Gürtel sitúa al PP valenciano de nuevo ante la financiación ilegal
Arranca el juicio por la tercera pieza de esta trama en la Audiencia Nacional, referida a las elecciones de 2007 y 2008
Tras el conocido como «caso de los trajes» que afectaba al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps –del que salió absuelto–, y el relativo a la organización de la feria de turismo Fitur, llega a juicio la tercera pieza de la rama valenciana de Gürtel. Se tratará del segundo que será juzgado por un tribunal profesional, ya que el de los trajes lo fue por un jurado popular.
La vista oral que arranca hoy en la Audiencia Nacional resolverá si el PP de la Comunidad Valenciana se saltó las normas para financiar las campañas de las elecciones autonómicas del 2007 y de las generales del 2008. Veinte personas, entre ellas cinco antiguos altos cargos del partido, como Ricardo Costa o Vicente Rambla, se sentarán en el banquillo de los acusados en una de las salas de la sede de este tribunal, uno de los focos judiciales de la depuración de la corrupción, donde también han rendido cuentas los usuarios de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia o los cabecillas de la trama Gürtel, ya en prisión y quienes serán enjuiciados en esta vista.
El juicio llega marcado por la confesión de nueve empresarios acusados, quienes han admitido que realizaron pagos irregulares al PP valenciano para sufragar aquellas campañas, entre ellos Vicente Cotino, el sobrino del expresidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino. Con este reconocimiento, los empresarios verán reducida hasta los dos años la petición de pena de la Fiscalía, que apuntala así sus tesis y allana su labor de acusación.
Penas de prisión
Anticorrupción, aun así, reclama siete años y nueve meses de prisión para el antiguo secretario general del PPCV Ricardo Costa, el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, el ex vicesecretario general del partido David Serra y la antigua gerente Cristina Ibañez. Yolanda García, la tesorera del PP valenciano, se enfrenta a seis meses de cárcel por «cómplice» del delito electoral supuestamente cometido en la campaña de las generales de 2008.
Los cabecillas de la Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, también se sentarán en el banquillo, y piden para ellos veinticuatro años de prisión. Para Álvaro Pérez, alias «el Bigotes», considerado el encargado de la trama en Valencia, la Fiscalía solicita 27 años de cárcel por tres delitos electorales, uno de falsedad y cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Todos se encuentran encarcelados por las actividades de la Gürtel en Valencia, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva sus recursos contra las condenas.
«Con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los acusados integrados en el PPCV, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market SL servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros. En ambos casos, tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad», expone la Fiscalía en su escrito de acusación, con el que ha colocado el delito electoral sobre la mesa. El juez central de lo penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Hon- rubia, será el encargado de decidir si lo hubo.
Entre los testigos citados destacan Francisco Camps y el antiguo tesorero del PP Luis Bárcenas, quien aguarda la sentencia de la Audiencia Nacional por la primera época de la trama Gürtel.