ESPERANDO A RAJOY
Lo peor es haber jugado con las leyes de la autonomía para imponer una medida política de forma unilateral contra una norma constitucional
EN su proceso de cataluñización, Andalucía ya ha pasado la barrera del incumplimiento constitucional. La fallida estrategia de aplicar la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios le ha costado a la presidenta Susana Díaz el bochorno. La solución improvisada por la consejera María Jesús Montero de completar la jornada presencial haciendo cursos en línea desde casa es, por su inconsistencia, un indicio de fraude de ley cuyas últimas consecuencias dependerán del interés que tenga la Abogacía del Estado en demostrar su celo contra la impunidad.
Además de este problema mayúsculo, la decisión errada del Gobierno andaluz tiene otras consecuencias colaterales. Utilizar a los funcionarios para caprichos políticos desgasta. El deterioro para la imagen institucional de la Junta no es menor que el que ha generado a la imagen de la propia comunidad y sus funcionarios. Intentar convencernos de que es «totalmente necesario» convalidar horas de trabajo de los funcionarios por cursos de meditación y autoayuda porque muchos funcionarios sufren gran presión laboral, como dice la desbordada consejera, es el primer paso para reivindicar que retribuyan con similar desahogo cursos de yoga a los 800.000 parados andaluces, que sí que sufren la presión diaria de buscarse la vida, y otro tanto para los autónomos, y para...
Justificar la solución en que está acordada «con los sindicatos» es una excusa débil que solo demuestra el nivel de dependencia al que han llegado en Andalucía las dos centrales sindicales y aquella confederación sindical que se decía independiente, incapaces de pedir a la consejera, al menos, una solución más trabajada. Ante tanto esperpento de sus representantes y políticos, sería un alivio que los funcionarios andaluces reclamaran cumplir la jornada presencial de 37 horas y media hasta que se alcance el acuerdo estatal de recuperar las 35, una aspiración lícita que la Junta podría haber defendido con todos los argumentos menos el de los hecho consumados.
Lo peor es haber jugado con las leyes de la autonomía para imponer una medida política de forma unilateral contra una norma constitucional. Y hacerlo a conciencia. El problema se solucionará automáticamente cuando el Gobierno de Rajoy, como ha prometido, recupere la jornada de 35 horas. Esa es la paradoja, Susana Díaz quiso meter prisa a Rajoy y ahora depende del presidente para salir del marrón. Marcar los tiempos a Rajoy... hay que ser osada.