La Abogacía del Estado defiende la ley y califica las denuncias como «inexplicables»
▶ La respuesta del Comité Europeo de Derechos Sociales tardará cuatro meses en publicarse
La Abogacía del Estado respondió el pasado febrero a una denuncia de CC.OO. que utiliza los mismos argumentos que la de UGT, diciendo que esta era una reclamación «innecesaria» puesto que los derechos laborales están suficientemente protegidos por el derecho español. El informe enviado por el Gobierno considera que los argumentos del sindicato no se corresponden con la realidad y contestaba con los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que en su día consideró que la reforma laboral de 2012 no supuso un recorte de los derechos en la medida que rebajaba la cuantía de la indemnización máxima por despido.
El informe pide prestar «especial atención» a lo que Comisiones define en su denuncia como «una acción fraudulenta para lograr la expulsión de los trabajadores de su empleo, como medios para impedir el ejercicio de los derechos que les puedan corresponder en virtud de la Carta Social Europea y la Carta Social Europea revisada y sus Protocolos», ante lo que la Abogacía del Estado «señala el carácter inexplicable de esta denuncia, dado que precisamente en el sistema español cuando el despido se califica como nulo contempla el consiguiente reintegro obligatorio del trabajador en la empresa».
En sus conclusiones, el informe que en teoría defiende el propio Gobierno señala que la valoración general de la legislación española, «al contrario de lo que afirma el sindicato, lleva a la conclusión de que el sistema proporciona un grado suficiente de protección al trabajador que ha perdido su empleo».
España firmó en 2000 el tratado que reconoce el derecho de las organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones reconocidas a interponer denuncias colectivas contra su propio país por violaciones de la Carta Europea de Derechos Sociales. Sin embargo, ese tratado no fue ratificado hasta mayo de 2021, que es cuando ha entrado realmente en vigor. España ha sido de los últimos países europeos en ratificar este tratado que de este modo se convierte en vinculante.
De hecho, e n los últimos meses esta posibilidad legal ha sido ya utilizada en casi una decena de ocasiones, aunque esta sobre la indemnización del despido ha sido la primera en sustanciarse. La lista de las demás demandas incluye no solo a sindicatos de trabajadores, sino también a organizaciones profesionales como la Unión Federal de Policía, que ha denunciado a España porque los agentes no tienen derecho a la huelga, o Euromil, que es el sindicato europeo de militares, que reclama el derecho a la negociación colectiva para los miembros de las Fuerzas Armadas. Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI), junto a otra media docena de organizaciones, considera que en España se violan los derechos a la vivienda, asistencia legal y protección económica de los niños inmigrantes. Es prácticamente el mismo objeto de la demanda que la que ha presentado el sindicato vasco ELA. CC.OO. Y UGT de Castilla y León han denunciado a la Administración regional por ciertos recortes en gastos sociales y Comisiones Obreras de Murcia denuncia que los conductores de mercancías no pueden cobrar horas extras.
Los informes sobre sus resoluciones no se publican inmediatamente después de haber sido redactados, sino que tardan cuatro meses, plazo en el que ha de ser supervisado por el comité de ministros del Consejo de Europa. Y generalmente, la decisión se limita a determinar si consideran que los hechos denunciados constituyen o no una violación de derechos recogidos por la Carta Europea de Derechos Sociales, pero raramente pueden dar una receta determinada, ya que cada Gobierno tiene que decidir cómo quiere que se cumplan dichas recomendaciones.
Además, no existe ninguna posibilidad de obligar a cumplirlas. Incluso puede ser que esas recomendaciones que se aplican a un país en una sentencia no estén en línea o incluso contradigan las recomendaciones de la zona euro, que si tienen un carácter obligatorio.
Nueve demandas contra España esperan la decisión del Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa