Susana Díaz da la sorpresa y cambia al Consultivo para hacerlo a su medida
La presidenta rompe la costumbre de pactar con el resto de fuerzas políticas los integrantes del principal órgano de consulta y asesoramiento de Andalucía
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dio ayer un golpe de mano inesperado que puede marcar un antes y un después en su su relación con el resto de fuerzas políticas andaluzas. Rompiendo la costumbre de todos los gobiernos autonómicos desde hace más de 20 años, decidió por su propia cuenta renovar a los miembros del Consejo Consultivo, el principal órgano de consulta y asesoramiento de la comunidad autónoma y cuyos dictámenes son preceptivos para poder tramitar las leyes. Una tarea similar a la que realiza el Consejo de Estado con el Gobierno central. Hasta ahora, el nombramiento de los integrantes de este órgano se había hecho entre juristas de reconocido prestigio y previo consenso con el resto de fuerzas políticas. O, al menos, con las mayoritarias. Así, el PP había elegido a dos de los componentes del actual consejo que fue cesado ayer.
Sin embargo, Susana Díaz ha decidido romper la costumbre y nombrar a un Consultivo a su medida teniendo en cuenta, además, que los cargos son para cinco años lo que quiere decir que Susana Díaz se garantiza el control de este importante órgano no sólo en lo que resta de esta Legislatura (un año si no hay elecciones adelantadas) sino también para la siguiente.
La decisión de Susana Díaz tiene más calado porque no sólo ha expulsado al PP de este órgano sino que, además, ha impedido la entrada de representantes propuestos por Podemos y Ciudadanos, dos partidos que entraron en el Parlamento en 2015 pero que siguen al margen de los órganos de poder. Y así van a seguir tras este movimiento estratégico de la presidenta.
Susana Díaz presentó un decreto ante el Consejo de Gobierno con el nombramiento de 11 consejeros de carácter electivo que, además, pasan a ocupar sus cargos por un período de cinco años. Previamente, había mandado cesar a los anteriores consejeros por sorpresa y a primera hora de la mañana.
Uno de los nuevos consejeros del Consultivo será Mar Moreno, la exconsejera de Presidencia, Educación y Obras Públicas y actual senadora por la co-
munidad autónoma, cargo del que tendrá que dimitir ya que el de consejera del Consejo Consultivo exige dedicación exclusiva. Susana Díaz también mantiene a Rafael Escuredo, expresidente de la Junta a quien nombraron en septiembre de 2014, y a Begoña Álvarez, exconsejera de Justicia que repite por segunda, y última vez.
La explicación
El Gobierno andaluz trataba de dar ayer una explicación oficial al asunto. El portavoz del Ejecutivo de Susana Díaz, Juan Carlos Blanco, defendía la «legalidad» de este decreto ya que la ley establece que el nombramiento de los consejeros es competencia del Consejo de Gobierno. «Se ha hecho un trabajo serio, prudente, intenso, lleno de sentido común y que dará sus frutos», aseguraba ayer públicamente. «El Gobierno andaluz lo que ha hecho ha sido ejecutar una competencia que le es propia y el resultado es el nombramiento de un grupo de personas de reconocida experiencia, trayectoria y prestigio», insistía Blanco quien negaba fricciones con los consejeros salientes. El portavoz de Susana Díaz también argumentaba que los consejeros salientes habían cumplido con su mandato. Y es cierto. Expiró en mayo de 2016.
Los sueldos
Los consejeros del Consultivo tienen carácter de alto cargo de la Junta de Andalucía y cobran unos salarios acordes con esta consideración. Así, el presidente del Consejo Consultivo, Juan Cano Bueno (a quien Susana Díaz mantiene desde 2002) percibe 65.090 euros al año, por encima de la presidenta autonómica. Los seis consejeros electivos nombrados ayer percibirán cada uno 64.062 euros, una cantidad a la que habrá que sumar la indemnización por vivienda, si la solicitan. Es el caso de la exconsejera de Justicia Begoña Álvarez, que a su sueldo en el órgano consultivo suma otros 1.048 euros al mes por alquiler.
Los consejeros no electivos, otros seis, sin dedicación exclusiva, perciben 399,86 euros por asistir a los plenos y otro tanto por participar en las ponencias.