El Banco de España mejora al 1,9% su previsión de PIB para este año y pide contener ya el gasto público

▶ Discrepa del Gobierno y vaticina que habrá que hacer ajustes extra para cumplir con la UE

León, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y comunidades forales, los parientes cercanos o no pagan o abonan ya cantidades simbólicas.

Las novedades fiscales para el ejercicio de 2024 afectan también al Impuesto de Patrimonio, que las comunidades autónomas más afectadas por el gravamen a las grandes fortunas del Gobierno –principalmente la Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, Extremadura y la Región de Murcia– han retocado en mayor o menor medida para desactivar la maniobra del Gobierno.

Las simulaciones realizadas por el REAF concluyen que lo han conseguido en buena medida. En la Comunidad de Madrid, el gravamen a las grandes fortunas se quedará a cero por la reforma legal que reserva esa recaudación a la comunidad autónoma, a cambio eso sí se reinstaurar el impuesto a los grandes patrimonios afectados por el impuesto; en Andalucía, su recaudación objetiva también se reducirá de manera sustancial; de modo que en la práctica el efecto del gravamen casi desaparecerá salvo en el caso de un puñado de ultrarricos.

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, aprovechó ayer la presentación del informe para denunciar el excesivo activismo fiscal de las administraciones territoriales en España. El informe del REAF constata que a efectos de IRPF España es ya de facto casi un Estado federal porque ya no hay una sola comunidad autónoma que mantenga la tarifa establecida por el Estado, pero es que en conjunto hay cerca de un millar de medidas fiscales (991) específicas aprobadas a nivel autonómico en uso de la capacidad normativa que les reconoce la regulación tanto en impuestos cedidos como en impuestos propios. «Se ha configurado un galimatías espectacular que no tiene ninguna ventaja y no solo se complica la vida a la gente sino al sistema judicial», remachó. el periodo 2022-2024, ambos incluidos –ascendería al 9,5% de sustanciarse el extra por el IPC–.

Segunda paga del año

Con todo, el anuncio del Gobierno propiciará para los 3,5 millones de trabajadores públicos una segunda ‘paguilla’ de 176 euros –la primera del 0,5%, por el mismo valor, se abonó en febrero por el crecimiento del PIB de 2023–, ya que aplicarse la subida en abril el Estado aún devengaría a estos empleados los atrasos correspondientes a enero, febrero y marzo –el alza del 2% suponen 58,7 euros mensuales más y 704,4 euros para el conjunto del año–.

Con esta subida, el sueldo medio en el sector público – en base estadística INE– asciende en 2024 a los 2.993,3 euros.

El Banco de España se unió ayer al lento pero constante goteo de analistas e institutos de previsión que vienen revisando al alza sus expectativas de crecimiento para la economía española en este año después del buen dato de avance del último trimestre difundido por el INE a finales de enero. Su nuevo marco de proyecciones eleva la previsión de avance del PIB del 1,6% al 1,9%, pero sin embargo no anticipa mejora alguna por ello en el desequilibrio de las cuentas públicas que continúa situando en el 3,5% a final de año, por encima del umbral máximo permitido por la Comisión Europea.

La inminente restauración de las normas fiscales europeas y del consiguiente control de los niveles de déficit y deuda públicos de los Veintisiete ha reorientado los objetivos de política económica que instituciones y analistas demandan al Gobierno de España. De la preocupación por el crecimiento en los años inmediatamente posteriores a la pandemia se va pasando lentamente a un contexto en el que mira con un ojo a las cifras de crecimiento y con el otro a las del déficit.

Del informe difundido ayer por el Banco de España se desprende que mientras la Comisión Europea y los analistas han pasado de pantalla, el Gobierno de España no parece haberlo hecho. Algunos datos avalan la interpretación. Por ejemplo el muy relevante peso del consumo público (tres décimas) en el inesperado crecimiento del 0,6% que el INE atribuye en su dato de avance a la economía española en el último trimestre, a costa de dejar el déficit público en el 3,8% al cierre de 2023 y forzar un ajuste fiscal de 12.000 millones este año para llegar al objetivo del 3% comprometido con Bruselas; o también la prórroga durante este año de algunas de las medidas de estímulo aprobadas para combatir el episodio inflacionista, lo que aportará un impulso extra al crecimiento y restará alguna décima de IPC, pero que a juicio del Banco de España contribuirá a que las cuentas públicas cierren el ejercicio con un desequilibrio del 3,5%, salvo que se habiliten en los Presupuestos Generales del Estado medidas de ajuste extra para evitarlo.

Las cifras presentadas ayer por el Banco de España subrayan una dis

Revisión de previsiones del Banco de España / Marzo 2024

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Mar 2023 crepancia de base con la hoja de ruta del Gobierno. Mientras este ha sostenido hasta la fecha que considera que el impulso del crecimiento serán suficientes para bajar el déficit por debajo del umbral del 3%, la institución que dirige Pablo Hernández de Cos dejó claro ayer que en ausencia de medidas extra de ajuste fiscal el déficit público se cronificará en el entorno del 3,5%, el dato estructural no bajará de su actual nivel del 4% y la deuda pública no bajará más allá del 106,5% que se estima para el cierre de este año.

El director de Economía del Banco de España, Ángel Gavilán, advirtió ayer que bajo los parámetros de la actual propuesta de normas fiscales a las administraciones públicas españolas no les va a quedar más remedio que abor

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Mar 2204 dar un ajuste de entre 6.000 y 8.000 millones al año a partir de 2025 y que eso exigirá una decisión sobre cómo hacerlo. «No será lo mismo si se hace reduciendo el gasto, que si se hace elevando ingresos; y no será lo mismo si se elevan los impuestos directos, que impactan sobre los agentes económicos, que en los indirectos, donde tenemos un déficit de recaudación».

Sombras e incertidumbres

Y todo ello en un contexto incierto, en que la fuerte reducción de la inflación, por el desplome de los precios energéticos, que según la institución recortará la previsión de inflación media para este año del 3,3% al 2,7%, no ha diluido la preocupación por el precio de los alimentos a los que la sequía ha hecho repuntar en la primera parte del año. Y en el que el favorable desempeño de la economía respecto al resto de la eurozona ofrece flancos de incertidumbre por la atonía de la inversión privada, que sigue un 30% por debajo del nivel prepandemia, y por la dependencia del consumo público.

La sequía está haciendo que el precio de los alimentos se desacople de la tendencia general a la baja de la inflación de la economía