La misión para bajar al Pitanxo zarpa sin el visto bueno de la Audiencia Nacional
▶ Las familias acusan al Gobierno: «Se han pasado por el forro las garantías legales»
EI culebrón en el que se ha convertido la bajada a los restos del Villa de Pitanxo, hundido en febrero de 2022, escribió ayer un capítulo nodal. Sin previo aviso y de forma «unilateral», la expedición encargada de inspeccionar el pecio para conocer la causas del naufragio en el que fallecieron 21 marineros zarpó del puerto de Vigo. Lo hizo a última hora de la mañana ante la mirada perpleja de las familias de las víctimas, que llevan meses peleando para que esta prueba se practique «con todas las garantías de seguridad». Los problemas de colaboración del Ministerio de Tranportes (encargado de la licitación de la misión) con la Audiencia Nacional vienen de atrás.
Hace meses, reprochan las familias, que el instructor Ismael Moreno solicitó información por escrito sobre cómo se estaba organizando el descenso. Ante la falta de respuesta, el pasado viernes dirigió un oficio urgiendo esa documentación y recordándole a la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos (Ciaim) que era el juez el que debía fijar, junto con la empresa, la fecha de salida. A esas alturas, el ministerio ni siquiera había firmado el contrato con la empresa adjudicataria –la viguesa ACSM Shipping– que en declaraciones a ABC reveló que cada día de espera le suponía un sobrecoste de 40.000 euros que no podían seguir asumiendo. Y los acontecimientos, de pronto, se precipitaron.
En una semana de vértigo para las familias, el delegado del Gobierno en Galicia les aseguró el martes que no había fecha fijada para que zarpase la misión y que se plegarían a lo que la Audiencia Nacional indicase. Menos de 24 horas después la misión puso rumbo a Terranova dejando al perito de parte de los afectados en tierra. También hubo problemas, según ha podido saber ABC, con los peritos judiciales encargados de aclarar lo que sucedió aquella madrugada para que un buque acostumbrado a sortear todo tipo de inclemencias se fuese a pique en cuestión de minutos. Solo uno de estos peritos pudo ser localizado con las prisas. «Por parte del ministerio se han pasado por el forro las garantías legales» aseguró ayer la portavoz de los afectados, María José do Pazo. «Es un día negro para la gente del mar», recalcó ante el incierto escenario que se abre con la validez de una prueba que no ha sido acordada con el instructor.
En un escenario en el que hay dos versiones sobre la mesa –la del patrón y la del tercer superviviente, que lo acusa– bajar al Pitanxo será crucial. Pero esta prueba ha de realizarse con la supervisión de la Audiencia para que tenga peso de cara a un juicio. «La Comisión no se ha sentado en el Juzgado a pactar cuáles son las posibilidades y limitaciones de la expedición y está en disputa la función de los peritos y a quién llevarán su informe y conclusiones» indicaron ayer a este diario fuentes del caso. Las familias, sobrepasadas, han convocado ya una protesta para hoy.