El déficit ronda los 18.000 millones sin que el Pacto de Toledo mueva ficha
Σ Más de un año llevan buscando soluciones sus señorías para un sistema que este año precisará de un crédito de 15.000 millones para pagar nóminas
La urgencia de encontrar soluciones consensuadas a la crisis de las pensiones llevó a todos los grupos a reactivar el Pacto de Toledo en noviembre de 2016. La intención de sus señorías fue acelerar sus trabajos para poder anunciar en l os meses de febrero o marzo de 2017 un plan con propuestas firmes que permitieran garantizar la viabilidad del sistema público. Las pensiones prometían ser el primer gran acuerdo de legislatura pero el pacto nunca llegó. A estas alturas no hay ni un solo consenso que permita liberar de gastos al sistema, que el pasado ejercicio cerró con un déficit del entorno de 18.000 millones. Enfrascados en peleas políticas, los políticos no están siendo capaces de pisar el acelerador y acordar medidas para paliar el abultados desfase entre ingresos y gastos.
Las negociaciones se bloquearon durante la primavera debido al proceso de primarias del PSOE y no se retomaron hasta l a victoria de Pedro Sánchez. Sin embargo, cuando se puso blanco sobre negro y se intentó cerrar las recomendaciones antes de final del año, las posiciones encontradas lo impidieron. Luego llegó la situación en Cataluña, el referéndum ilegal y el diá- logo fue misión imposible. El Gobierno perdió el apoyo clave del PNB para sacar adelante los Presupuestos de 2017, finalmente prorrogados, y la crispación política arrinconó al Pacto de Toledo. Las pensiones pasaron a un segundo plano.
Mientras, la Seguridad Social sigue intentado equilibrar sus balances después de una dura recesión que destruyó 3,7 millones de empleos. Hoy, los ingresos por cotizaciones registran incrementos récord superiores al 5%, pero el avance de los gastos no permite reducción importantes del déficit. En 2017 la Seguridad Social tuvo que recurrir a un crédito del Tesoro de 10.000 millones y este año repetirá, aunque esta vez el importe será superior, de 15.000 millones, que, a la vista del desfase presupuestario que ya reflejan los estados contables de la Seguridad Social agotará. El gasto sigue aumentando a mayor ritmo que los ingresos, lo que ha provocado que el Fondo de Reserva ya no tenga fondos ni para pagar una mensualidad más. En la hucha quedan 8.095 millones frente a los casi 67.000 que llegó a tener en 2011.
El principal reto que tiene la comisión del Congreso sigue siendo explorar soluciones para devolver el equilibrio financiero al sistema, cargado con un déficit histórico. Lo que sí parece claro tras más de un año de interven- ciones y propuestas es que nadie quiere acabar con el actual sistema de reparto (las pensiones del momento se pagan con las cotizaciones de los trabajadores en activo). Hay unanimidad en que existe un problema de ingresos. Y las medidas apuntan en la misma dirección: subir impuestos y desviar algunas partidas a los Presupuestos para pagar parte de la factura.
Subir los impuestos
Aquí se enmarca la última propuesta del PSOE. Sostiene que los españoles contribuyeron «con el sudor de su frente» al rescate de la banca y que, por lo tanto, lo «justo» es que ahora sea la banca quien ayude a sostener las pen-
siones. Con este argumento, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido la creación de un impuesto a las entidades financieras que recaude hasta 1.000 millones anuales destinados a reducir el déficit. La iniciativa, que se añade a otro tributo a las transacciones financieras, acerca al PSOE a Podemos, que reivindica la idea.
Subir los impuestos
El PP también quiere elevar los impuestos. Sería, en principio, de «forma coyuntural», por lo que el nuevo gravamen tendría carácter temporal, hasta que se solucione la situación de déficit e insuficiencia de ingresos que sufre la Seguridad Social. Así lo propuso Gerardo Camps, diputado y portavoz del PP en la comisión del Pacto de Toledo. Precisó que se puede, por ejemplo, destinar parte de los ingresos impositivos que tiene el país, o también crear un impuesto propio como se hizo en Francia. Esta última opción también fue defendida por el PSOE hace dos años. En el país galo está vigente una contribución social generalizada, que es un recargo sobre una cesta de impuestos.
Sobre la mesa también está planteado un destope de bases máximas de cotización; y lo más lógico es que las pensiones máximas suban en la misma proporción. No se entendería que se elevaran las bases máximas (3.751,2 euros mensuales) y, en paralelo, no aumentará la cuantía máxima (2.580 euros).
Mas distancia hay cuando se trata de trasladar algunas partidas a la factura del Presupuesto. La Seguridad Social es partidaria de transferir los casi 25.000 millones que se pagan por viudedad y orfandad a las cuentas públicas, medida que rechaza el PSOE porque se correría el riesgo, dice, de eliminar su carácter contributivo de las prestaciones.
Otra de las propuestas del Gobierno es hacer frente con impuestos los descuentos en las cotizaciones (tarifas planas o mínimos exentos) que existen para incentivar las contrataciones o las altas de autónomos. Según sus números supondría unos 3.000 millones al año.
PSOE y Podemos quieren t ambién derogar el Índice de Revalorización y volver al I PC para evitar pérdidas de poder adquisitivo. PP y Ciudadanos se comprometieron antes de verano a estudiar fórmulas que permitieran evitar caídas del poder de compra, como ya ocurrió el pasado año y lo hará este ejercicio teniendo en cuenta que por quinto año las rentas subirán un escuálido 0,25%, Y aunque no es probable que se realice un nuevo aumento en la edad de jubilación (65 años y seis meses en 2018) no sería descartable un endurecimiento de la jubilación anticipada como formula para recortar gasto.
Muchas ideas, pocas soluciones... Y con la soga al cuello. Dice BBVA Research que las pensiones solo serán sostenibles si se crean diez millones de empleos. Recuerda que en tres décadas el número de prestaciones pasará de los 9,5 millones a 15.