Los diez centros autonómicos para formar parados están cerrados
En los dos últimos años sólo se ha instruido a 617 alumnos en 49 cursos. En cuatro centros se han convocado cursos con un máximo de 15 plazas
La Junta de Andalucía tiene una potente red de infraestructuras para formar a los desempleados, unos edificios que son de titularidad pública, cuentan con funcionarios y personal laboral a su servicio pero, sorprendentemente, permanecen cerrados o casi. Se trata de los diez centros públicos de formación profesional que están repartidos por todas las provincias andaluzas —excepto Huelva que no cuenta con ninguno— y de los que seis no tienen ningún tipo de actividad (tienen sus puert as cerradas f í sicamente además) mientras que otros cuatro sí están convocando algunos cursos de formación aunque con una bajísima media de alumnos (entre 3 y 15 por curso).
Estos centros de formación profesional tienen como objetivo «llevar a cabo acciones formativas para desempleados que sean de relevancia en los territorios en los que están implantados», según ha explicado en el Parlamento el consejero de Empleo, Javier Carnero, pero llevan tres años completamente faltos de actividad. Y esto teniendo en cuenta las alarmantes cifras del paro a pesar de la leve recuperación con la que se ha cerrado el año 2017. Andalucía tiene una tasa de paro, según la EPA, del 25,4%, un dato que sube preocupantemente hasta el 46% en la franja de los menores de 25 años.
El propio Gobierno andaluz ha reconocido que en los últimos dos años estos centros de formación profesional sólo han tenido a 617 alumnos que han participado en 49 acciones formativas. Estos edificios fueron cedidos a la Junta de Andalucía, concretamente al SAE, por el antiguo Inem que los levantó y puso en funcionamiento para formar a los desempleados y facilitar así su incorporación al mercado laboral. Por ello cuentan con todo el equipamiento necesario para expedir certificados de profesionalidad que son los que capacitan para ejercer una profesión en el mercado laboral y dispo- nen, en total, de 42 personas entre funcionarios y laborales, la mayoría de los cuales no tiene ninguna tarea que realizar puesto que no tienen alumnos que atender. Y no hay ningún tipo de explicación para esta parálisis ya que no se trata de los cursos de formación que imparten empresas privadas y que han estado en suspenso desde 2012 cuando saltó el escándalo del presunto fraude sino de cursos y acciones formativas impartidas directamente por la Junta en sus instalaciones.
Es más, el Gobierno andaluz presupuestó sólo en 2017 siete millones de euros para esta formación profesional ocupacional pero sólo gastó 2,4 millones de euros en los dos últimos años. Sin embargo, hay otro dato más preocupante. En el presupuesto de este ejercicio 2018, la Junta sólo ha consignado 225.662 euros para la formación profesional ocupacional en estos centros.
También es una incógnita qué va a pasar con estos edificios públicos. La Junta ya ha cedido el Centro de Formación Aeronáutica de San José de la
Rinconada, en Sevilla, al ayuntamiento de la localidad sin que, por el momento, tenga uso alguno. Una situación similar tiene el centro Guadalquivir, también en Sevilla, que cuenta con 3.600 metros cuadrados prácticamente sin uso y que está cerrado, oficialmente «por obras».
El de Viator, en Almería, también está cerrado por reorganización, lo mismo que sucede con el de Linares. Hay que tener en cuenta que Linares es la ciudad de España con mayor índice de paro alcanzando un 44,5% por lo que la falta de cualificación de sus desempleados es un problema importante en la localidad y en toda la comarca.
Los centros que sí tienen algunos cursos son los de Málaga, los dos de Córdoba (Lucena y Montilla) y el de Granada, con cursos que van desde la confección de páginas web hasta operaciones de fontanería.