Hacienda impide a Díaz reforzar la Inspección para evitar un efecto dominó
▶ Nuevo incendio en la Administración: los letrados denuncian el abandono de Escrivá
El Ministerio de Hacienda ha puesto pie en pared ante el aluvión de reivindicaciones que se están produciendo en todos los rincones de la Administración. María Jesús Montero comunicó ayer al departamento que dirige Yolanda Díaz la imposibilidad de llevar a cabo el refuerzo de personal para la Inspección que se negocia tras las protestas del colectivo por la falta de plantilla para atender las nuevas tareas encomendadas por el Ministerio de Trabajo.
La titular de Hacienda justifica el veto al aumento de plantilla y otras cuestiones de mejora retributiva para el colectivo porque provocaría reivindicaciones en cadena en otros ámbitos de la Administración. De hecho, esta situación ya se ha producido después de que los funcionarios de la Seguridad Social y el ministro José Luis Escrivá alcanzaran un acuerdo hace escasos días para dotar con 3.525 nuevos trabajadores a los servicios del sistema de protección social.
La decisión de Montero se toma en un momento en el que una oleada de huelgas y protestas acorrala al Gobierno en pleno proceso electoral con los jueces y fiscales en pie de guerra para demandar mejoras salariales y protestar por la sobrecarga de trabajo, reivindicaciones que también se suman desde el sector privado con agricultores y ganaderos.
Hace escasos días la Inspección protestaba frente a las puertas del Ministerio de Trabajo por la falta de personal y de medios, que dieron paso a paros parciales de media hora convocados por los sindicatos, con la amenaza de desembocar en una huelga de tres días, entre el 26 y el 30 de junio, si no hay acuerdo con Trabajo. En este caso llueve sobre mojado; los sindicatos ya llevaron a cabo tres jornadas de huelga entre diciembre y febrero y están preparando una denuncia contra el departamento dirigido por Díaz ante la OIT, que se sumaría a la protesta contra el Gobierno ante la representación de la Comisión en España por incumplir el Plan de Recuperación en lo referido a la de Inspección.
Mientras, a Escrivá le crecen los enanos. Tras haber logrado la semana pasada pacificar a los funcionarios de la Seguridad Social ahora es su cuerpo de letrados el que advierte del «abandono» del equipo de juristas encargado de atender los miles de casos que terminan en los juzgados.
En una misiva a la que ha tenido acceso ABC, el colectivo denuncia no sólo la situación precaria del gabinete jurídico, que puede terminar por agravar los problemas en el servicio ante la posibilidad de generar un embudo en los juzgados de casos sin resolver que afectan a la Administración, sino que se pone en entredicho que el pacto sellado con CC.OO. y CSIF vaya a redundar en una mejora de los servicios que ofrece el organismo encargado de pagar las más de 10 millones de pensiones.
«No se traduce en ningún beneficio directo para el ciudadano. Veremos si para sus funcionarios», apuntan en el documento rubricado por la Junta Directiva del cuerpo de letrados. Dicen que el problema es mucho más profundo y «tiene que ver con la ya prolongada ausencia de una verdadera política de organización de la Seguridad Social» que está obligando a hacer «auténticos malabares» en su gestión.
20.000 procesos pendientes
Los letrados reclaman la ordenación de los servicios con la creación de la Agencia de la Seguridad Social y el refuerzo de la plantilla de abogados que cargan con toda la asistencia jurídica del organismo público. Recuerdan que sólo ante los juzgados de lo Social se inician más de 150.000 procesos anuales a los que se suman los más de 20.000 pendientes que se arrastran de ejercicios anteriores. «Es incomprensible que el Ministerio de la Seguridad Social, que solicita más de 12.000 dictámenes jurídicos anuales a sus letrados, mantenga tan «precaria estructura» y dotación de los servicios jurídicos.
Además, el órgano también es responsable de la aprobación de ciertas prestaciones, por una cuantía anual de 10.000 millones, como los complementos de maternidad por aportación demográfica o la prestación por nacimiento y cuidado de menor en las familias monoparentales. Y responde de la jurisdicción contencioso-administrativa donde autónomos y empresas lidian 5.500 procedimientos cada año en materia de recaudación de cuotas, tarifación por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como sobre altas y bajas de trabajadores y demás actuaciones en materia de lucha contra el fraude y empleo irregular.
Más allá, esta labor alcanza indirectamente al ciudadano de a pie, ya que el servicio jurídico ayuda a agilizar pleitos, evitar otros, proponer acciones de mejora de protección social, además del otorgamiento de prestaciones y velar por la correcta financiación. Explican que, con cada vez más habitualidad, ven como los juicios que llevan tiempo esperando no se pueden celebrar por que no ha llegado el expediente administrativo para que se celebre.
Los abogados de la Seguridad Social avisan de que se están perdiendo juicios porque no llegan los expedientes