Desaparecidos en México, «una tragedia de lesa humanidad»
Mañana entra en vigor la Ley General de Desaparición Forzada, del Gobierno de Peña Nieto, tras el drama sin resolver de los 43 de Ayotzinapa
SUSANA GAVIÑA
Las desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, puso a México en el foco informativo internacional durante meses sobre un hecho que no era excepcional ni puntual. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped) del Gobierno de México, desde 2007 hasta el pasado 31 de octubre –que comprende los mandatos presidenciales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– han desaparecido 33.513 personas. Sin embargo, ONG y otros organismos desmienten las cifras de esta base de datos, que consideran incompleta y con errores. Hasta hace tan solo un par de meses estas cifras ni siquiera i ban acompañadas de un nombre y un apellido. Gracias al trabajo de la organización Data Cívica, fueron identificados casi 32.000 desaparecidos de esa base de datos, dejando así de ser meros «renglones» para convertirse en personas reales.
«Esta es una tragedia de lesa humanidad, porque tan solo se denuncia uno de cada siete desaparecidos. Multiplique los 33.000 por seis», denuncia Yolanda Morán, que lleva casi una década buscando a su hijo. «En México hay una guerra inf ernal en contra de su propia ciudadanía, su propia población», asegura en conversación telefónica con ABC.
Autoría militar
Aunque todavía no se conoce con certeza el destino de los 43 normalistas, su desaparición –presuntamente a manos de militares, con la cobertura de l as autoridades l ocales– supuso un punto de inflexión en este enorme drama. La repercusión internacional del caso obligó al presidente Enrique Peña Nieto a asumir un compromiso para frenar esta lacra. Tras dos años y medio de trabajo, el pasado mes de octubre fue aprobada la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. Con un presupuesto de 496 millones de pesos mexicanos (algo más de 20 millones de euros) y penas de hasta 90 años de prisión, entrará en vigor mañana, 16 de enero.
«Aunque no lo diga el Estado, creemos que con la creación de esta ley se reconoce que existe esta problemática», sostiene Yolanda Morán, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, formado por 35 colectivos de familiares y 40 organizaciones civiles de todo el territorio nacional así como de otros países de Cent roamérica, algunos de cuyos ciudadanos han desaparecido en su tránsito hacia EE.UU. La plataforma nació en 2015 para dar visibilidad a las víctimas y sus familias y convertirse en un actor más en la elaboración de la nueva ley. «Hemos trabajado hombro con hombro».
Nueve años de búsqueda
Yolanda Morán l l eva más de nueve años buscando a su hijo, Dan Jeremeel Fernández, que ahora tendría 43 años. Sin noticias de él desde el 19 de diciembre de 2008, Yolanda no ha cesado de buscar, de llamar a todas las puertas posibles y, sobre todo, de tener esperanza.
Dan Jeremeel, que trabajaba como ejecutivo en l a empresa de seguros ING, desapareció en Torreón Coahuila cuando iba a visitar a una compañera de trabajo. Ella fue la última persona que l o vio. En su caso, se pudo identificar a los responsables. «Hasta ahora, según las investigaciones, fueron militares activos del área de inteligencia que se dedicaban a hacer secuestros mensuales», relata. Diez días después fue localizado el coche de su hijo, conducido por el teniente de caballería Ubaldo Gómez Fuentes, adscrito al área de inteligencia de la II Región Militar en Torreón. Una vez detenido, el militar delató a cinco cómplices, tres de los cuales –dos hombres y una mujer– fueron capturados por las autoridades y encarcelados, aunque no por mucho tiempo. «Una hora después de ingresar en la cárcel de Torreón entró un comando con dos camionetas y quince personas enca- puchadas fuertemente armadas, que golpearon y asesinaron» a los militares responsables de la desaparición de Dan Jeremeel. A continuación, «les echaron gasolina para quemarlos. Alguien dentro de l a cárcel estaba de acuerdo con ellos y les abrió la puerta», sostiene Yolanda. Los otros dos militares permanecieron prófugos durante meses, hasta que uno de ellos fue apresado y corrió la misma suerte que los anteriores. La única esperanza que le queda a Yolanda es que el último militar prófugo sea detenido y pueda dar información sobre el paradero de su hijo –«¿dónde lo deja-
90 años de cárcel La nueva ley, con un presupuesto de 20 millones de euros, contempla penas de hasta 90 años de cárcel Investigación parcial «El Gobierno no investiga a los militares. Y estos no se prestan para decir o ayudar en la investigación» Cifras reales «Se denuncia una de cada siete desapariciones. Multiplique las cifras oficiales por seis» Una ley necesaria «No era la que queríamos pero le dimos el visto bueno porque la necesitábamos. Tenemos algo con lo que reclamar»
ron, o qué pasó con él?»– antes de que sea asesinado.
Tras nueve años de búsqueda incansable, denuncia que «el Gobierno no investiga a los militares». Y que estos «no se prestan para decir o para ayudar en la investigación. Ese es mi mayor problema. Es ir contracorrien- te. Pues son las mismas autoridades, y no se van a investigar ellos mismos».
Yolanda ha pedido investigar al grupo de inteligencia al que pertenecían los detenidos, «pero nadie habla. Son herméticos». Y se muestra preocupada por las prerrogativas que acaba de conceder el Gobierno de México a este cuerpo armado. «Los militares siguen cometiendo delitos. Y la nueva Ley de Seguridad Interior no ayuda. Es terrible. Yo y toda mi familia sufrimos por los delitos que comete el Ejército, que ahora tienen permiso con esta ley».
Aprobado el pasado mes de diciembre, el texto ha sido rechazado amplia- mente por ONG nacionales e internacionales, y criticada incluso por Naciones Unidas, pues permite a las fuerzas armadas mexicanas intervenir en cualquier punto del país cuando considere que existen «amenazas a la seguridad interior».
A la tragedia de perder un hijo se suman también las presiones sufridas por buscarlo. Como tantas otras personas en México, Yolanda Morán es una «desplazada» más en su país. Actualmente vive cerca de la ciudad de Guanajuato. Tuvo que dejar su residencia anterior, en Torreón, «por andar investigando a los militares. Empezaron a instigarnos, a amenazarnos».
A pesar de todas las presiones, y gracias al apoyo de sus otros dos hijos, sigue adelante. «Procuramos que nos ayude no solo el pueblo de México, también hemos salido a difundir la problemática de las desapariciones, y pedir ayuda a los socios comerciales de México para presionar a las autoridades para que busquen a nuestros hijos porque realmente no hay búsqueda de los desaparecidos. Si las mismas autoridades no lo han hecho... el jefe de la Policía nos lo dijo: “Los militares nos dicen que ellos no tienen orden de buscar ningún desaparecido. Si en la búsqueda de delincuentes encontramos gente secuestrada, pues la rescatamos, pero no tenemos órdenes”. Esto es así desde que se emprendió la guerra de Calderón; y seguimos con la misma problemática con Peña Nieto».
Yolanda se refiere a la guerra abierta durante el sexenio de Felipe Calderón contra los cárteles mexicanos en la que utilizó al Ejército y que, según algunas estimaciones, dejó más de cien mil muertos. Su sucesor, Enrique Peña Nieto, prometió reducir las cifras de asesinatos, algo que no ha l ogrado cumplir pues en 2017 México superó el récord de 2011, con más de 27.000 muertos (80 al día).
Una herramienta positiva
Sobre la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Yolanda Morán se muestra más optimista que con la de Seguridad Interior. «Hemos trabajado hombro con hombro con el secretario de gobernación, con senadores, diputados... Hemos empujado para lograr esta ley».
A pesar de que el gobierno no ha incluido en el texto todos sus requerimientos, considera positivo que haya sido aprobada. «No es la que queríamos, o buscábamos, porque quedó en algunas partes floja, en otras nos faltó meter cosas... Pero así es esto. Hay que negociarla. Le dimos el visto bueno porque necesitamos la herramienta, el documento. Ya este año trabajaremos sobre ella, pero podremos hacer uso de algunas cosas buenas que incluye. Ya tenemos algo con lo que reclamar, y eso es bueno». Entre los elementos que aporta el texto legal, destaca la creación de la comisión nacional de búsqueda, «algo que no había habido nunca. Vamos a trabajar sobre la implementación de la ley durante los próximos seis meses».