GOLPE DE MANO
Díaz se apropia del Consejo Consultivo con una osadía que no tuvo Chaves ni en su más contundente mayoría absoluta
El Consejo Consultivo de Andalucía es uno de esos órganos antipáticos para el gran público que se percibe como un apéndice administrativo bien pagado y de dudosa utilidad. Su labor, sin embargo, es trascendente, toda vez que avala la legalidad de las leyes que aprueba el Gobierno andaluz antes de su remisión al Parlamento. La información que maneja es tan sensible que el Ejecutivo resaltó en el propio nombre del órgano su carácter consultivo, para dejar bien claro que su dictamen no es de obligado cumplimiento y mantener por tanto las manos libres para legislar.
Quizás este carácter consultivo permitió alcanzar sin problemas un pacto para que en este consejo estuviesen representadas las principales sensibilidades políticas. Es decir, que los partidos mayoritarios se repartiesen la designación de sus miembros, tal y como sucede en los órganos jurídicos nacionales. Así ocurrió hasta ayer, cuando el Gobierno de Susana Díaz concluyó que ya estaba bien de pluralidad, dejando fuera del consejo a los dos miembros propuestos por el PP y metiendo a Mar Moreno, la que fuera mano derecha de José Antonio Griñán. Con este golpe de mano Susana Díaz se cobra dos piezas en un sólo disparo: castiga al PP por pedir que la presidenta declare en el juicio de los ERE y se quita de enmedio a Francisco Gutiérrez, doctor en Derecho Público y aficionado, vaya por Dios, a cuestionar en el consejo las directrices que llegaban de San Telmo mediante sus votos particulares.
La presidenta andaluza se salta los principios de pluralidad política más elementales con un desparpajo que asusta. Su Gobierno se apropia del Consejo Consultivo con una osadía absolutista que no tuvo ni Manuel Chaves en su más contundente mayoría absoluta. Tiene bloqueada desde hace años la renovación del consejo de administración de la RTVA y la Cámara de Cuentas para que no puedan entrar los partidos políticos que consiguieron representación parlamentaria en las últimas elecciones. Y se deshace, ya sea fomentando denuncias internas o por expulsión directa, de aquellos representantes de la oposición en el Defensor del Pueblo, el Consejo Consultivo o el Consejo Audiovisual que se muestran más combativos y reacios a ejercer de meros palmeros. Hoy por hoy, los órganos políticos no gubernamentales que se constituyeron para fiscalizar —siquiera testimonialmente— la acción del Ejecutivo apenas pueden ejercer crítica alguna, tal es el control que el PSOE tiene sobre ellos.
Más allá de su eficacia real en la gestión, estos órganos de representación política son contrapesos del poder y actúan como termómetros de la salud democrática de la comunidad autónoma. Y es evidente que la marginación que sufren los partidos de oposición en ellos es un claro indicativo de que el Gobierno de Susana Díaz estará muy preocupado por la alimentación y las calorías que consumen de los andaluces, pero muy poco interesado en sus derechos democráticos.