y Vox, desafía a Europa. Provocará que «España tenga que pagar multas millonarias coercitivas cada tres meses, cuando nos condene el Tribunal de la UE. Todos los españoles y españolas tendremos que pagar esas enormes multas». La Justicia europea ya ha condenado a España por no proteger el humedal, porque debería haber tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las destinadas al abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca. El Gobierno argumenta que España corre el riesgo de que se congelen los fondos europeos a España, como le ha ocurrido antes a Hungría, Polonia o Italia porque se puede interpretar como un «incumplimiento de la legalidad europea y un desafío a las leyes comunitarias».
En el mismo comunicado, se asegura que no hay agua para legalizar 1.500 hectáreas de regadíos ilegales. « La Junta de Andalucía no puede aportar agua al Condado de Huelva y a Doñana. No solo porque las competencias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pertenecen al Gobierno central, sino también porque el PP y el Gobierno de Moreno Bonilla están prometiendo un agua que no existe».
Moncloa se suma a las duras declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, que acusó al presidente andaluz de querer esquilmar Doñana. «Su arrogancia de señorito daña a los andaluces», dijo en La Sexta sobre Moreno.
«No hicieron nada»
En el cruce de acusaciones, el presidente de la Junta de Andalucía calificó de «una enorme frivolidad que hablen de defender Doñana quienes han permitido que se vulneren los acuíferos » , cuando « durante años han tenido la competencia y sigue teniendo la competencia la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir».
Moreno defiende su legislación, encaminada a « poner orden en el caos» que el PSOE ha creado ellos durante tantos años de Gobierno. La ley andaluza llega en el peor momento posible, a las puertas de unas elecciones autonómicas y locales y con una situación de sequía crónica. La reserva hídrica del Guadalquivir se sitúa en el 25,6%, la más baja de todas las cuencas hidrográficas.
La situación es crítica también en el parque nacional, según el último informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La escasez de precipitaciones ha conseguido que el 60% de las grandes lagunas no se inunden desde 2013 y algunas se han perdido por completo.